El ombudsman,``sin competencia'' en el caso Carrola, alega la PGJDF

Ricardo Olayo Ť La Comisión de Derechos Humanos del DF y la Procuraduría de Justicia capitalina sostienen un diferendo público por las acusaciones en contra del jefe de la Policía Judicial con licencia, Jesús Ignacio Carrola. La controversia gira en torno a la competencia del ombudsman para solicitar que sea investigado el funcionario.

Sin acuerdo hasta ahora, las partes sostienen un criterio diferente en este caso. El ombudsman sostiene en su comunicación que tiene facultades para intervenir en el caso e incluso abrir un expediente de oficio a través de la información difundida en la prensa, porque la investigación de los funcionarios es una medida de ``salud administrativa''.

Luis de la Barreda subrayó en su carta que la licencia otorgada a Carrola debe abrir paso a la investigación de sus antecedentes y, en ese contexto, ``celebra'' el otorgamiento de la licencia.

En un tono inusual, el titular de la CDHDF responde directo a la Procuraduría, ``o no se leyó con cuidado mi oficio o deliberadamente se está incurriendo en una inexplicable desmesura'', al tratar de eludir la investigación de Carrola.

La intervención de la CDHDF se dio una vez que se generalizaron las acusaciones en contra del funcionario por su desempeño en el estado de Baja California. Entonces, en un texto, De la Barreda indicó a Samuel Del Villar: ``Le ruego que inmediatamente se investiguen a fondo los antecedentes'' del director de la Policía Judicial recién nombrado.

La respuesta de la Procuraduría --en un texto suscrito por Gastón Villegas, subprocurador jurídico y de Derechos Humanos--, indicó: ``Como usted sabe, esta institución (la CDHDF) no tiene competencia para investigar hechos sin mediar la denuncia correspondiente, mucho menos cuando ocurrieron fuera del Distrito Federal''.

En tal virtud, ``el ámbito de competencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es estrictamente limitativo''. Y aún más, le informa a De la Barreda que ``la Constitución General de la República impide a esta institución (la CDHDF) ejercer su competencia persecutoria en el caso, por lo que es improcedente su solicitud en contra de los derechos constitucionales'' del hoy director general de la PJ con licencia.

La PGJDF argumenta que no hay pruebas fehacientes contra Carrola, ni siquiera en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, en donde deben constar las sanciones por violación de funcionarios a sus obligaciones legales, incluidas las que protegen los derechos humanos''.

Por todo lo anterior, concluye que tanto la Procuraduría como el ombudsman ``estamos obligados a promover la protección de los derechos de todo ser humano, incluyendo los de los servidores públicos que, como el director general de la Policia Judicial, tienen la responsabilidad de perseguir la delincuencia, en contra de la difamación, la calumnia y el daño moral que pueden causarse a su buen nombre y a la eficacia en el cumplimiento de sus responsabilidades''. En suma, indica que es una persona honorable y no hace mención alguna a la posibilidad de investigarlo.

Respuesta

En respuesta al escrito de la Procuraduría, la CDHDF envió una carta con fecha 10 de diciembre al procurador Samuel del Villar. ``No pedí acción persecutoria alguna'' contra Carrola ``ni solicité nada contra los derechos constitucionales de la misma persona''.

La investigación de cualquier funcionario es una medida plausible, e ironiza que si se hubiera comprobado algo contra Carrola, muy seguramente no habría sido nombrado director de la Judicial.

``Lamento que se haya intentado eludir el deber de investigar los antecedentes del señor Carrola argumentando que esta comisión no es competente para solicitar que se cumpla dicho deber'', indica. ``Es obvio que vigilar que al frente de la Policia Judicial del DF se encuentre un policía capaz, honorable y respetuoso de los derechos humanos'' es una de las facultades de la CDHDF.

De la Barreda concluye que en todo momento que sea necesario soicitará información relacionada con el cabal cumplimiento del respeto a las garantías individuales, y que estará atenta a la investigación de Carrola.