``La represión'', desde que la región loxicha fue considerada eperrista, señalan habitantes

Víctor Ruiz Arrazola, corresponsal, La Sirena, Loxicha, Oax., 15 de diciembre Ť Las casas de barro y palma en esta pequeña región de la Sierra Sur, semidestruidas por los huracanes Paulina y Rick, sólo son habitadas de noche por mujeres, niños y ancianos, pues cientos de hombres se dirigen a dormir al monte ante el temor de que regresen los soldados y policías judiciales en busca de presuntos miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Manuel Zárate, quien dijo ser vocero de la Unión de Pueblos de Loxicha contra la Represión, cubierto el rostro con un pañuelo, expuso que alrededor de 600 hombres de varias comunidades ``viven'' en el monte, número que aumenta cuando se sabe de que ``los ejércitos y la policía van a realizar otro operativo, pues de 1996 a la fecha han efectuado unos 300''.

El pasado fin de semana se congregaron aquí unas 800 personas, entre hombres, mujeres y niños, originarios de 13 comunidades, para encontrarse con representantes de diversas organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, provenientes de Oaxaca, del Distrito Federal y de otras entidades.

La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Federación Latinoamericana de Familiares de Presos y Desaparecidos Políticos, así como estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, entre otros, arribaron a esta comunidad.

Su finalidad fue conocer testimonios y denuncias de la represión contra los zapotecas de esta zona desde septiembre de 1996, cuando el gobierno señaló la región de los Loxicha como centro de operaciones del EPR e identificó al regidor de Hacienda del ayuntamiento de San Agustín Loxicha, Elías Martínez, como uno de los guerrilleros que cayó muerto la madrugada del 29 de septiembre en La Crucesita, Huatulco, cuando el grupo rebelde atacó a la policía.

A partir de entonces iniciaron las incursiones policiacas y militares con resultado de unos 150 zapotecos detenidos, de los cuales consignaron a 82 por 11 delitos, entre los que destacan sedición, rebelión, terrorismo, homicidio calificado. Según la Unión de Pueblos de Loxicha contra la Represión, aún existen unas 250 órdenes de aprehensión pendientes.

La caravana de activistas salió de la ciudad de México el viernes 12 de diciembre y llegó a este poblado el día 14.

Las familias procedentes de 13 rancherías de los alrededores vieron llegar a los integrantes de la caravana después de 18 horas de espera. Cuando el acto de recepción de quejas y denuncias estaba por comenzar, una noticia las llenó de pánico y en menos de cinco minutos huyeron al monte.

Los guardias comunitarios habían detectado que se aproximaba una camioneta con policías judiciales y preventivos ``y si ellos vienen hay que correr, porque nos vienen a detener'', dijo un hombre que cargó a su pequeña hija y se alejó velozmente. Fernández y Angélica Ayala, presidente y vicepresidenta de la Limeddh, entre otros, salieron al encuentro de los policías.

Al entrevistarse con ellos, el comandante les comentó que sólo se trataba de un recorrido de rutina y que los acompañaba un agente del Ministerio Público, pero que no tenían la encomienda de ejecutar órdenes de aprehensión -al menos en ese momento-, por lo que después de conocer el motivo de la presencia de ``gente extraña'' en la comunidad optaron por retirarse.

Media hora después habían regresado, uno por uno, los que corrieron para no ser detenidos y el acto pudo comenzar, para lo cual todos los hombres, la mayoría de mujeres y algunos niños se cubrieron el rostro con pañuelos, ``por su seguridad''.

Relación de los ejecutados

Estela, miembro de la Unión de Pueblos de Loxicha contra la Represión y esposa de un zapoteco ``asesinado por judiciales durante un operativo'', leyó la relación de hombres que al igual que su marido ``han sido ejecutados después de ser torturados por la policía''.

Adrián Sebastián, de 26 años, de Llano Maguey, fue muerto y torturado por policías judiciales, quienes informaron después que había fallecido en un accidente en la carretera Miahuatlán-Oaxaca.

Gaudencio Pacheco, de 90 años, originario de La Sirena, murió por golpes de culatazos de policías judiciales y pistoleros.

A Eustorgio Ambrosio, originario de Magdalena Loxicha, se le aplicó la ley fuga, de la cual salió herido, pero murió en el hospital de San Pedro Pochutla una semana después.

Celerino Jiménez Almaraz, de 26 años, de la comunidad de Copalita, fue herido en su domicilio, después fue arrastrado, torturado y castrado por elementos de la Policía Judicial y pistoleros de la región.

Pedro Hernández Monjaraz, de 55 años, originario de la comunidad de Río Granada, fue asesinado por policías judiciales y preventivos, quienes le dispararon más de 50 balazos. Después lo llevaron al cementerio, donde pistoleros de la región y judiciales impidieron que sus familiares lo enterraran.

Octavio Monjaraz, de 27 años, de la comunidad de Río Granada, fue asesinado en Río Sapo por la policía y pistoleros. Hermenegildo Monjaraz, murió en su domicilio tiroteado por pistoleros comandados por Lucio Vázquez.

El día 28 de noviembre de 1997 fue asesinado por sicarios Agustín Juárez, de 32 años, en Río Platanillo, perteneciente a la Sirena, originario de esa misma comunidad.

También se recordó en ese acto la muerte del ex diputado federal Luis Sánchez Aguilar, quien recientemente perdió la vida en un accidente automovilístico.