Hoy, 12 meses de las observaciones presidenciales al anteproyecto de Cocopa
José Gil Olmos Ť Hace exactamente un año, en un mensaje secreto, el presidente Ernesto Zedillo envió al Ejército Zapatista de Liberación Nacional sus ``observaciones'' o ``contrapropuesta'' al anteproyecto de ley en materia de derechos y cultura indígenas que elaboró la Cocopa con base en los acuerdos alcanzados al respecto en el diálogo de San Andrés entre el EZLN y el gobierno federal.
De entonces a la fecha, no sólo el diálogo en Chiapas se suspendió, sino que el proceso de negociación se atascó con sus respectivas consecuencias de crisis, desgaste y decesos en las comunidades indígenas simpatizantes del grupo rebelde.
Hoy, al cumplirse el primer aniversario del documento presidencial, las instancias gubernamentales señalan que se requiere de ``pasos audaces'' de ambas partes para recuperar el proceso de negociación.
Lentamente ha transcurrido un año desde que el presidente Zedillo emitió su postura a las ``dudas'' que tenía de la iniciativa que elaboró la Cocopa sobre derechos y cultura indígenas, que implica cambios a los artículos constitucionales 4, 18, 26, 53, 73, 115 y 116.
Las ``dudas'' presidenciales se convirtieron en un documento que llevó el título de ``Propuesta del gobierno de reformas constitucionales en materia de derechos de los pueblos indígenas'', en la cual se contenía, entre otras, una negativa principal: la propuesta de `establecer ``sistemas normativos'' propios para las comunidades indígenas del país.
Esta es, según han reiterado las instancias oficiales, la razón de fondo de la discrepancia con el EZLN, porque con el tiempo daría lugar a posibles ``fracturas'' en el Estado nacional, es decir, la creación de ``estaditos'', como lo expresó en su momento el jurista Ignacio Burgoa Orihuela.
Sin embargo, el EZLN, partidos políticos -como el PRD-, juristas, expertos y líderes indígenas han reiterado con insistencia que de ningún modo se pretende una separación de los territorios indígenas al pacto nacional.
Un análisis de la directiva zapatista al documento presidencial -dado a conocer públicamente por el EZLN el 11 de enero de este año-, señala al respecto la diferencia de concepción entre la iniciativa de la Cocopa y la del Ejecutivo federal:
``La propuesta de la Cocopa reconoce la comunidad como entidad de derecho público, tal y como se había acordado en San Andrés. La propuesta gubernamental, en cambio, la considera de interés público. Lejos de reconocer la personalidad jurídica de las comunidades, en un rango asociado con su autonomía y la estructura del Estado, las expone a formas de regulación gubernamental como las empleadas con la industria de la masa y la tortilla, considerada de `interés público''.
Para el EZLN esta concepción oficial elimina la ``precisión de que uno o más pueblos indígenas puedan asociarse'', se restringe la dimensión pluriétnica de la autonomía y se abre la posibilidad de crear ``reservaciones en las se podrían privilegiar el etnicismo o la pureza de sangre, en vez de abrir las puertas para desarrollar una cultura de tolerancia y respeto a la diversidad''.
Las discrepancias sobre los derechos y cultura indígenas se mantienen entrampadas desde entonces. Las partes han expresado que no se pretende renegociar los acuerdos de San Andrés pactados el 16 de febrero de 1996 tanto por el EZLN como por el gobierno federal.
Sin embargo, a un año de distancia de haberse emitido la postura oficial, el conflicto chiapaneco tiene nuevas caras y otros actores que se entrelazan hasta crear un complejo nudo que requiere más que ``pasos audaces'' de las partes, propuestas políticas de solución inmediata de fondo.