Culminó ayer el primer periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados de la legislatura más plural, esperanzadora e incierta de cuantas había tenido el país: la LVII.

En los tres meses y medio de ese periodo, el trabajo de los diputados federales logró concitar el interés nacional como nunca antes, tanto por las novedades de fondo y forma planteadas desde antes de la constitución formal de la Cámara, la cual terminó realizándose bajo las reglas de los partidos de oposición y con una bancada priísta que, por primera vez en la historia, perdió votaciones significativas.

El carácter inédito de esta situación, la escasa experiencia legislativa de no pocos de los representantes populares, así como los resabios de la subcultura antidemocrática e intolerante, generaron situaciones de crispación nunca antes vistas en el Palacio de San Lázaro, en donde, en el curso de estos tres meses y medio, se llegó incluso en un par de ocasiones a la violencia física, asunto sin duda deplorable desde cualquier perspectiva que se le juzgue. Pero estos hechos constituyen un dato menor, comparados con el gran interés que se suscitó, en amplios sectores de la sociedad, por las labores y los escenarios legislativos.

Lo que empezó con muestras de independencia y autonomía parlamentaria con respecto al Ejecutivo terminó con una alianza de última hora entre el partido del gobierno y el PAN para aprobar, con cambios mínimos, el proyecto de Presupuesto y la Ley de Ingresos presentados por el presidente Zedillo, pacto que, por una parte, ubica en su justa perspectiva las limitaciones del llamado bloque opositor que se conformó en los inicios de la 57 Legislatura, y que comprendía a todo el espectro de la oposición legislativa, y por la otra, obliga a recordar las peculiaridades de Acción Nacional en tanto que una fuerza partidaria ciertamente opositora, pero más proclive que las demás a negociar y convenir con el gobierno y el PRI, tanto en lo que se refiere a posiciones políticas como en lo que respecta a visiones económicas.

En todo caso, así como los acuerdos de PRI y PAN para aprobar el presupuesto no deben necesariamente ser vistos como una más de las concertacesiones que el blanquiazul y el Ejecutivo efectuaron a lo largo del sexenio pasado, la conformación y las acciones conjuntas del bloque opositor --que, formalmente, conserva vigencia en lo que atañe a asegurar la gobernabilidad de la Cámara de Diputados-- no tienen por qué ser consideradas como expresiones de un complot contra el Ejecutivo ni ser aludidas con la equívoca y desafortunada expresión de ``guerrilla institucional''. Uno y otro pacto, una y otra alianza, son manifestaciones de una rutina democrática que empieza a asentarse --con dificultades y retrocesos, ciertamente-- en el país y que no debe alarmar a nadie.

Corresponderá al electorado, finalmente, juzgar y aprobar o castigar lo realizado por cada una de las bancadas en la presente Legislatura.