Salvo los delincuentes organizados, el resto de los mexicanos estará de acuerdo con el abogado Ignacio Burgoa en que la delincuencia organizada pone en grave peligro a la población, principalmente a la del Distrito Federal. Quien no reconozca este hecho pasaría, según dijo el abogado defensor de causas conservadoras y hasta regresivas, por ``mentecato'' o ``ciego''.

Pero también puede pasar por Burgoa quien se sume al proyecto enviado por la Barra Nacional de Abogados al presidente Zedillo, en el que se propone les sean suspendidos sus derechos humanos a los delincuentes organizados.

La inspiración del proyecto es tanto la barbarie cuanto la incapacidad de ciertos abogados para nutrir sus propuestas de la realidad en que viven. Su método es el sofisma vestido de silogismo: ``Para ser titular de un derecho, se necesita ser humano (sic), ser hombre (sic again, Jack). Y, el que no es hombre, por su conducta o comportamiento antisocial peligroso, ése no tiene ni siquiera derechos humanos''. Silogismo, preclara advertencia de jubilación y admonición pedagógica para quienes defiendan los derechos humanos: ``Que lo sepan muy bien las comisiones de Derechos Humanos y que estudien la filosofía del Derecho''.

Sería importante que la Barra Nacional de Abogados y su cruzado Burgoa nos dijeran dónde estudiar filosofía del Derecho. Hay quienes la han estudiado y ofrecen argumentos racionales, se apoyan en autoridades reconocidas, citan fuentes; en fin, todo aquello que puede servir para llegar a la comprensión de lo que es el Derecho y sus áreas específicas como es la de los derechos humanos. Pongo un ejemplo: Agustín Basave Fernández del Valle, filósofo que ha profundizado en el estudio del Derecho, entre otras disciplinas.

Recientemente, el filósofo Basave dio a la luz un ensayo titulado Meditación sobre la pena de muerte. Su lectura vale la pena. Al pronunciarse en contra del sumum supplicium apela a juicios teológicos, filosóficos, humanistas, de derecho objetivo, constitucional e internacional.

En su argumentación, Basave es sólido: los derechos humanos, como es el derecho a la vida, son intrínsecos al hombre y nadie, ni el Estado, debe suprimirlos. Estos derechos son congénitos, universales, absolutos, necesarios, inalienables, inviolables e imprescriptibles. Advierte que tales derechos no deben menoscabar los legítimos intereses de la sociedad. Opina, no obstante, que quienes aparecen como delincuentes suelen ser los más pobres, y que quienes imponen las penas son hombres cuyos errores al imponerlas son frecuentes.

En su meditación, Basave es claro en cuanto a las raíces sociales e históricas del delito: ``todo delito --dice-- denota defectos y desequilibrios en la estructura de la sociedad donde se produce. En consecuencia, la sociedad debe también responder, de algún modo, de la represión de este hecho social ilícito''.

Es cierto, la criminalidad en México ha adquirido niveles alarmantes. Pero este incremento ha tenido causas que los Burgoas no se han tomado la molestia de examinar: el desplome del ingreso de la mayoría, la corrupción de las autoridades, la cotidiana venalidad en miembros y sectores del Poder Judicial, la impunidad de incontables funcionarios y particulares encumbrados responsables de fechorías.

La suspensión de los derechos humanos de los individuos indiciados o procesados por asociación delictuosa no sería sino un arma vengativa en manos de un poder incapaz aun de ceñirse a las exigencias de un Estado legítimo y legal. Los informes de Americas' Watch o Aministía Internacional, o reportajes como el que en estos días publicó en The Washington Post sobre la corrupción del aparato judicial no pueden tomarse como verdades reveladas, pero sí como indicios de que las violaciones estatales a las leyes son tanto o más alarmantes que el auge criminal.

En una ojeada a nuestra justicia, la evidencia nos cegaría con la efectividad de un flash: el crimen organizado ha pasado en las madejas más gruesas por manos de delincuentes con placa, arbitrarios de toga y genocidas con la banda tricolor sobre el pecho.

Medida oportunista la de quienes proponen esa suspensión, sólo serviría para aplacar momentáneamente el clamor público y acaso para engrosar las filas de los sobornables. No para combatir eficazmente la delincuencia organizada.

Los Burgoas, como en otras ocasiones, se equivocan: sólo ven delitos y delincuentes, y omiten el contexto social del país, la feroz desigualdad social, la complicidad entre ciertas autoridades y el hampa; omiten por tanto las soluciones económicas, sociales y políticas. No dejan de jugar, seniles, a policías y bandidos.