Teme el jurista Clemente Valdés abusos de la PJF si se amplía el periodo de flagrancia

Jesús Aranda Ť La propuesta presidencial de ampliar la detención en flagrancia hasta 72 horas después de la comisión del delito, en el ámbito federal, podría dar lugar a arbitrariedades de la Policía Judicial Federal en contra de la población, señaló el doctor en derecho constitucional Clemente Valdés.

En entrevista, el especialista añadió que la citada iniciativa tiene una falla de principio, que es mantener la dependencia del Ministerio Público Federal respecto del Presidente de la República, lo cual le quita independencia a la impartición de justicia.

En relación con el incremento de hasta 72 horas para detener en flagrancia, dijo que con este tiempo ``en realidad lo que se pretende es acabar con la flagrancia''. Y cuestionó preocupado: ``¿Podemos confiar en la detención que lleve a cabo la Procuraduría General de la República (PGR), que depende del Ejecutivo; en que es un organismo imparcial, que únicamente detiene en casos en los que existen elementos de probable comisión del delito y responsabilidad del acusado?''

Agregó: ``¿Podemos confiar en que esa facultad se ejercerá con la prudencia necesaria? Me atrevo a decir que difícilmente podemos pensar en que los agentes de la Policía Judicial Federal y los agentes del Ministerio Público Federal procederán con la prudencia, la honorabilidad y el buen juicio que deben tener.''

Insistió en que los cambios anunciados el domingo pasado por el procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, no atacan el problema de fondo, ya que en tanto el procurador, y por ende los agentes del Ministerio Público Federal, sean ``empleados del Presidente'', no habrá justicia penal en beneficio de la sociedad.

Mientras el Ministerio Público continúe con el monopolio del inicio de la acción judicial y mientras éste responda a las órdenes y tiempos que dicte el Ejecutivo, difícilmente darán resultados las nuevas iniciativas para combatir la delincuencia.

Indicó que el gobierno debe acabar con ``dogmas y prejuicios'', para que se dé paso a una discusión profunda sobre la crueldad de las penas y las formas alternativas de libertad para los delincuentes.

Al respecto, criticó las declaraciones recientes -entre ellas las del Presidente de la República, del jefe de gobierno del Distrito Federal y de los presidentes de las comisiones Nacional y del Distrito Federal de Derechos Humanos- en el sentido de que las penas ``no deban ser crueles'', porque entonces se tendría que pensar ``en otra cosa, en el servicio social y en eliminar las penas de prisión''.

Además, dijo estar en contra de que se alargue la permanencia de los internos en prisión. Para empezar, expresó, se debería ver la posibilidad de que penas de 30, 40 y 50 años de cárcel ayuden a rehabilitar.

Además, comentó, está el problema de que si se multiplican las penas, también sería necesario multiplicar el presupuesto de las prisiones. ``Tendríamos que pensar en qué objetivo tiene esto, el saturar prisiones'', señaló.

Asimismo, cuestionó: ``¿La sociedad tiene la obligación moral de mantener en prisión a los delincuentes que han llevado crímenes espantosos en su contra? ¿Tiene la obligación de costear la estancia de más delincuentes en prisiones para que no sea cruel? La preocupación por la crueldad no incluye la que ejerce la delincuencia contra el ciudadano'', evaluó.