Atención a la justicia social, no sólo a la escena penal, demanda el ex procurador
Angélica Enciso Ť La delincuencia se ha multiplicado y no hemos sido capaces de diagnosticar ni corregir las causas, ya que la atención se ha centrado en los efectos, que son gravísimos, y en soluciones formales, que son ilusorias, dijo Sergio García Ramírez, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El ex procurador general de la República agregó que se corre el riesgo de equivocar la estrategia y antes de pensar en cambiar la Constitución -la cual dijo que nunca ha sido un obstáculo para la seguridad pública-, sería más razonable aplicarla y ver qué pasa, ``lo que se requiere es reducir la impunidad, no extremar los castigos. ¿Qué caso tiene elevar y elevar las sanciones, si éstas no se aplican?''.
Al intervenir en el Foro Nacional de Derechos Humanos, en el que participaron organizaciones de derechos humanos oficiales y no gubernamentales, García Ramírez recordó que se han presentado distintas sugerencias contra la delincuencia, como la pena de muerte y la suspensión de garantías. ``Sin embargo -agregó-, no podemos mejorar la vida y queremos dar la muerte. No logramos que las garantías prevalezcan y queremos suspenderlas o abolirlas''.
Lo que se necesita, subrayó, es ampliar las garantías, no cancelarlas y, entre ellas, están el derecho a la seguridad y a la justicia.
Ante la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Mireille Roccatti, y el ombudsman del Distrito Federal, Luis de la Barreda, García Ramírez indicó que en México el dilema es: ``derechos humanos versus seguridad pública'', esto, agregó, porque aquí existe el argumento de que los derechos humanos son un estorbo para combatir la inseguridad.
Pero el tema de los derechos humanos, precisó, no se limita a la persecución del delito. Están los derechos económicos, sociales y culturales, ``que ni siquiera se sueñan''. Hoy, la atención se centra en los aspectos relacionados con la seguridad pública, ``la escena penal sigue siendo la escena crítica de los derechos humanos''.
``Solemos perder de vista -agregó-, extraviando la memoria y todo lo que de ella depende, que en la raíz de ciertos males hay otros cuya solución apremia: existe desempleo, existe pobreza, existe desesperanza.''
Nada de lo anterior, dijo García Ramírez, favorece la paz pública y el buen entendimiento entre los ciudadanos. ``Urge poner a la justicia social en el eje de nuestras atenciones. Sin embargo, el viento sopla en una dirección diferente. La justicia penal se convierte en el eje de nuestra vida colectiva'', abundó.
En su turno, Miguel Concha, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, indicó que en un estudio realizado por esa organización este año se han encontrado tres distintos tipos de violación a los derechos humanos.
El primero de ellos, dijo, es en el que participan elementos de cuerpos de seguridad en la comisión de delitos, el cual es muy común en el país. Se trata, agregó, de ciudadanos asaltados en las calles, secuestrados para pedir rescate o agredidos sin hacer referencia a sus actividades, y han sido los policías municipales, de seguridad pública y judiciales los más señalados como responsables.
Detalló que esos casos se presentan con mayor frecuencia en las ciudades medias y grandes del país, sobre todo en el Bajío y el norte, además del DF.
El segundo tipo de casos es el que obedece a un patrón represivo que tiene como fin identificar, amedrentar u obtener información sobre disidencias sociales y políticas. Este tipo de violación, agregó, es más grave que el anterior, ya que incluye ejecuciones sumarias, tortura o desaparición forzosa.
Aquí generalmente se trata de personas que pueden pertenecer o no a organizaciones sociales, políticas, sindicatos o comunidades, que se presume son bases de apoyo a grupos armados.
En este caso, las corporaciones de seguridad actúan de manera coordinada y las víctimas son interrogadas sobre su militancia o los grupos armados que se presume operan en la zona en cuestión, explicó. En estos hechos, dijo, participan autoridades civiles y el Ejército, y se presentan sobre todo en el sur del país, donde se conoce que hay presencia del Ejército Popular Revolucionario.
El tercer tipo de casos es en el que se pretende encontrar responsables en la comisión de delitos no aclarados y, generalmente, participan policías judiciales y agentes del Ministerio Público.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Benito Mirón, dijo que ya tiene la iniciativa de ley enviada por la CNDH sobre autonomía y ampliar sus funciones. Agregó que no es posible pensar en la defensa de las garantías elementales sin una participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos.