Aprobaron los senadores la Ley contra la Violencia Intrafamiliar
Andrea Becerril. Ť El Senado de la República aprobó ayer la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, lo que requirió una serie de modificaciones, enmiendas y derogaciones a varios ordenamientos jurídicos. En lo general PRI, PAN y PRD votaron en favor de esa ley que busca frenar las agresiones que se dan dentro de los hogares, y que en casi 90 por ciento de los casos tienen como víctimas a mujeres, agredidas por su propia pareja.
En lo particular, sin embargo, Acción Nacional votó en contra de dos artículos. Toda la bancada panista se manifestó en desacuerdo con las modificaciones al artículo 261 del Código Penal, ya que la penalidad fijada al delito de violación de menores la consideran muy baja, pues va de dos a cinco años de prisión.
Además, tres legisladores de Acción Nacional votaron en lo particular en contra del controvertido artículo 265 bis del Código Penal -el que considera como violación el forzar al cónyuge a tener relaciones sexuales- por considerar aquí que la penalidad es muy alta, pues se fijaron de 8 a 14 años a quien viole a su esposa o concubina.
Las senadoras Guadalupe Gómez Maganda, Amalia García Medina, y María Elena Alvarez de Vicencio, de PRD, PRI y PAN resaltaron, sin embargo, lo relevante al haber logrado el consenso en torno de una ley que busca frenar la violencia que se da en el seno de los hogares en México.
Las cifras, expuso la perredista Amalia García, hablan por sí mismas y expresan la necesidad que había de contar con una ley en la materia, pues según datos de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, de 108 mil casos de denuncias por agresión en el seno familiar, 89 por ciento afecta a mujeres, y lo más grave es que todas ellas fueron víctimas de violencia física y sicológica por parte de su pareja, y 30 por ciento fueron violadas.
La senadora perredista detalló asimismo que de 10 mil niños atendidos en albergues por maltrato físico, 70 por ciento fueron víctimas de violencia sexual y lo más grave es que las agresiones provienen de familiares cercanos. Es decir, de padres, primos o tíos.
Las estadísticas, precisó García Medina, señalan asimismo que 60 por ciento de los niños agredidos son menores de 12 años y 50 por ciento de los hechos violentos que padecieron se llevaron a cabo en su propio domicilio.
Respecto a la controversia que se dio entre algunos legisladores y partidos políticos en torno a la iniciativa, la senadora del PRD resaltó que no se puede permanecer ajeno a esos hechos ni a la realidad de que al poner el acento en la privación de la libertad de los delincuentes se había olvidado a la otra parte. Se dejaba de proteger a la víctima, remarcó.
Añadió que en la ley se precisó que cuando los agresores son familiares cercanos, la pena puede ser que entren en tratamiento sicológico.
Mencionó como otro dato que demuestra la importancia de contar con una ley al respecto, es que la mayoría de los suicidios de mujeres y adolescentes tienen como causa la violencia intrafamiliar. Por ello, añadió en tribunas, se trata de una materia histórica, no tanto por hacer adecuaciones jurídicas, sino porque pone el acento no sólo en las penas privativas de la libertad, sino que plantea otras, tendientes a reconstruir las relaciones familiares.
En nombre de la fracción del PRD, Amalia García destacó el trabajo realizado durante dos años por el grupo plural de legisladoras, que culminó con una iniciativa signada por el presidente Zedillo, que ayer llegó a su etapa final al aprobarse.
Por su parte, la senadora del PRI, Guadalupe Gómez Maganda, al presentar el dictamen de las comisiones de Justicia, de Equidad y Género y de Estudios Legislativos, apuntó que la nueva ley permitirá castigar de manera eficaz a los ejecutores del maltrato doméstico, desalentará la impunidad y constituirá una medida efectiva para la prevención de la violencia que se da en el seno de la familia.
En su turno, al fijar la postura del PAN, la senadora María Elena Alvarez de Vicencio, adelantó que su partido votaría en lo general a favor de la iniciativa, pero en lo particular en contra del artículo 261 del Código Penal, por considerar que la penalidad en el caso de abuso sexual es muy baja, pese a que ese delito ``en ocasiones deja daños irreversibles a menores y discapacitados''. La sanción plantea de dos a cinco años de prisión a quien ejecute un acto sexual en una persona menor de 12 años o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho.
Además, precisó que algunos senadores panistas votarían en contra también del Artículo 265 bis, porque establece -contrariamente al otro artículo- una penalidad elevada, al imponer sanciones de 8 a 14 años de prisión a quien cometa violación en contra de su esposa o concubina.