Prácticamente en todas las regiones del país la inseguridad pública se ha intensificado de manera alarmante. Las trabajadoras de la maquila violadas y asesinadas en Ciudad Juárez, los empresarios secuestrados en la zona metropolitana y las familias asaltadas en casi cualquier capital del interior de la República son parte del mismo mal. En él se suman los efectos combinados de la delincuencia y del incumplimiento estatal de proporcionar a sus ciudadanos seguridad.

Contra lo que pudiera parecer a simple vista, no son los sectores medios de la población los que necesariamente más sufren con la inseguridad pública. La idea de que los pobres, por ser pobres no son víctimas del crimen, no tiene sustento. Y, en las zonas rurales, deben de padecer además grandes deficiencias en la impartición de la justicia y una frecuente violación a sus derechos humanos. Sin embargo, por lo regular, su misma marginación limita las posibilidades de que el resto de la sociedad esté informada de esta situación. Esto es lo que se desprende de un diagnóstico realizado durante los últimos seis meses en ocho talleres sobre derechos humanos, en los que participaron 300 representantes de unas mil comunidades cafetaleras de cinco estados del sur de la República.

Según múltiples testimonios, la inseguridad pública se ha agravado en los últimos diez años. Robos, violaciones a mujeres y abigeato se han extendido en las regiones montañosas donde se siembra café. Con frecuencia los responsables de estos delitos son elementos de la seguridad pública, o delincuentes que actúan en contubernio con ésta, o caciques y sus pistoleros. Pero, también, son gente de la comunidad. Para enfrentar esta situación, en lugares como la Montaña de Guerrero la gente ha organizado su propia policía (Masiosare, No. 3, 7 de diciembre de 1994). La militarización de estas regiones, lejos de solucionar el problema, lo ha agravado.

La impartición de la justicia es sumamente deficiente. Las agencias del Ministerio Público son escasas y se encuentran lejos de las comunidades montañosas. Con frecuencia los castigos que se imponen a los delincuentes son leves, de manera que éstos quedan libres con facilidad y regresan a sus fechorías. A los ojos de los pobladores de estas regiones se requerirá simultáneamente de castigos más severos y de medidas de rehabilitación. Multitud de delitos se quedan sin sanción. Pero en los lugares que conservan vivos sus sistemas normativos y las autoridades locales imparten justicia, es común que éstas sean perseguidas y castigadas por las autoridades estatales y federales con penas mucho más drásticas que las que se impone a los delincuentes. Curiosamente, en la legitimación de esta conducta juegan un papel muy importante las comisiones de derechos humanos gubernamentales en los estados. Sin embargo, a pesar de ello, se observa en muchas comunidades una tendencia más o menos vigorosa a recuperar o a crear nuevos mecanismos de impartición de justicia.

La violación a los derechos humanos en estas regiones es frecuente. Los casos de dirigentes sociales acusados penalmente o incluso encarcelados por encabezar movilizaciones para tratar de resolver demandas económicas son comunesn. En los últimos cuatro años se han intensificado los interrogatorios de militares y policías a la población civil argumentando la existencia de guerrillas o narcotráfico. Incluso, en los límites que separan Chiapas de Oaxaca, se ha decomisado literatura política por considerarla subversiva. La presencia del Ejército ha limitado la libertad de tránsito pero no ha impedido el surgimiento de grupos paramilitares y, al contrario, éstos han proliferado en donde la presencia de las tropas se ha vuelto un hecho cotidiano.

Aunque en estas regiones la impartición de la justicia fue siempre muy limitada y la violación a los derechos humanos fue una constante, la reducción de los recursos públicos canalizados al campo y el desmantelamiento de las instituciones que trabajan en el sector, el deterioro de la base productiva de las comunidades, y la militarización, han profundizado los niveles de inseguridad pública y de falta de justicia. La delincuencia no sólo opera en las grandes ciudades ni sólo ataca a las clases pudientes. La lista de deberes incumplidos en esta área por parte del Estado mexicano es muy grande. Que nadie se llame a engaño entonces si la nueva ciudadanía que emerge en aquellas regiones decide tomar el asunto en sus manos.