Votación unánime de diputados en apoyo a la doble nacionalidad

Ciro Pérez y Oscar Camacho Ť La ley que establece la no pérdida de la nacionalidad mexicana, independientemente de que se adopte otra, así como las modificaciones a las leyes secundarias para que el ejercicio de ciertos cargos o funciones públicos se reserven a quienes sean mexicanos por nacimiento, tengan esta calidad y no adquieran otra ciudadanía, fueron aprobadas ayer unánimemente por el pleno de la Cámara de Diputados y entrará en vigor a partir del 21 de marzo de 1998.

El dictamen aprobado beneficiará a todos los mexicanos por nacimiento y aquéllos que viven en el exterior. Estos últimos contarán con el marco jurídico que les permitirá ejercer plenamente sus derechos en su lugar de residencia en igualdad de condiciones respecto a quienes habiten en territorio nacional.

Se establece la necesidad de mantener un estricto control sobre la no pérdida de la nacionalidad mexicana para garantizar la cobertura de los derechos de los connacionales, especialmente consulares, políticos y patrimoniales en el orden interno, ya que el actual marco jurídico reconoce la nacionalidad mexicana como única y permite que ésta pueda perderse.

En nombre del Partido del Trabajo, el diputado Ricardo Cantú Garza afirmó que la corrección a la norma permitirá que todos los mexicanos que residan en el extranjero, sin excepción alguna, obtengan el status jurídico de la ciudadanía mexicana.

En su oportunidad, el panista Felipe Urbiola Ledesma expresó el apoyo de su bancada a la propuesta, después de señalar que es indispensable contar con un ordenamiento en el que se regulen con claridad los efectos de la multiplicidad de nacionalidades, sin que se conculque el derecho más preciado de los mexicanos, ``que es el de vincularse con sus raíces, historia, costumbres y con el futuro de la nación''.

Con la aprobación de esta ley, dijo, los mexicanos residentes en Estados Unidos esperan poder conservar o recuperar la nacionalidad mexicana sin perder la que tienen, ya que de 18 millones de ciudadanos relacionados con México, 2 millones han iniciado o concluido los trámites para nacionalizarse estadunidenses y posibilitar la defensa de su dignidad en este país.

``El Estado mexicano tiene una enorme deuda moral con quienes se han visto obligados a abandonar nuestro país por carecer de opciones de empleo y desarrollo. El doloroso fenómeno de la expulsión de millones de connacionales hacia Estados Unidos y los efectos de desmembramiento familiar no se mitigan con las disposiciones legales que hoy aprobamos'', sostuvo el panista.

Por parte del PRD subió a la tribuna la diputada Martha Dalia Gastélum Valenzuela, quien afirmó que con la aprobación de las modificaciones legales se ``otorga reconocimiento legal a los lazos culturales y afectivos que nunca perdieron los mexicanos que viven en el extranjero''. La aprobación era necesaria, dijo, ya que de ella depende la suerte de millones de personas que por alguna razón han tenido que abandonar su lugar de origen y actualmente están sujetos a una ley que los priva de su nacionalidad.

En su oportunidad, el priísta Miguel Rubiano Reyna consideró que en las adecuaciones planteadas se reconocen los derechos de los mexicanos, independien- temente de su lugar de residencia. Destacó que ante las condiciones geográficas y la gran frontera entre Estados Unidos y México, las reformas se hacían necesarias para ofrecer certidumbre a los connacionales.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores mencionó en un comunicado que todos los grupos parlamentarios estimaron oportuno presentar este sábado en la propia Cámara de Diputados una iniciativa para aclarar el objetivo y alcance del artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforman los artículos 30, 32 y 37 constitucionales, con la finalidad de subrayar que el esfuerzo conjunto de los poderes Ejecutivo y el Legislativo es beneficiar con la doble nacionalidad a todos los mexicanos

Iniciativa de preescolar obligatoria

Durante la sesión, la diputada panista Leticia Villegas Nava presentó una iniciativa de reforma al artículo tercero constitucional para hacer obligatoria la educación preescolar, indispensable para fomentar desde los primeros años de vida el desarrollo intelectual y cognitivo.

Dijo que, de acuerdo con estudios realizados por especialistas, los menores tienen mayores oportunidades de aprovechamiento de la educación básica cuando han cursado el nivel preescolar.

Posteriormente, el diputado perredista Enrique Santillán Viveros presentó también una propuesta de reformas a la Ley del Servicio Público de la Industria Eléctrica, con la que pretende establecer un ordenamiento jurídico apto que propicie la eficiencia del sistema eléctrico nacional y una más sana distribución de energía que se traduzca en el acceso más democrático de la misma.

Ambas iniciativas fueron turnadas a las comisiones respectivas.