Es cada vez más difícil pretender tener un país menos pobre, con mayores oportunidades y con estabilidad social mientras los recursos de los gobiernos locales sean no sólo escasos, sino verdaderamente de penuria. Es cierto que hay grandes diferencias entre los municipios del país, pero en zonas enteras y, por cierto, no las más reducidas, los gobiernos municipales pasan tres años reparando daños, resolviendo las necesidades más ingentes de la población, deteniendo los conflictos más visibles y, en muchos casos, distribuyendo los escasos recursos de manera preferencial, es decir, en función de los votos que pueden dar las distintas comunidades. Es común que después de ese periodo, el nuevo gobierno local cuestione a la administración anterior y empiece de nuevo el ciclo de gestión con miras generalmente de corto plazo. Así, el atraso de la inmensa mayoría de los municipios del país tiende a convertirse en un mal crónico. Este mal no es sólo económico y social, sino que se vuelve uno de los mecanismos más eficaces para el control político del país por parte del gobierno federal. Si la democracia se construye desde abajo, desde esa parte que llamamos la unidad básica de la organización política del país, y que es, precisamente, el municipio, entonces falta mucho para que exista un campo fértil para una mayor equidad en México. El ``municipio libre'' es, en buena medida, un principio jurídico con una expresión muy limitada en el terreno práctico.

Los recursos financieros de los que disponen los municipios son sumamente escasos. En muchos de ellos, los fondos que provienen de la Secretaría de Desarrollo Social mediante el llamado Ramo 26, que ha sido motivo de amplio debate en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1998, constituye la parte fundamental --a veces más de la mitad-- de su capacidad de gasto. Estos están etiquetados y se destinan principalmente a obras públicas. A pesar de la importancia que tienen en el gasto de los gobiernos locales es insuficiente para ir cerrando efectivamente la brecha de las necesidades sociales. Los recursos financieros son, sin duda, un elemento primordial para mejorar las condiciones de vida de la población, pero no es lo único.

Hay cuando menos otras dos cuestiones que surgen casi de inmediato cuando uno se acerca a la práctica de los gobiernos locales, es decir, a la inmensa mayoría de los municipios. La primera corresponde a la capacidad de administración de las autoridades. Los presidentes municipales, síndicos y regidores tienen un conocimiento directo de sus comunidades, pero éste proviene esencialmente de la experiencia cotidiana. El sustento profesionalizado del gobierno local es sumamente reducido. No existen evaluaciones específicas de los grandes problemas, mediciones de las necesidades de empleo, de los rezagos educativos, de vivienda o de salud y nutrición, ni una capacidad efectiva para determinar la prioridad de las obras que se requieren. Es fácil comprobar que ante cuestionamientos directos sobre estos temas, las respuestas que se obtienen están invariablemente basadas en percepciones y opiniones, que no son una base sólida para ejercer el gobierno y la administración. Una segunda cuestión se refiere a la capacidad política de las autoridades municipales para la apropiación de fondos estatales o federales. Esta se sujeta básicamente a una enorme estructura patrimonialista. Hay que pedirle siempre al ``Señor Gobernador'' o al ``Señor Secretario'' o al ``Señor Presidente'' que tenga a bien atender las carencias. En partes enteras del país hay todavía comunidades que tienen que caminar por horas para llegar a sus pueblos, que tienen viviendas que están muy lejos de esa definición de ``vivienda digna'' que aparece en las estadísticas oficiales, que no tienen agua ni luz ni acceso a los centros de salud. Si alguien pretende tener una imagen mínimamente certera de lo que ocurre en amplias regiones del país, usando las estadísticas disponibles, se queda invariablemente muy lejos de lo que realmente ocurre.

Técnicamente la organización municipal debería ser una fórmula para acrecentar la capacidad de la población y de su gobierno local para mejorar las condiciones de vida. En términos prácticos las administraciones municipales funcionan con mínimas capacidades para poder administrar y realizar las tareas de gobierno. La fragmentación municipal puede ser usada de modo más eficaz para satisfacer las necesidades locales, pero la manera como realmente opera se convierte en una incapacidad para integrar las políticas generales con las condiciones particulares de vida de las comunidades. Tal y como hoy funciona la estructura de gestión, actúa más bien para seguir manteniendo relaciones de poder que hacen de la federalización y la descentralización un asunto que debe revisarse a profundidad. El asunto presupuestal rebasa por ello y con creces la mera asignación de los recursos.