Gilberto López y Rivas
Chiapas: la guerra por otros medios
A unos días de que se cumplan cuatro años de la rebelión de los mayas zapatistas, no sólo no se han resuelto los problemas que dieron origen a la insurrección sino que ahora las comunidades indígenas padecen, además, las consecuencias de una estrategia de guerra de contrainsurgencia.
El gobierno, incapaz y sin voluntad política para la transición democrática, ha seguido una política de desgaste de todos los actores involucrados en el diálogo suspendido y, sobre todo, ha puesto en práctica una bien calculada guerra por otros medios: la acción paramilitar. Los ya numerosos grupos de naturaleza paramilitar combaten en el frente de las bases de apoyo, minando la subsistencia misma de las comunidades, asesinando, provocando, desplazando poblaciones, haciendo pagar caro las lealtades zapatistas, realizando las labores de represión y vigilancia que no pueden hacer abiertamente el Ejército Mexicano y las policías locales.
Por su parte, las fuerzas armadas regulares estrechan su cerco e intensifican su vigilancia aérea y de inteligencia, así como sus patrullajes sobre los insurgentes, sobre las comunidades de la zona de conflicto, construyendo nuevos campamentos, todavía más cercanos de las posiciones de montaña, preparadas para la eventualidad de un ataque selectivo sobre la dirigencia del EZLN.
Paralelo a estas acciones objetivas, el gobierno maneja un discurso contradictorio y demagógico, utilizando una cantaleta en el sentido de estar ``dispuestos a cumplir con los Acuerdos de San Andrés'' y utilizando a Pedro Joaquín Coldwell para, incluso, reconocer la liquidez del agua: o sea, que la autonomía no es un peligro para la unidad nacional, mientras quienes realmente toman las decisiones no hacen nada para quitar los corchetes impuestos por el Ejecutivo el 20 de diciembre de 1996 a la propuesta de Cocopa para la reforma constitucional en materia de derechos indígenas.
La Cocopa, mientras tanto, sufre una parálisis producto de sus contradicciones internas y de su incapacidad para superarlas, obligando al gobierno a cumplir lo pactado en San Andrés y llevando su propuesta al Congreso de la Unión. A las críticas en blanco y negro de todas direcciones, se suman los límites de la lucha por la democracia en la coyuntura actual en la Cámara de Diputados que no cuenta con el apoyo y la presión de un movimiento de masas capaz de empujar la balanza hacia los intereses nacionales y populares.
Por si fuera poco, la Conai ha entrado en una crisis que sólo sus integrantes podrán resolver, a lo que se suma un nuncio papal para quien el artículo 33 constitucional parece no importarle, ya que incluso cuenta con el apoyo del propio gobierno para su violación. Tan celosos la Cancillería y Gobernación para expulsar ciudadanos modestos que vienen con el afán de ayudar a las comunidades indígenas, y tan complacientes para quienes les apoyan en la consolidación de las estrategias gubernamentales.
Pese a todo, el EZLN durante este año parece haber entrado en un proceso de consolidación interna y de audaces iniciativas políticas como la de los 1,111 zapatistas viajeros, pero sobre todo, y esto parece haber provocado la ira máxima del gobierno, la del establecimiento de los municipios autónomos que significan, no hay que dudarlo, una derrota para el gobierno. Es por ello que el doctor Ernesto Zedillo debe entender que su estrategia no está dando los resultados deseados y que, tarde o temprano, deberá respetar los acuerdos firmados y entrar en reales negociaciones con los zapatistas.