ASTILLERO Ť Julio Hernández López

Con una rapidez mayor a la que sus peores adversarios le hubieran augurado, la administración cardenista ha sido puesta a prueba en el punto clave de su credibilidad y eficacia, como es el de la seguridad pública.

Vista con esperanza por un electorado que le entregó todo en las manos para hacer bien las cosas, el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas se enfrenta hoy a la disyuntiva de responder con el autoritarismo de los oídos sordos ante las denuncias que se han presentado contra tres personajes de la nueva élite policiaca capitalina, o corregir los yerros con sabiduría y humildad; actuar con sentido de clan, protegiéndose unos a otros, ignorando la pública opinión que pide enmiendas, o mostrar la inusual faz de un poder legítimo y democrático que sabe, puede y quiere hacer bien las cosas.

No se trata, en el caso del jefe policiaco Jesús Ignacio Carrola, de un asunto exculpable mediante las mismas formalidades y tecnicismos jurídicos que en otros casos el Partido de la Revolución Democrática ha denunciado como convalidatorios de injusticias reales. No se puede usar una vara para Aguas Blancas y otra para La Paz. Por el contrario, es necesario actuar con sensibilidad y congruencia, a partir de que hay en el señor Carrola suficientes muestras de una conducta que no puede ser protegida ni promovida por el PRD ni por Cuauhtémoc Cárdenas. Ese nombramiento, el de Carrola, es absolutamente insostenible, y entre más pronto se tome la decisión de quitarlo del cargo será menor el daño a la imagen perredista.

Menos maltratado todavía por este torbellino en el que los fantasmas atormentados se han presentado a cobrar cuentas a sus verdugos, el secretario de Seguridad Pública, Rodolfo Debernardi Debernardi, es otra pieza políticamente lastimada, pues difícilmente se puede conciliar su pasado, y sus relaciones específicas con Javier Coello Trejo, con el ideal de cambio que llevó al poder capitalino al PRD.

Pero --para mostrar que las equivocaciones no han sido fortuitas, sino que han correspondido a una forma de tomar decisiones, a un concepto rector, a una línea política definida y consciente-- hay un tercer funcionario indefendible: Francisco Castellanos de la Garza, nombrado coordinador ni más ni menos que del área de recuperación de vehículos, y dueño de un amplísimo historial de violaciones a los derechos humanos y de corrupción.

Como director del sistema penitenciario de Tamaulipas, y del penal de las Islas Marías, Castellanos de la Garza acumuló acusaciones por agresiones físicas, tráfico de droga, violaciones, venta de protección en las cárceles y maltrato grave a los presos. Las acusaciones han sido difundidas tanto por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, como por el Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, además de periodistas tamaulipecos consultados por esta columna.

La corresponsalía de La Jornada en Reynosa, Tamaulipas, informó ayer de las andanzas de Castellanos en aquellos rumbos y del nombramiento que recibió después de dejar los reclusorios de aquel estado: la dirección del penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez.

Pero, ¿quién ha llevado a Cuauhtémoc Cárdenas a realizar tan terriblemente desafortunados nombramientos? En su edición de ayer, El Universal publicó una nota del reportero José Luis Flores, con un encabezado que dice: ``Del Villar `descubrió' a Rodolfo Debernardi''

Flores asegura que ``la vinculación'' de Debernardi con el equipo de Cárdenas ``se dio a través de un amigo suyo, que es también un viejo conocido de Samuel del Villar, el general Héctor Careaga''. Según eso, ``el equipo de Cárdenas había estado buscando entre gente vinculada al Ejército Mexicano, a especialistas en el tema de seguridad pública, y a través de diversas fuentes convocó a la presentación de proyectos sobre el tema. Careaga, quien había recibido la propuesta de Del Villar, le recomendó a Debernardi...''.

Antonio Luna, secretario particular de Debernardi, relató que ``fue un trabajo exhaustivo, casi clandestino: un equipo de seis personas alquilaron un departamento en la colonia Cuauhtémoc, muy cerca de la embajada estadunidense, donde trabajaron intensamente para realizar el proyecto de seguridad pública''.

Las reuniones ``casi clandestinas'' no lo fueron tanto, sin embargo, para el señor Carrola, quien --según declaró ayer a Crónica, en una nota firmada por Fernando Aguilar y Héctor Cruz-- presentó un diagnóstico de reestructuración policiaca que ``resultó ganador'', y que le llevaría a ser nombrado jefe de la Policía Judicial capitalina.

La conexión Del Villar: Careaga, Debernardi, Carrola, Castellanos, más lo que se vaya descubriendo.

Bebés muertos, adultos en riesgo

Una nota enviada por el corresponsal de La Jornada en Querétaro, Manuel Enríquez, da cuenta de que en el Hospital Materno Infantil de esa ciudad fallecieron, entre agosto y octubre de este año que termina, 37 niños recién nacidos, a causa de un ``brote epidémico nosocomial'' que en 22 casos se debió a ``sepsis intrahospitalaria''.

La denuncia del caso fue hecha por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, misma instancia que, dice, ``comprobó un manejo inadecuado de productos biológicos de desechos, con un potencial elevado de riesgo de contagio y contaminación ambiental''.

Además, se detectaron ``fallas de índole preventiva'' y no hay servicio de patología ni comité de infecciones, todo lo cual lleva a la conclusión de que ``se violaron los derechos humanos de los afectados''. Recomienda la CEDH que se investigue y se castigue a quienes sean culpables de las deficiencias mencionadas.

Siendo tan graves las irreversibles fallas que llevaron a la muerte a 37 niños en unos cuantos meses, no son, desde luego, las únicas. De la misma ciudad de Querétaro se han recibido varios textos en los que se relatan los problemas de los pacientes renales que son atendidos en el Hospital General Uno.

Existe una gran preocupación por la grave incidencia de peritonitis infecciosa que afecta a quienes son atendidos en el programa de diálisis peritoneal. Hay varios casos en que la peritonitis se presenta a 24 horas, o a pocos días de haber sido atendidos los pacientes.

Los riesgos de muerte pueden deberse a material defectuoso, a valoración médica deficiente y al hecho de que las condiciones de higiene son deplorables en extremo, lo que ha llevado a temer que en el sitio donde se atiende a estos enfermos exista una bacteria infecciosa que los esté contaminando.

Otros datos: para conseguir gasas, los enfermos deben pasar por seis instancias diferentes; algunos médicos no se lavan las manos ni usan cubrebocas; hay un solo servicio sanitario para todos esos pacientes y sólo una vez al día es aseado.

Astillas: Es imprescindible aclarar la denuncia pública que ha hecho el petista José Narro, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, contra Eduardo Terrazas de la Peña, propuesto para delegado en Miguel Hidalgo. Según Narro, la Contaduría Mayor encontró que una empresa propiedad de Terrazas debe al gobierno capitalino 139 millones de pesos como remanente de trabajos no ejecutados. Servimet había encargado a Terrazas realizar un proyecto en el Centro Internacional de Exposiciones, por lo cual le entregó 919 millones de pesos, pero el trabajo se suspendió y Terrazas no habría devuelto el sobrante...

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