El encuentro del presidente Ernesto Zedillo con los 32 gobernadores de la Federación es un hecho político que no debe pasar inadvertido.

Aun si hubiese sido únicamente una reunión protocolaria -que no lo fue-, ha de destacarse que es ésta la primera vez en que las tres principales fuerzas partidarias del país están representadas en el ejercicio efectivo del poder.

Aunque hace ya ocho años que un candidato postulado desde la oposición ocupó una gubernatura -el panista Ernesto Ruffo, en Baja California-, y con todo y la existencia, hoy en día, de seis gobiernos estatales encabezados por ciudadanos provenientes del PAN, la ausencia de perredistas en ese nivel del poder público distorsionaba el mapa político real del país.

En la reunión de ayer, la presencia del jefe de gobierno de la capital de la República, el perredista Cuauhtémoc Cárdenas, significó una marcada diferencia, tanto con respecto al tono monocorde y monolítico de las relaciones que imperaron hasta 1989 entre el gobierno federal y los estados, como con respecto al bipartidismo que se desarrolló -o se propició- en ese ámbito durante todo el sexenio pasado y parte del actual.

En suma, el encuentro que tuvo lugar ayer en Los Pinos entre el Presidente y los gobernadores constituye una muestra de que es posible la convivencia entre los factores de la diversidad política que caracteriza a la sociedad mexicana contemporánea, que el intercambio respetuoso -de las ideas, las facultades y las atribuciones- no tiene por qué ser desintegrador ni desestabilizador y que, por el contrario, resulta necesario para avanzar en la solución de nuestros más acuciantes problemas nacionales.

El conflicto independentista de Irlanda del Norte, que durante muchos años ha ensangrentado el territorio de lo que fue la primera colonia británica y el de la propia Inglaterra, está entrando en lo que parece ser un camino consistente hacia la paz.

Por supuesto, el problema de Irlanda del Norte dista de estar plenamente resuelto, pero tanto el Sinn Fein, dirigido por un político consciente y hábil como Gerry Adams, como los propios gobiernos británicos, conservadores o laboristas, han ido encauzándolo por la vía de la negociación. Un paso más en esta dirección, y muestra de esta actitud constructiva, es la anunciada reunión entre Adams y el primer ministro británico, Tony Blair.

Ciertamente, tal encuentro, así como el afianzamiento del proceso negociador de pacificación, encuentran severas resistencias, tanto entre la población probritánica del Ulster como entre las fuerzas de seguridad de Londres, como lo señaló Adams. Pero cabe esperar que las convicciones de paz y la sensatez del actual gobierno laborista logren resistir tales presiones que son, a fin de cuentas, impulsos para la reactivación de la guerra.

La situación de Irlanda del Norte, esperanzadora y peligrosa al mismo tiempo, hace pertinente recordar el precedente sentado por el general Charles de Gaulle, quien en 1954 sacó a Francia, que entonces ocupaba Argelia, de la espiral terrible de los atentados y la guerra, y firmó con los llamados ``terroristas'' argelinos -a los que había perseguido y combatido por todos los medios y cuya dirección había encarcelado- la llamada ``paz de los bravos''. Se eliminó, de esa forma, un conflicto que roía irremediablemente a la propia sociedad francesa, el gobierno de París ganó prestigio internacional y la fama de respetuoso del derecho ajeno.

La discusión en la propia sede del primer ministro británico, Tony Blair, entre éste y Adams, quien además de ser diputado irlandés en el parlamento británico representa la causa independentista, reivindicada tanto por el Sinn Fein como por el ilegal Ejército Republicano Irlandés (ERI), es una importante demostración de realismo político. Es, también, la comprobación, dictada por los intereses generales de la paz y de la propia nación dominante, de que la paz se hace con los enemigos y en condiciones de igualdad. La fuerza, en efecto, no engendra derecho y los principios legales no pueden ser violados impunemente por los más fuertes sin empujar a los más débiles también a la ilegalidad.

Tal situación contrasta, por desgracia, con la actitud del gobierno español, el cual parece empeñarse en resolver el problema vasco por medio de la persecución de Herri Batasuna (HB), formación política cercana a ETA. De esta forma, el régimen de Madrid no hará sino generar nuevas simpatías para HB, que perdía simpatizantes, y en presentar inclusive como mártires de su pueblo a los etarras, desprestigiados y aislados por sus recientes y repudiables atentados.

Las protestas del Partido Nacionalista Vasco -mayoritario en Euzkadi y enemigo de HB y de ETA- por el enjuiciamiento y el encarcelamiento de la directiva abertzale, muestran el carácter contraproducente de esa política. En efecto, condenar a toda una organización legal e introducir el delito de opinión como instrumento de la lucha antiterrorista, no sólo enrarecen la representatividad política del País Vasco, sino que coloca a España entera en la perspectiva de una regresión antidemocrática.

No es el caso, ciertamente, ignorar, y menos aprobar, los crímenes cometidos por ETA, pero el camino de la solución política no puede ser cerrado encarcelando a los únicos interlocutores posibles entre esa organización (que, como el ERI, debe cesar sus acciones violentas para poder discutir) y el gobierno español.