Persiste la ``violencia institucional'', afirma Auldárico Hernández
Andrea Becerril y Víctor Ballinas Ť La solución al conflicto en Chiapas está entrampada por el debate que se libra en torno de la ``pretendida autonomía indígena'' y la exigencia de alegar derechos superiores para los indios en relación con los de la comunidad nacional, sostuvo el senador del PRI Eduardo Andrade.
El tema lo sacó a relucir en tribuna para responder a los señalamientos previos del perredista Auldárico Hernández Jerónimo, quien expuso que en México ``hay cerrazón y resistencia'' a reconocer que la violación de los derechos humanos es una práctica común entre los funcionarios de las instituciones de procuración de justicia.
El perredista tabasqueño agregó que en México se combina la actuación de policías y militares en diversas localidades para realizar cateos ilegales, golpear, amenazar e intimidar a campesinos e indígenas integrantes de diversas organizaciones sociales y dirigentes políticos.
Prevalece, subrayó Hernández Jerónimo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, un cuadro de ``violencia institucional''.
Dijo también que no puede tolerarse ``que el combate contra el narcotráfico, la delincuencia, y la velada o abierta persecución contra los ejércitos Zapatista de Liberación Nacional y Popular Revolucionario aparezcan como la justificación perversa de los excesos de la autoridad y el atropello al Estado de derecho''.
De inmediato fue a tribuna Eduardo Andrade para calificar de ``inaceptables'' los señalamientos del perredista y asegurar que es inadmisible plantear la violación de los derechos humanos como si se tratara de una política deliberada.
Y luego abordó el asunto de Chiapas. Me preocupa, dijo, que se haya mencionado el derecho de los pueblos indígenas, de las comunidades étnicas sobre los recursos naturales.
Sostuvo que ese es precisamente uno de los puntos más difíciles de resolver en el debate relacionado con la pretendida autonomía indígena. ``No podemos alegar derechos superiores a los de la comunidad nacional reivindicados por una comunidad indígena'', y eso es lo que está trabando la solución final de los acuerdos de San Andrés Larráinzar.
``Los recursos naturales del país son propiedad de la nación y no podemos reclamar, en busca de una autonomía, que puede ser legítima en determinadas áreas de preservación de derechos y usos indígenas, derechos originales. Eso está desvirtuando la discusión y entrampando la posibilidad de un arreglo serio''.
Reiteró que si se quiere resolver el problema de Chiapas hay que partir de que los pueblos indígenas deben tener un reconocimiento a participar en los beneficios de la explotación de los recursos naturales, pero no a reclamar por encima de la nación derechos sobre esos mismos recursos.
Ambos legisladores tocaron el tema para recordar el 49 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos promulgada en 1948 por la Organi- zación de las Naciones Unidas.
A comisiones, dos propuestas perredistas
Durante la sesión se turnó a comisiones la propuesta del senador perredista Héctor Sánchez de que, con absoluto respeto a la soberanía de los poderes del estado de Colima, el Senado se allegue toda la información y, de considerarlo necesario, se reúna con los grupos parlamentarios de la 57 Legislatura local con el fin de realizar una valoración en torno de un posible conflicto de poderes en ese estado.
Asimismo, se turnó también a comisiones la propuesta de la senadora del PRD Rosa Albina Garvito para reunirse con la secretaria del Medio Ambiente Julia Carabias y el gobernador de Baja California, Héctor Terán Terán, con el fin de valorar la posible reubicación de una planta de tratamiento de aguas residuales llamada Mexicali II.