ASTILLERO Ť Julio Hernández López

No puede ni debe desdeñarse la natural preocupación que a partir de hechos concretos han generado dos funcionarios clave de la naciente administración cardenista como son el secretario de Seguridad Pública, teniente coronel Rodolfo Debernardi Debernardi, y el jefe de la Policía Judicial capitalina, Jesús Ignacio Carrola Gutiérrez.

En ambos casos hay un punto de referencia ensombrecedor, como es el hecho de que trabajaron de cerca con Javier Coello Trejo, el fiscal de hierro que, como subprocurador federal antinarcóticos, produjo suficiente material para que se le considere públicamente como involucrado y beneficiario de lo mismo que presuntamente combatía. La escuela policiaca de Coello Trejo, aparte de ser prototipo de esa nefasta mixtura que ha hecho borrarse las fronteras entre autoridad y delincuencia, tuvo también la característica de ser terroríficamente violadora de los derechos humanos.

Por sí mismo, el dato de haber coincidido temporalmente con la gestión de Coello Trejo no sería bastante como para pretender derivar culpabilidades osmóticas. Un alto número de policías y de burócratas estarían sujetos a un juicio sumario si se pretendiera endilgarles con un sentido de automatismo las famas de quienes circunstancialmente hubiesen sido sus jefes. Para salvarse de esa hoguera presuncional se tendría que llegar al extremo en que miles de personas deberían renunciar a sus empleos en cuanto fuese nombrado alguien de quien supusieran un futuro mal comportamiento.

Sin embargo, las hojas de servicio de ambos personajes (Debernardi y Carrola) muestran que la relación de trabajo no fue circunstancial ni obligada sino, en realidad, producto de la necesaria afinidad que lleva a un funcionario de alto nivel a invitar a quienes piensan o actúan como él para que formen un equipo de trabajo. Debernardi fue, desde su rango en la milicia aérea, un funcionario que conoció y vivió la vorágine terrible de los años en que comenzaba a despuntar públicamente el fenómeno del narcotráfico. Después de ser director de servicios aéreos contra la producción de narcóticos, Coello Trejo le invitó a continuar en el equipo, como delegado de la procuraduría que asumió el abogado chiapaneco, que fue la de Protección al Consumidor.

Carrola, por su parte, fue durante 1989 y 1990 jefe operativo de la Policía Judicial Federal en Baja California Sur, donde su hermano, Miguel Angel, era comandante, todo durante el oscuro periodo de Coello Trejo. Los Carrola, como eran conocidos los hermanos en la península norteña, conmocionaron sobre todo la ciudad de La Paz, donde apareció muerto por tortura el joven Fernando Jordán de la Toba. Los responsables oficiales del asesinato fueron los madrinas Omar Yáñez y Juan Sandoval, pero los sudcalifornianos consideraron siempre a Los Carrola como los verdaderos culpables, a tal grado que hubo movilizaciones, en las que participaron panistas y perredistas, contra los hermanos cuyo tortuoso recuerdo ha vuelto a las planas de los periódicos de aquella entidad al conocerse el nombramiento de uno de ellos como jefe policiaco capitalino.

En El Universal del 8 de diciembre, el corresponsal Elino Villanueva ha agregado un nuevo dato al expediente negro de 1990: en el poblado de Tambabiche, una pequeña localidad aislada por las montañas y el mar, entre Loreto y La Paz, los Carrola habrían llegado en helicóptero para amenazar y torturar a los pocos habitantes del lugar y obligarlos a abandonarlo, pues presuntamente había una demanda de una persona de Tijuana que exigía tomar posesión del sitio. Lo único peculiar del recóndito poblado es que tiene una pista aérea desprovista de vigilancia y virtualmente olvidada, que fue construida durante la guerra estadunidense con Corea y servía para que aviones del país vecino recogieran en aquel tiempo cargamentos de aceite de hígado de tiburón para los soldados.

Respecto de las acusaciones que les han saltado, las reacciones de los nuevos funcionarios han sido bastante apegadas al guión de la ortodoxia priísta que fue repudiada por los votantes el 6 de julio: Debernardi ha dicho que su relación con el temible fiscal de hierro fue meramente de trabajo, y ha advertido con enojo a los reporteros que no volverá a tocar el tema (``Yo no tengo por qué juzgar a Coello Trejo. Están otros para eso, que lo hagan. ¡Y por favor, de aquí en adelante, háganme preguntas únicamente de mi trabajo, porque no voy a responder preguntas personales!'', Crónica, 7 de diciembre, nota de Fernando Aguilar), Carrola, por su parte, esgrime con razón jurídica formal el legalismo de las sentencias contra los madrinas, que le exculpan técnicamente, aunque social y políticamente haya una sentencia pública diferente.

A nadie puede escapar, desde luego, que tras de los ataques a muchos de los funcionarios cardenistas, y en especial de quienes asumen las responsabilidades más delicadas, como en este momento son las policiacas y de seguridad pública, puedan estar los densos y viscosos intereses que se ven amenazados por la voluntad depuradora del nuevo jefe de gobierno.

Sería, sin embargo, un error grave, y una incongruencia, pretender cubrir con ese manto ideológico y político lo que es una decisión operativa autónoma altamente preocupante. Nadie puede ignorar, o pretender exculpar, a cuenta de presuntas grandes estrategias políticas, el hecho de que en los principales puestos de mando policiaco del Distrito Federal han sido instalados recuerdos y huellas (cuando menos) de la escuela policiaca de Javier Coello Trejo.

Por cierto, ¿qué opinión tendrá doña Rosario Ibarra de Piedra, la asesora cardenista de derechos humanos, respecto de todo este asunto?

Astillas: Hoy, a las 10:30 horas, en el vestíbulo principal del salón de sesiones, los diputados tendrán oportunidad de disfrutar de la exposición fotográfica de Pamela Atkinson, que ha montado la Comisión de Cultura que preside María Rojo. La exposición se denomina Paisaje mexicano. El aire de la luz. La fotógrafa Atkinson nació en un puerto canadiense pero vive en México desde 29 años atrás... Felipe Ehrenberg Enríquez comenta con preocupación la lista que esta columna hizo en días pasados de apellidos difíciles de escribir o de pronunciar de entre los nuevos funcionarios capitalinos. Dice que la referencia hecha en Astillero le ``ha sonado demasiado parecida a xenofobias que se antojaban (o se deseaban) olvidadas''. También señala que no se ha realizado similar observación con mexicanos galardonados por sus aportes a la ciencia, la tecnología o la cultura cuyos apellidos podrían ser, por ejemplo, ``Drucker, Rozensweig y Ehrenberg''. Agrega que los apellidos de origen extranjero de los funcionarios cardenistas son tan difíciles de escribir y pronunciar como, por ejemplo, los de Coldwell, Uruchurtu, Blancornelas, Ollencao y Reygadas. Remata conminando a este columnista a ``revisar el paquete de bondades que trajo el Espíritu de la Conciliación a su entrada al Palacio de Gobierno del Distrito Federal el 5 de diciembre''... Los diputados locales madracistas aprovecharon los argumentos endebles con los que se formó semanas atrás una comisión de diputados para verificar la imparcial aplicación de fondos federales en entidades con elecciones en puerta, entre ellas la de Tabasco, y solicitaron un juicio de controversia constitucional en el que un primer vistazo jurídico augura buenos resultados a los priístas impugnadores. Arturo Núñez ahora enderezará las baterías de un juicio político contra los diputados perredistas Luis Meneses y Samuel Maldonado, por sus actuaciones en el episodio del desechamiento del dictamen de la miscelánea fiscal...

Teléfono y fax: 5126546. Correo electrónico: [email protected]