``Respuesta positiva'' en Los Pinos al pedido de suspender garantías al hampa organizada: Burgoa

Rosa Elvira Vargas Ť Contentos porque ``la respuesta fue muy positiva y despertó entusiasmo'', salieron ayer de Los Pinos los integrantes de la Barra Nacional de Abogados que, con Ignacio Burgoa Orihuela a la cabeza, han propuesto la suspensión de garantías individuales a los criminales organizados. Aseguraron que de aceptarse su iniciativa, ``el Presidente no se va a convertir en dictador''.

Al mediodía de ayer, los juristas entregaron su iniciativa a Liébano Sáenz, secretario particular del titular del Ejecutivo federal. En ese acto estuvo también Germán Fernández Aguirre, consejero jurídico de la Presidencia de la República.

En entrevista posterior, Burgoa Orihuela insistió en que la suspensión de garantías que solicitan para los delincuentes sería de manera temporal y con base en el artículo 29 de la Constitución. De aprobarse, afirmó, no se contraería a una sola persona sino a grupos de delincuentes, a mafias.

``La suspensión no es el quebrantamiento de la Constitución, díganlo'', mencionó el especialista en Ley de Amparo. Esa medida está prevista en la Carta Magna y se puede aplicar previa autorización del Congreso de la Unión.

Expuso que el planteamiento de la Barra Nacional de Abogados no obstaculizaría la serie de reformas y medidas que ha propuesto el presidente Zedillo para combatir la criminalidad, pues la suspensión de garantías se haría dentro de un estado de emergencia.

Aseguró que de adoptarse su iniciativa no se quebrantaría el estado de derecho, pero que se trata --reiteró-- de algo que debe adoptarse como medida de emergencia, ``como rigió en 1942 cuando se suspendieron las garantías en la época de Manuel Avila Camacho. Ustedes no tengan temor, ni miedo ni se preocupen; que la sociedad no se preocupe de que se va a convertir en dictador al Presidente. Eso no puede ser porque, precisamente, el Presidente --acatando lo que dice el 29-- va a hacer lo que nosotros le propusimos que hiciera.

La idea de Burgoa Orihuela es que es lícito repeler la fuerza con la fuerza y no con cataplasmas, pues la delincuencia es una fuerza bruta, bestial que no solamente afecta a la sociedad sino que tiende a extinguirla, cuando menos en esta capital, y por eso hay que repelerla.

Además, pidió que sean juristas y no políticos los que se encarguen de preparar la legislación de emergencia que plantean, porque abogados con conocimientos y experiencia podrían redactarla en tres días y someterla a la consideración del titular del Ejecutivo.

Es, admitió Burgoa, la implantación de la mano dura dentro del derecho.

A la presentación de la iniciativa acudieron también Xavier Gómez Coronel, presidente de la Barra Nacional de Abogados; Juan José Ruiz Bohórquez, presidente de la Academia de Derecho Notarial, y José Gutiérrez Serrano, presidente del Consejo Interinstitucional.