La movilización ciudadana del pasado 29 de noviembre en contra de la violencia y la pronta respuesta del gobierno mediante nuevas iniciativas de acción, vuelven a subrayar un hecho conocido: la inseguridad física se ha vuelto la preocupación central de la población en las grandes áreas urbanas.

Los determinantes de la violencia son múltiples y complejos. El hecho, sin embargo, es que el sistema de salud debe lidiar con las consecuencias de la violencia, tanto la que ocurre en el ámbito doméstico como la que se da en los espacios públicos. En todo el mundo, América Latina es la región con los índices más altos de muerte y discapacidad por violencia, como lo muestran los más de 100 mil homicidios que se cometen cada año. Dentro de esta región hiperviolenta, México ocupa el nada honroso cuarto lugar, sólo superado por Colombia, Brasil y Panamá. De hecho, los homicidios ya representan en nuestro país la causa más frecuente de pérdida de años de vida saludables, con casi 800 mil en 1994. En este sentido, puede afirmarse que la violencia se ha convertido en el principal problema de salud pública de México, el cual genera una enorme carga al sistema de salud.

Es tal la importancia de este tema, que podría replantearse toda la agenda clásica de la salud pública a la luz de la violencia. Por ejemplo, la agenda tradicional de la salud materno-infantil ahora debe incluir, como una de sus más altas prioridades, la violencia (principalmente doméstica) contra las mujeres y contra los niños. Asimismo, la planeación de los servicios de salud no puede ya dejar de fuera la carga actual y futura por demandas de atención ligadas a eventos violentos.

Además de su impacto directo sobre la salud física y mental de la población, la violencia genera costos que corroen todos los ámbitos de la vida social. A manera de ilustración, un reciente estudio llevado a cabo por Rafael Lozano, Martha Híjar, Beatriz Zurita y Patricia Hernández, investigadores de la Fundación Mexicana para la Salud y del Instituto Nacional de Salud Pública, revela que en 1995 los costos sociales de la violencia en la ciudad de México ascendieron a 21 mil millones de pesos, incluyendo las pérdidas materiales, el costo de las intervenciones (campañas de prevención, medidas de seguridad e impartición de justicia) y las pérdidas de salud. Estas últimas representaron más de 7 mil millones de pesos, entre costos directos e indirectos, lo cual es superior en varias veces a todo el presupuesto del gobierno del Distrito Federal para la salud.

A pesar de su importancia, tradicionalmente se ha enfrentado el problema de la violencia de manera fragmentada. La sociedad ha delegado al sistema de salud la reparación de los daños físicos y mentales en los servicios de emergencia y atención especializada. Por lo general, el sistema de salud juega un importante papel en el registro de información sobre hechos violentos; no obstante, los datos recolectados regularmente por los servicios se reducen a la identificación y evaluación de las lesiones físicas, aunque la mayor visibilidad de las muertes violentas le resta importancia a formas de agresión menos tangibles de naturaleza psíquica o social.

Obviamente, el problema no se limita a aminorar las consecuencias de la violencia sobre la salud de la población, curando a los heridos y rehabilitando a los discapacitados. El verdadero reto se centra en abordar la violencia de manera integral, que responda a su naturaleza multicausal involucrando a todos los ámbitos de las políticas públicas. En este esfuerzo, la salud ofrece una vía de entrada legítima, aceptada socialmente y ciertamente menos controvertida que el lado policiaco del problema. Después de todo, el efecto más dramático de la violencia sobre los ciudadanos es la pérdida de la vida o de la salud. Por ser éste el sector que atiende las consecuencias extremas de la inseguridad, sería altamente deseable que el secretario de Salud formara parte del nuevo Gabinete de Seguridad Pública, anunciado apenas el 3 de diciembre por el Presidente.

En su introducción a las obras selectas de Gandhi, publicadas en 1948, Thomas Merton señalaba que ``en su esencia, la violencia carece de palabras, y sólo puede empezar ahí donde el pensamiento y la comunicación racional se han roto''. Como ciudadanos debemos poner nuevamente en el centro de las relaciones humanas al poder de la palabra, de las ideas, de la comunicación racional. No podemos resignarnos a que nuestros tiempos queden marcados por la violencia. Debemos, por el contrario, construir los tiempos de la seguridad.