Una vez aprobada por consenso en la Asamblea Legislativa y luego revisada y con la aprobación de la Cámara de Diputados, y la del Senado (apenas el miércoles pasado), la ciudad de México tiene un Estatuto de Gobierno donde se registran avances pero que no es todavía la reforma que quiere y requiere el DF.

Se ha ganado un espacio mayor en cuanto a las facultades del jefe de gobierno, pues ahora podrá ejecutar aquellas expropiaciones que aprobara la Cámara de Diputados por su carácter de utilidad pública, que sólo antes podía hacer el propio Presidente, y que se relacionan con la capacidad para orientar el desarrollo urbano, apuntalar el equilibrio ecológico y emprender obras públicas donde se necesitan.

Así también, se sientan bases para mejorar específicamente el comportamiento y responsabilidad de los servidores públicos del DF, que se venían considerando dentro de una Ley Federal que no respondía a los requerimientos locales, lo cual se vincula a la lucha contra la corrupción en todos los niveles de la administración y las ventanillas públicas, incluyendo ahora la facultad del jefe de gobierno de nombrar al contralor general.

Otros avances tienen que ver con la creación de una legislación apropiada para la capital, que conlleva la constitución de un Instituto Electoral autónomo que operará las elecciones locales venideras.

Y así, en otros órdenes, debe mencionarse la posibilidad de instaurar el servicio civil de carrera y la de convocar a plebiscito a la ciudadanía, que es una aspiración convertida en exigencia desde 1993, cuando se realizó una consulta pública sobre temas relacionados con la reforma política.

Sin embargo, todas estas nuevas adecuaciones son insuficientes, y quedan pendientes al menos dos aspectos sustantivos: la discusión y modificación del artículo 122 constitucional; y la definición del estatus jurídico-político de la ciudad que queremos.

La primera de ellas deberá ser abordada en los primeros meses de 1998, y desde nuestro punto de vista, hacia la transferencia de las facultades aún insertas en el ámbito federal, para que la Asamblea Legislativa se convierta en un Congreso Local.

Y quedaría también pendiente el gran debate para analizar las condiciones del estado 32, que debiera darse a más tardar en 1999, de tal manera que con la aparición de un nuevo siglo pudieran ser una realidad los municipios y los cabildos.

Por otra parte, habría que destacar la posibilidades de establecer acuerdos en tiempos tan difíciles para la nación, tanto en lo político como en lo económico, ya que en el caso del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se logró el consenso en todas las instancias legislativas y de hecho se aprobó por unanimidad. En lo que se refiere a la Cámara de Diputados es a la vez testimonio de un trabajo serio y responsable, que desmantela la intención de algunos medios de comunicación, así sean excepciones, que pretenden desprestigiar a la democracia con la falacia de que sólo se puede operar bien bajo el esquema del monopolio político de un solo partido.

Ahí están los primeros resultados y son positivos. Dos grandes cambios: un jefe de gobierno electo por la ciudadanía, y contar con un mejor Estatuto de Gobierno, ambos funcionando ya desde el 5 de diciembre. La democracia avanza, pero a la vez, la democracia espera.