En la remoción de ediles panistas actué en forma extralegal, acepta Camacho Quiroz

Roberto Garduño E., enviado/I, Tenancingo, Mex., 14 de diciembre Ť El gobernador mexiquense César Camacho Quiroz narra las formas en que hace política: ``El Ejecutivo hizo no solo, personalmente, sino a través de la Secretaría General de Gobierno una serie de gestiones extralegales'' para rehacer las relaciones entre los ayuntamientos de Tenancingo y Valle de Bravo, en el proceso que --con una solicitud suya-- terminó con la remoción fulminante de dos alcaldes panistas.

La respuesta del mandatario estatal se da en una entrevista con este diario, donde se le pide una explicación sobre el tema y la forma en que intervino.

--Los dos ex ediles se quejan de que su remoción fue producto de una decisión política.

--Desde luego que la medida no deja de ser política, sin duda alguna, pero no es una decisión caprichosa sino tomada con base en elementos jurídicos e instrumentada también por la vía de los lineamientos que marcan las leyes... desde luego que tiene sesgo político.

El escándalo político se generó una vez que, el 7 de octubre, el gobernador del estado de México envió al Congreso local dos solicitudes para revocar el mandato a los alcaldes Juan Jaimes Serrano y Ramón Santín, señalados de haber ``atentado contra las garantías individuales'' de los integrantes de sus ayuntamientos.

César Camacho se movió entre la dureza jurídica y la laxitud: aplicación rígida de una legislación con lagunas y la negociación -como dice él- extralegal.

La remoción de los dos panistas coincidió con una complaciente actitud de la entonces dirigencia estatal del PAN encabezada por Noé Aguilar Tinajero y Astolfo Vicencio, a quienes se les señala como corresponsables de la caída de sus dos correligionarios. Ambos, en una albazo legislativo, ordenaron a la mitad de su fracción parlamentaria local (8 de 16 diputados) aprobar la cuenta pública del gobierno de Camacho Quiroz, cuando en sesiones anteriores, junto con el PRD, se había pronunciado en contra, por presentar la propuesta un déficit de 7 mil 100 millones de pesos. Devino horas después la solicitud de César Camacho para remover a los munícipes.

También la Cámara local contribuyó a la destitución de los dos alcaldes del PAN, pues en rapidísimos procedimientos de no más de 10 minutos cada uno se aprobó la revocación de los mandatos. ``La actitud del Congreso fue un tanto tibia, debimos haber actuado con mayor rigor, yo creo que fuimos muy laxos'', reconoce el actual dirigente estatal del PAN y diputado local Francisco Garate Chapa.

Los afectados aseguran que el gobernador les profesaba aversión. Camacho Quiroz se defiende. Los coordinadores parlamentarios locales del PAN y PRD aseguran que existen lagunas jurídicas en el proceso. Mientras, los municipios perredistas de Acolman y Los Reyes la Paz también viven conflictos que podrían terminar en nuevas intervenciones del Ejecutivo estatal.

Caso Tenancingo ¿cuesta arriba?

Solo tenía dos meses en la administración municipal, cuando seis de los integrantes del cabildo -Gilberto López, David Soriano, Arturo López, Arturo Gutiérrez, Froylán Velázquez y Javier Mondragón- presentaron al secretario del ayuntamiento, Ramón Cosío, una solicitud para ausentarse de las reuniones de cabildo ``en virtud de haber sido objeto de todo tipo de amenazas y de que éstas fueran materializadas en agresiones físicas'' por parte del alcalde, Juan Jaimes Serrano.

El munícipe, de familia acomodada dueña por generaciones de las farmacias y una gasolinería del pueblo, ya había sentido, recuerda, la labor en su contra de parte de Gilberto López y David Soriano, quienes le habían prometido que de su ``cuenta corría'' que saldría del gobierno.

Antes, los referidos síndico y regidores ya habían incurrido en más de siete inasistencias al cabildo, razón por la que el alcalde envió al gobernador una solicitud para que revocara el mandato a los faltistas. ``Nunca recibimos respuesta a nuestra petición'', refiere Juan Jaimes.

La decisión que propició la crisis ocurrió cuando el alcalde decidió llamar a los regidores y síndico suplentes para echar a andar el gobierno, con base en el artículo 23 del Reglamento Interno del Ayuntamiento, que determina que el integrante del cabildo que se ausente sin licencia específica o falte a cinco sesiones consecutivas, será sustituido. La Ley Organiza Municipal dice en su artículo 41que las ausencias no se suplirán a menos que pasen 8 días, o si el ayuntamiento no tiene el número suficiente de miembros que den validez legal a sus actos.

A mediados de marzo, los seis regidores y el síndico recurrieron al Tribunal de lo Contencioso Administrativo -concebido para dirimir asuntos entre particulares y la autoridad-, que no tenía jurisdicción en el asunto porque se trataba de autoridad contra autoridad. Pero esa instancia determinó la reinstalación. El ayuntamiento se inconformó y pidió la revisión a la sala encargada que efectuó ese procedimiento y ratificó el fallo. Después el alcalde solicitó amparo, pero no procedió. Así se llegó a la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (que dará su fallo en los próximos días).

El ayuntamiento siguió trabajando y el conflicto se estancó hasta comenzar octubre, tiempo que ocupó el gobernador para expresar públicamente que no se sujetaría a caprichos e intentaría la negociación política. No fue así.

Relata Ramón Cosío, que fuera secretario del ayuntamiento:

``Al día siguiente de la declaración, el 5 o 6 de octubre, fueron Noé Aguilar y Astolfo Vicencio a ver al gobernador; los panistas pidieron a César Camacho solicitar al Congreso la revocación del mandato; a cambio, ellos le apoyarían para que la legislatura aprobara su cuenta pública, que tiene un déficit de 7 mil 100 millones de pesos, también por dinero para que Noé (Aguilar) llevara a cabo su intento de reelección en la dirigencia estatal del PAN''.

El 7 de octubre el gobernador solicitó al Congreso la revocación del mandato del alcalde de Tenancingo, por ``atacar las garantías individuales, realizar actos que no sean permitidos por la ley y propiciar conflictos entre los miembros del ayuntamiento''. Juan Jaimes Serrano respondió con una segunda controversia constitucional, cuyo resultado también se espera se dé a conocer en el transcurso de la presente semana.

Días después se concretó en la legislatura local la revocación del mandato. Pero el alcalde removido aún cree en la justicia: ``Yo pienso que vamos a regresar al gobierno, jurídicamente estamos bien sustentados. Tenemos el apoyo de Ignacio Burgoa.''

La revocación de su mandato no es el último conflicto que afecta a Juan Jaimes, ``hay una situación difícil, respecto a mi persona, existe una cacería de brujas. Mis negocios están sometidos a una fuerte auditoría. Una persecución por parte del gobierno del estado''.

Ramón Cosío es más duro en su referencia a Camacho Quiroz: ``El gobernador, por quien no votó nadie, pretende burlarse de la voluntad de 12 mil personas que eligieron al PAN, y no quiere permitir que su gran creación, el Tribunal Contencioso Administrativo, quede invalidado y se demuestre que se equivocó''.

La Monarch ¿interés detrás?

El alcalde removido asegura que la empresa Monarch, de empresarios mexiquenses, entre ellos Carlos Hank González y Mario Ramón Beteta, pretende establecer un vivero cubierto de 100 hectáreas, que serían regadas con agua de un pozo que se perforaría en el parque nacional Hermenegildo Galeana, y dejaría sin agua a las comunidades de Tatlahuca, San Pedro Sictepec, Los Morales, Santa Ana, Tenancingo, El Zarzo y Los Morales. Afectaría a 200 mil personas.

La inversión que planea la Monarch asciende a 34 millones de dólares, y su representante Ricardo Degollado es jefe del síndico procurador Gilberto López. Este ya logró que se constituyera un patronato para la ``conservación'' del parque nacional referido, y entre sus integrantes se halla el mismísimo Degollado, quien busca afanosamente la licencia para perforar el pozo.

Valle de Bravo, en el paquete

Ramón Santín, ingeniero civil y candidato externo del PAN, vivió una historia similar a la ocurrida en Tenancingo. La ausencia de los integrantes del cabildo lo orilló a sustituir a los faltistas. Y vino una respuesta fulminante de César Camacho.

``Yo fui vulnerado en mis derechos. Llevo cinco juicios, dos amparos y tres controversias constitucionales. Le estoy pegando a una sarta de mentiras. Porque ha mentido el gobernador. Yo creo que esto no tarda más de 30 a 60 días en resolverse a mi favor''.

-¿Qué le parece la actuación del gobernador?

-El gobernador llega al poder por un efecto de la designación de Emilio Chuayffet, y éste le deja el hueco en la deuda pública. Se estila que quien sigue en el gobierno corrige o soluciona la carga de su antecesor, o limpia lo que el otro deja.

``Camacho Quiroz tiene buen discurso, trilladito, pero le creí. Pero me di cuenta de que no es así, de que se mueve con los hilos que le manejan desde arriba.''

Confiado en que retornará a la alcaldía, Santín refiere que la suplencia de los funcionarios está permitida y ``es una garantía de gobernabilidad'', y aduce: el único que no se suple es al Presidente.