No habrá fast track a la iniciativa anticrimen, indican en el Senado

Andrea Becerril y Víctor Ballinas Ť No habrá fast track ni se legislarán al vapor las iniciativas presidenciales para castigar con mayor severidad a los delincuentes y a las organizaciones criminales, coincidieron legisladores de las fuerzas políticas representadas en el Senado de la República, donde ayer se dio entrada y turnó a comisiones el proyecto del Ejecutivo.

Los senadores priístas José Trinidad Lanz Cárdenas y Juan Ramiro Robledo, y el panista Juan de Dios Castro, este último presidente de la Comisión de Justicia, señalaron que se trata de reformas de gran trascendencia que deberán analizarse a detalle y con serenidad en el próximo periodo de sesiones que comienza en marzo del año venidero.

De manera particular, expresaron, se tienen que valorar planteamientos contenidos en las iniciativas como el de restringir la Ley de Amparo y excluir del régimen laboral vigente a los integrantes de las fuerzas de seguridad pública.

Incluso la bancada priísta propondrá la realización de foros públicos a partir de enero, con el fin de discutir el contenido de las cinco iniciativas de ley propuestas por el presidente Zedillo, que consideran reformas a la Constitución y a diversos códigos penales, así como a la Ley de Amparo.

Las iniciativas, expuso a su vez la senadora perredista Rosa Albina Garavito, se analizarán con todo detenimiento para impedir que se violenten los derechos humanos en aras de resolver el problema de la inseguridad. Agregó que incluso sería necesaria una amplia consulta popular.

Experto en materia constitucional, Lanz Cárdenas resaltó que habría que ver con detalle propuestas como la de restringir la Ley de Amparo, con la que él, dijo, no estaría de acuerdo ya que, por el contrario, lo que procede es ampliar ese ordenamiento y hacerlo llegar a toda la población, sobre todo a la de escasos recursos.

El juicio de amparo, resaltó, ``es una belleza de defensa concebida con frescura en 1841, pero a más de 150 años de distancia se ha convertido en un recurso elitista propio de grandes despachos y de costosos honorarios, por lo que la gente de escasos recursos no tiene acceso a él''.

Igualmente, Juan Ramiro Robledo agregó que debe también valorarse a profundidad la propuesta para flexibilizar el envío de órdenes de aprehensión, así como el planteamiento de sacar del régimen laboral a todos los miembros de las fuerzas de seguridad pública, a fin de que no tengan derecho a la sindicalización, a la huelga ni a la posibilidad de recuperar su plaza vía la reinstalación.

El ex subsecretario de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación precisó que lo más importante del proyecto presidencial es la propuesta para reformar la Constitución, a fin de regresar al criterio anterior a 1993, en el que prevalecía una flexibilidad para que los tribunales del país pudieran mandar órdenes de aprehensión con los mínimos requisitos de existencia de un delito de grave responsabilidad.

La reforma de 1993, explicó el priísta, con base en una corriente en favor de los derechos humanos, impuso más exigencias para la liberación de órdenes de aprehensión, lo que a juicio del Ejecutivo federal significa una gran dificultad a los ministerios públicos para poder probar en un lapso muy breve todos los elementos de un delito.

Resaltó que esto se va a estudiar y a valorar mucho en las comisiones, ya que a juicio de la PGR ello ha provocado que la justicia no sea expedita y ha facilitado una gran impunidad.

Por su parte, el panista Juan de Dios Castro subrayó que el Congreso tiene una gran responsabilidad, ya que debe lograr el equilibrio entre dos intereses en aparente conflicto: el de la sociedad en abatir los índices de delincuencia, y el de los gobernados respecto a las garantías individuales que las modificaciones propuestas tocan.

Medida extrema, restringir garantías

Una propuesta como la formulada por el jurista Ignacio Burgoa Orihuela, en el sentido de restringir las garantías individuales de los delincuentes e instaurar el toque de queda en algunas zonas, es una medida extrema, excepcional, que requiere por ello meditarse y pensarse mucho, advirtieron legisladores de PRI y PAN.

``Las experiencias que ha habido en otras naciones sobre la suspensión de garantías lamentablemente han conducido a las dictaduras'', resaltó Lanz Cárdenas.

Igualmente, Juan de Dios Castro señaló que aunque la propuesta tiene una salida constitucional, ya que el Presidente tiene la facultad de restringir las garantías individuales, es necesario antes una valoración cuidadosa para determinar en qué condiciones se hace.

El priísta Dionisio Pérez Jácome canceló por completo esa posibilidad, y dijo que no comparte la propuesta ni la opinión de Burgoa, aunque ésta es muy respetable.