Hoy se cumple un año de la presentación, por parte del Ejecutivo federal, de una contrapropuesta a la iniciativa de ley en materia de derechos y cultura indígenas formulada en noviembre de 1996 por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa). Esta acción gubernamental significó el rechazo y la anulación de facto tanto de los acuerdos alcanzados por la delegación oficial y el EZLN durante el proceso de negociación de San Andrés como del documento de la Cocopa, que los recogía. Este escenario de desencuentros e incertidumbre, a su vez, originó el empantanamiento del diálogo de paz en Chiapas, exacerbó la violencia y agudizó el fenómeno de descomposición social --con nefastas consecuencias y costos humanos terribles-- en ese estado del sur del país.

En su momento, el gobierno federal esgrimió una serie de razones para justificar la redacción de una nueva iniciativa, sustancialmente distinta y desapegada de los acuerdos de San Andrés. En primer lugar, se señalaron los riesgos que, según la óptica del Ejecutivo, tendría para la soberanía y la integridad nacionales la concesión de autonomía a las comunidades indígenas en los términos fijados en la propuesta de la Cocopa. En segundo término se mencionó la necesidad de incorporar a la iniciativa de ley las consideraciones resultantes de la consulta pública en materia de derechos y cultura indígenas realizada por la Secretaría de Gobernación y el Congreso para que el proyecto legislativo, por su alcance nacional, no recogiera únicamente las premisas resultantes del diálogo en Chiapas.

Sin embargo, cabe señalar que ninguno de los argumentos enunciados por el Ejecutivo fueron demostrados con suficiencia a lo largo del año transcurrido desde su formulación. Por una parte, la consideración de que conceder márgenes de autonomía a las comunidades indígenas conduciría a la balcanización del país y a la reaparición de fueros y privilegios contrarios al orden jurídico nacional no ha resistido el análisis y la crítica de múltiples actores y organizaciones de diferentes orientaciones políticas.

Tampoco se ha demostrado que la existencia de regiones indígenas con autonomía acotada a ciertos aspectos relacionados con sus usos y costumbres y al derecho de usufructo de los bienes naturales localizados en el territorio donde residen contraviene el espíritu de la Constitución de la República. Y en el entendido de que los resultados de la consulta pública ya citada no eran distintos en sus aspectos sustanciales a los del diálogo de San Andrés, las consideraciones del gobierno federal en este aspecto tampoco se sostienen. A fin de cuentas, ni la propuesta de la Cocopa ni la del Ejecutivo fueron llevadas al pleno del Congreso para ser dictaminadas y votadas.

Hay que señalar que, por el contrario, el impasse en el que se ha mantenido el proceso de paz en Chiapas resultante de la contrapropuesta gubernamental en cuestión sí ha tenido consecuencias terribles para las comunidades de la región y, en ello, las autoridades federales y locales deben reconocer, y asumir, su responsabilidad.

El exacerbamiento de la violencia por motivos políticos, económicos o religiosos, la actividad criminal descontrolada de guardias blancas y grupos paramilitares en las regiones del norte y los Altos de Chiapas, el desplazamiento de miles de indígenas de sus lugares de origen --refugiados en condiciones infrahumanas e indignantes-- y la palpable descomposición política y social en la región son evidencias incontestables de los elevadísimos costos sociales y humanos que tuvo la determinación del Ejecutivo federal. Al mismo tiempo, el rechazo del documento de la Cocopa mermó considerablemente la capacidad de acción e interlocución de esta instancia legislativa fundamental para el proceso de paz.

En esta perspectiva, sólo con el retiro de la iniciativa presidencial y la reactivación de la propuesta de la Cocopa --y, por ende, de los acuerdos de San Andrés-- será posible sentar las bases para reanudar el proceso de paz en Chiapas sobre la base del consenso y el diálogo plural, restaurar el desgarrado tejido social chiapaneco, desactivar a los grupos paramilitares, atender las causas de fondo del levantamiento zapatista --la marginación, la miseria, la explotación y la falta de educación y salud que agobian a las comunidades indígenas--, y devolver a los pueblos indios de México la dignidad, la justicia y las oportunidades de vida a las que tienen legítimo derecho.