Hace unos días Carlos Martínez García se preguntaba --y nos preguntaba a todos-- si, en verdad, como lo sugieren determinadas voces de la jerarquía católica, la ciudadanía considera al laicismo como una postura que atenta contra la libertad religiosa de los mexicanos. (``¿Laicismo perseguidor?'', La Jornada, 05/12/97). La pregunta es pertinente habida cuenta la campaña en favor de la libertad de enseñanza emprendida por la Iglesia católica.

El actual embate contra el laicismo no es, por cierto, una novedad que deba sorprender a nadie. Lo que sí resulta impropio es que, junto a las innovaciones postconciliares contra todo fundamentalismo, sigan esgrimiéndose desde las cúpulas eclesiásticas los mismos argumentos confesionales que en el pasado dividieron a México como si se tratara de genuinas precisiones democráticas.

Detrás de la exigencia de abrir la escuela pública a la enseñanza religiosa hay, es posible, poderosas pero cambiantes razones de orden ``ontológico'', aunque también pesan en grado superior los motivos prácticos. Se exige plena libertad de enseñanza al Estado para llevar adelante la nueva evangelización que la modernidad exige, a fin de reconstruir el monopolio católico que la proliferación de los protestantes puso en entredicho. Pero ésta es también una pretensión anacrónica tomando en cuenta la secularización de la sociedad. La mayoría católica, incuestionable en el pasado, hoy está sufriendo los embates de la pluralización que se extiende a ojos vistas en todos los ámbitos de la sociedad mexicana, lo mismo en las zonas rurales más pobres y atrasadas que en las modernas barriadas de las grandes ciudades.

No es una novedad que la Iglesia identifique sin mayor razonamiento identidad nacional con religión, aunque a estas alturas del siglo XX, resulta un tanto extraño que las realidades sociales e históricas, las ideologías o las simples posturas pedagógicas, se juzguen según su aproximación a una supuesta ``idiosincrasia del pueblo'', definida siempre y en todo caso conforme a las conveniencias de la propia jerarquía.

No obstante, a favor de un cambio que introduzca la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, persiste aún el argumento favorito, a saber, que los católicos todavía son la mayoría de la población creyente. Pero éste es el más débil de todos, pues hace caso omiso de la raíz y razón del laicismo mexicano que se sustenta, justamente, en el reconocimiento de la libertad de creencias como fundamento de la verdadera libertad religiosa.

Los aficionados a las encuestas encontrarán por eso muy interesantes los siguientes datos publicados por la revista Educación 2001 en una entrega reciente: el 65 por ciento (de la población entrevistada sobre la educación) está totalmente de acuerdo con que la educación primaria y secundaria sea laica, entendiendo por esto una enseñanza alejada de toda doctrina religiosa. De ahí que la mayoría también esté en desacuerdo (70 por ciento) con que en la escuela básica se imparta enseñanza religiosa y no apoyaría (67 por ciento) la participación de la Iglesia en la administración del sistema educativo del país. Vistos estos y otros datos similares de sobra conocidos, cabe preguntar ¿dónde queda la mayoría idiosincrática que, según la jerarquía católica, apoya la supresión del laicismo educativo?