Salvo que algún factor político imprevisto interfiera en el último momento, este fin de semana se dará luz verde al Presupuesto de Egresos de la Federación para 1998, con el voto favorable de, por lo menos, los diputados del PAN y del PRI.

Previamente fueron aprobadas por ambas Cámaras la miscelánea fiscal, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Ingresos. Con excepción de esta última, que fue votada en contra por los diputados y senadores del PRD, los demás ordenamientos obtuvieron finalmente el apoyo de todos los partidos, consenso logrado tras arduas y accidentadas negociaciones que implicaron cambios sustantivos a los proyectos que originalmente había elaborado la Secretaría de Hacienda.

El diferendo en relación al IVA tuvo un desenlace radicalmente distinto que probablemente influyó en forma positiva en el ánimo de los partidos que pugnaban por la reducción de la tasa impositiva, pues les abrió los ojos acerca de las consecuencias de adoptar posiciones intransigentes cuando la correlación de fuerzas les otorga el predominio de sus criterios en una sola de las Cámaras pero no en la otra. Debió ser frustrante para quienes aseguraban, adelantando vísperas, que la reducción de tres puntos al Impuesto sobre el Valor Agregado era una posición inamovible, descubrir que los mecanismos del sistema bicameral (control interórganos, les llaman los constitucionalistas) determinan que dos votaciones de rechazo por la Cámara revisora tienen por efecto la prolongación de la vigencia de la legislación que pretendía ser reformada. La tasa del 15 porciento del IVA fue la que resultó inamovible, y la fuerza de la ``nueva mayoría'' autoproclamada por el G-4, se redujo a sus dimensiones reales: es un poder relativo y acotado, eficaz para negociar e influir en las decisiones, pero no para imponerlas.

Al concluir el proceso legislativo sobre el llamado ``paquete económico'', el recuento de los puntos ganados y perdidos por cada uno de los actores políticos de esta confrontación, la primera de fondo y de verdadera significación que se produce en un escenario de precarios equilibrios como el conformado a partir del 6 de julio, podría resumirse del siguiente modo:

El PRD logró que algunas de sus propuestas se introdujeran en los proyectos finalmente aprobados. Pudo haber obtenido la aceptación de otras más, de haber asumido una postura menos inflexible que comprometiera su voto favorable en lo general, aunque se reservara el derecho de hacer impugnaciones en lo particular y votara en concordancia con las mismas. Toda negociación es un intercambio de valores políticos. Es irracional pretender que las propuestas de una de las partes sean admitidas, no obstante la advertencia de que votará en contra de todos modos. Aparentemente actuó congruentemente con sus promesas de campaña, aunque es dudoso que sus electores hayan tenido conciencia de que sufragaban por propuestas tan específicas como las defendidas por los dirigentes perredistas. En su empecinamiento se metieron un par de autogoles: uno, cuando rechazaron la miscelánea fiscal con procedimientos deseados y contradictorios; y otro, cuando votaron en contra de la autorización al endeudamiento que, de manera imprescindible, requerirá el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas.

El PAN supo rectificar a tiempo y sus propuestas se tradujeron en sustanciales modificaciones a los diversos proyectos. Al inicio del proceso legislativo, el coordinador de sus diputados cometió varias pifias por seguir al pie de la letra las tácticas dictadas por los impulsos viscerales de su colega perredista. Pero puestos en la balanza la pérdida de identidad ideológica y política por resignarse al papel de comparsa de otro partido que apostaba al todo o nada, aun a riesgo de la ruptura, la crisis financiera y de sus graves consecuencias sociales, frente al costo de afrontar las imputaciones de haberse constituido una vez más en supuesto aliado del sistema presidencialista, la dirección nacional panista optó por lo segundo, pues ese costo es compensable con la difusión de los avances promovidos por su partido y que ya forman parte del paquete económico, y sobre todo con la demostración, cuya significación no puede escapar a los observadores perspicaces, de que la viabilidad presupuestal y la estabilidad financiera en el futuro inmediato, requiere y requerirá de su voluntad política.

El PRI perdió algunas batallas, pero ganó la guerra. Y los funcionarios de la Secretaría de Hacienda afrontaron exitosamente las vicisitudes de una negociación política ardua y compleja, como nunca antes había sido necesaria en materia de finanzas públicas.