Para Rosario Robles y Pablo Moctezuma

Tres hechos delictivos en Guerrero: el secuestro del hijo de un empresario de Chilpancingo, el del director general del hotel Princess de Acapulco y el asalto en el centro de la capital de oficinas de la Secretaría General de Gobierno, precisamente la dependencia a cargo del sistema de seguridad pública estatal, de donde tres hombres bien vestidos se robaron los fondos para pagar la nómina de empleados, entre ellos los temibles agentes de Gobernación estatal.

En los tres casos, por la capacidad operativa mostrada por los delincuentes, se presume la participación de policías o ex policías de la preventiva o de las judiciales estatal o federal.

Los hechos ocurren luego del asesinato de un dirigente perredista de la sierra de Atoyac, del asesinato por judiciales del estado de dos campesinos en Cacalutla, en el mismo municipio, del asesinato de un taxista por policías estatales en Acapulco y de una nueva denuncia por atropellos de soldados en La Montaña, la violación de dos mujeres frente a sus maridos en una comunidad del municipio de Atlixtac (La Jornada, 11/12).

Tras un largo debate sobre la violencia en Guerrero en la sesión del miércoles 3, en la Cámara de Diputados PRI y PRD propusieron un punto de acuerdo para formar una comisión plural que fuese a Guerrero a indagar sobre la violencia. Luego, el gobernador Angel Aguirre trató el tema con el presidente estatal del PRD, Octaviano Santiago, y este partido organizó una marcha el miércoles pasado en Chilpancingo encabezada por Andrés Manuel López Obrador, en la que participaron dirigentes de cámaras empresariales.

Con el síndrome de Aguas Blancas encima, el gobernador ordenó el encarcelamiento de 15 de judiciales, los que mataron y quemaron al taxista también están presos, y se dice dispuesto a ir al poblado serrano de El Cucuyachi, donde han sido asesinados de manera misteriosa priístas y perredistas.

El caso es que en Guerrero la violencia se mantiene, y el secuestro del encargado de uno de los hoteles de más prestigio bien pudiera ser un mensaje contra quienes piensen que es posible en nuestra entidad una convivencia civilizada. Recuérdese que el secuestro del empresario Vincent Carroza ocurrió horas antes de que el procurador de Justicia del estado compareciera ante el Congreso local.

Parece gestarse una rebelión preventiva en los sótanos de los cuerpos policiacos, y de algunas áreas del Ejército nacional, que quisieran adelantarse a la posibilidad de que sea derrotado en las elecciones que se avecinan el grupo político que ha gobernado Guerrero en los últimos 30 años. Y es que han sido los métodos de gobierno de este grupo que se asocia al apellido Figueroa los que explican la enorme fuerza política, pero también social y económica de quienes han operado desde las distintas corporaciones policiacas o desde las posiciones del Ejército encargadas del combate a la guerrilla.

Con mano libre para perseguir, encarcelar, torturar, desaparecer o asesinar a los integrantes y simpatizantes de los varios grupos armados que operaban en Guerrero en la década de los 70, al término de la guerra sucia policías y oficiales cobraron sus servicios prestados con cargos en el gobierno, con negocios de todo tipo tierras y giros rojos entre los principales y levantaron toda una estructura delictiva que tuvo su mejor expresión en la actuación durante la segunda mitad de los 70 de unos hermanos Tarín Los Tarines, les llamaban, una banda de judiciales que lo mismo lanzaban en alta mar a presuntos guerrilleros que robaban coches, asaltaban, secuestraban o extorsionaban a ciudadanos comunes.

Con distintos nombres, pero todo indica que esta práctica de asociación entre policías y delincuentes se mantiene vigente, seguramente porque cuenta con poderosos aliados en el mundo de la política.

A esta poderosa maquinaria no se le puede oponer otra igual, sólo que con fines democráticos. Al contrario, sólo se le podrá derrotar con un comportamiento radicalmente opuesto a la violencia que pregonan y practican. Esta actitud civilista se abre paso en Guerrero y cada día gana más adeptos. Por eso el nerviosismo de quienes han hecho negocio del Guerrero violento. El dilema de los políticos del PRI es grande. Creen que sólo podrán mantenerse en alianza con la línea dura, y es esta alianza la que los aleja de los ciudadanos que ahora deciden pacíficamente en las urnas. ¿Se mantendrán en esa lejanía a cualquier costo?