El lunes, solución oficial al rezago agrario; aún existen 6 mil has. invadidas

Martha García/I Ť En medio de una situación ``tensa'' por el problema de los desplazados, hostigamiento militar y guardias blancas, el próximo lunes la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) dará por concluido el problema de la demanda de tierras en Chiapas.

Sin embargo, existen aún seis mil hectáreas invadidas en 106 predios, de los mil 34 que fueron ocupados tras la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, que en total abarcaban 81 mil 162 hectáreas.

El secretario de Desarrollo Agrario estatal, Luis Enrique Pérez Mota, confió en que los terrenos sean desocupados de manera ``voluntaria'', y negó que hubiera dado algún ultimátum a las organizaciones campesinas para abandonar los terrenos.

Xi'Nich, Central Campesina Cardenista (CCC) y Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), aseguran que fueron amenazadas con el desalojo si después del 15 de diciembre continuaban en esos terrenos.

Pérez Mota indicó que algunos de los predios invadidos se ubican en Simojovel, Jitotol, Venustiano Carranza y Huitiupán, y que se desconoce el número de los ocupantes, ``pueden ser grupos de cinco familias hasta de 50''.

En ese contexto, algunas organizaciones como la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) insisten en afectar latifundios.

Al respecto, el delegado de la Procuraduría Agraria en la entidad, Rogelio Castañares, aseguró que se investigan cinco denuncias interpuestas en 1996 sobre latifundios, pero que ``aún no hay nada''.

Frente a esa cifra, el sociólogo Joel Rojo Horta reporta la presencia de 29 propiedades simuladas que abarcan más de 47 mil hectáreas dedicadas al cultivo de café, palma africana, plátano, soya y ganadería.

En su trabajo ``La situación agraria en el estado de Chiapas de 1994 a 1996'', el investigador precisa que estas superficies van desde 900 hectáreas (El Lagartero y otros) hasta seis mil 881 hectáreas (Santa Clara, municipio de Ocosingo).

Para la SRA, el universo de demandantes de tierra es de 900 grupos campesinos integrados a los acuerdos agrarios; 80 por ciento de los solicitantes son jóvenes de 15 años o más, y 20 por ciento son mujeres, aseguró en entrevista el coordinador agrario estatal de esa dependencia, José Becerra.

Para atender el problema de tierras, la SRA optó por establecer un instrumento de ``concertación'', a través de esos convenios, que además daría cauce para resolver el rezago agrario en todo el país.

Chiapas tuvo convenios estatales por la prioridad de urgencia social y hasta 1996 la información de los expedientes en archivo quedaría sistematizada.

Así, la SRA signó acuerdos agrarios con 62 organizaciones campesinas y 79 grupos independientes en beneficio de 60 mil 643 familias. Ahí, se comprometen 240 mil hectáreas para conseguir vía fiduciaria.

Becerra apuntó que se han autorizado 180 mil hectáreas a través del fideicomiso, y otras 160 mil ya fueron entregadas. El funcionario recalcó que las dependencias del sector agrario federales y estatales han cumplido los compromisos contraidos con los grupos campesinos en 80 por ciento, incluso, grupos como la CIOAC, dijo, tienen un gran avance. Esto, contra la versión de las organizaciones sobre ``avances mínimos''.

Algunas proyecciones del gobierno chiapaneco realizadas a finales de 1996 sobre más de 200 predios invadidos, estimaban que al término del presente año cerca de la mitad de esos terrenos estarían desalojados; 26 por ciento desocupados de manera voluntaria vía acuerdos agrarios, y 25 por ciento ya adquiridos.

Por su parte, Pérez Mota aclaró que en la actualidad 4.5 millones de hectáreas están distribuidas entre los campesinos, frente a 1.2 millones que constituye la propiedad privada y que ahora, ``el fantasma en Chiapas es la pobreza, y el reto, hacer producir la tierra''.

Justas, las observaciones del gobierno a las propuestas de la Cocopa: Warman

José Gil Olmos Ť El secretario de la Reforma Agraria, Arturo Warman, señaló que son ``muy justas'', en términos jurídicos, las observaciones que el gobierno federal hizo al anteproyecto de ley en materia de derechos y cultura indígenas que elaboró la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), con base en los acuerdos de San Andrés, ya que la manera como fue redactada representa ``riesgos'' en su interpretación constitucional.

El funcionario insistió en que el gobierno del presidente Ernesto Zedillo no tiene una ``posición dogmática'' sobre la propuesta de la Cocopa. Además, precisó que no existe ``equivalencia entre el acuerdo político que firmaron la representación gubernamental y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en los diálogos de San Andrés y la elaboración de un texto constitucional sobre derechos indígenas''.

Por ello, abundó, es que son justas las observaciones del gobierno, pues ``creemos que es nuestra obligación evitar riesgos'' y definir la autonomía como una facultad dentro del marco del Estado nacional y no como algo que pudiera ir en contra del mismo.

Recordó que el EZLN ha contestado con un rechazo a las observaciones que hizo el gobierno del presidente Zedillo al documento de la Cocopa, sin embargo, ``hemos reiterado que estamos en la mejor disposición de trabajar con quien haga falta para que nuestras observaciones a las propuestas se plasmen en un acuerdo constitucional que refleje que lo prometido se ha cumplido en San Andrés, bajo el entendido de lo que la Constitución nos ampara''.