La Jornada 10 de diciembre de 1997

Piden partidos indagar a fondo a Carrola

El PRD capitalino exigió el esclarecimiento puntual e inmediato de los antecedentes del recién nombrado director de la Policía Judicial del DF, Ignacio Carrola Gutiérrez, a quien se ha involucrado con la tortura y asesinato de un joven en Baja California Sur. Al llamado se unieron las dirigencias del PRI y PAN en la capital, así como senadores panistas y perredistas, mientras que el jefe de Gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, rechazó hacer comentarios al respecto. ``No tengo comentarios'', subrayó Cárdenas.

En tanto, versiones recogidas en la Procuraduría capitalina apuntaron que Carrola Gutiérrez está firme al frente de la PJ, debido a que sus antecedentes fueron revisados junto con la Secretaría de Gobernación y ``no hubo nada'' que impidiera su nombramiento.

Urgen a investigar

Entrevistado al término de la reunión del Comité Ejecutivo Estatal, el líder local perredista, Armando Quintero, sostuvo que las acusaciones en contra de Carrola son ``suficientemente graves como para no salir a dar una respuesta'', y agregó que en caso de que ``la más mínima'' de ellas fuera comprobada, se pediría la remoción del funcionario.

Quintero señaló que la propuesta del gabinete es ``responsabilidad única y exclusiva'' del jefe de gobierno y que los perredistas no tuvieron conocimiento del nombramiento hasta el día en que fue anunciado.

En su conferencia semanal, el líder del PAN capitalino, Gonzalo Altamirano Dimas, demandó una investigación a fondo para evaluar la designación del director de la PJ y, en su caso, rectificar el nombramiento de Carrola para ``no tener una segunda edición de los asesinos de la colonia Buenos Aires''. En tanto, el coordinador de la fracción panista en la Asamblea Legislativa, Miguel Hernández Labastida, consideró que mantener a Carrola en el cargo bajo la duda de los antecedentes ventilados es un riesgo para la credibilidad de la ciudadanía.

Por su parte, el presidente del Partido Revolucionario Institucional en el DF, Manuel Aguilera Gómez, destacó que deberán presentarse pruebas de las acusaciones contra Carrola, a quien, dijo, ``debe darse el beneficio de la duda''. Sin embargo, el priísta aclaró que es necesario el esclarecimiento ``de esa duda, que no incriminación todavía''.

Sin comentarios

Cuauhtémoc Cárdenas dijo que el procurador Samuel del Villar puede hacer los comentarios pertinentes. ``La procuraduría ya ha hecho una declaración al respecto y esto es lo que el gobierno puede decir'', afirmó.

Tampoco el coordinador de la fracción del PRD en la Asamblea Legislativa, Martí Batres Guadarrama, quiso opinar y aseguró que tiene elementos concretos. ``Tampoco tenemos facultades legales para pedir que se ponga o que se quite a un funcionario de la Policía Judicial'', indicó.

En tanto, el secretario de Derechos Humanos del CEN del PRD, Humberto Zazueta Aguilar, sostuvo que Cárdenas es libre de otorgar los cargos públicos a quienes considere los más aptos y en el caso del nombramiento de Carrola Gutiérez lo único que hará la dirección nacional es ``solicitar información'' para saber si los señalamientos de su actuación en corporaciones policiacas de Baja California Sur son ciertas.

Molesto por la insistencia de los reporteros, Zazueta Aguilar aseguró que a Cárdenas ``la situación no se le está saliendo de las manos ni se demerita su imagen''.

Senado

De nueva cuenta, desde la tribuna senatorial, el panista Pedro Macías de Lara exhortó al jefe de gobierno del DF a reconsiderar el nombramiento de Carrola Gutiérrez. Macías de Lara pidió la palabra casi al finalizar la sesión ordinaria y dijo que a escasos días de haber sino designado como director de la Policía Judicial son claras las políticas de ``procuración de justicia'' que adopta.

El legislador alzó desde la tribuna un ejemplar del periódico Crónica, donde se leía: ``Pruébenlo o los encarcelo'', declaraciones vertidas por Carrola Gutiérrez al responder a los señalamientos del senador panista en relación con los abusos cometidos por el funcionario cuando fue asignado por la PGR en Baja California Sur en 1980.

Si estas amenazas, subrayó Macías de Lara, son dirigidas a un legislador que se encuentra en beneficio del artículo 61 constitucional -- fuero--, ``qué podrá esperar la ciudadanía del Distrito Federal que se encuentra de por sí a merced del hampa y desde el pasado viernes 5 de diciembre, también de este sujeto''.

Esta vez, nadie de la fracción perredista subió a la tribuna como la víspera para fijar su posición.

Al concluir la sesión, la senadora por el PRD Amalia García consideró preocupantes los señalamientos contra el nuevo director de la PJ. ``Esta situación no se puede prolongar. Tiene que resolverse pronto'', destacó.

Ojalá, deseó la perredista, ``que no resulte cierto que tiene antecedentes en los que ha violado los derechos humanos y participado en tortura, porque si resultara cierto no me gustaría que se quedara en el cargo''. Pero de resultar falsas las versiones que se han difundido, anotó, tendrá que decirse con toda claridad y limpiar su nombre.

La también senadora del Partido de la Revolución Democrática Rosalbina Garavito Elías dijo que todas las quejas que pudieran existir sobre este asunto tendrán que valorarse y ver si son objetivas y si tienen fundamento para actuar en consecuencia. Garavito Elías aseguró que este asunto se ventilará de manera democrática y transparente, escuchando las preocupaciones de los diversos sectores que se han manifestado. (Daniela Pastrana, Ricardo Olayo, Víctor Ballinas, Andrea Becerril y Matilde Pérez)