02Las declaraciones del senador Paul Coverdell, presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado estadunidense, acerca de la supuesta ``insuficiencia'' de los esfuerzos mexicanos en materia de combate al narcotráfico, hacen prever un nuevo periodo de agresiones y presiones contra México en los primeros meses del año que está por iniciar, en vísperas de los procesos de certificación con que Washington evalúa, de manera abusiva e injerencista, el desempeño de otros países en el ámbito de la guerra contra las drogas.

El propio legislador señaló, de hecho, que el debate en el Capitolio sobre el caso de nuestro país será ``volátil'', lo que en lenguaje llano significa una probable escalada de acusaciones y de juicios intervencionistas sobre las acciones que el gobierno de México realiza para erradicar la producción y el tráfico de estupefacientes.

Para poner estos procedimientos de certificación en su justa perspectiva, ha de señalarse que el punto menos importante en ellos es su apego o desapego a la realidad y la justeza o no de los informes, elogios y acusaciones que se vierten durante las audiencias respectivas.

El hecho nodal es que se trata de prácticas de chantaje contra otras naciones, prácticas contrarias al derecho internacional y al respeto a la soberanía y a la autodeterminación. Por una parte, es claro que los debates entre la Casa Blanca y el Congreso son instrumentados por Washington como factores de presión política para obligar a otros países a efectuar concesiones y cesiones en materia de soberanía e integridad territorial. Por la otra, el desempeño del gobierno mexicano en materia de combate a las drogas debe ser juzgado única y exclusivamente por la sociedad mexicana, por lo que resulta inaceptable que un Estado extranjero pretenda erigirse en tribunal de nuestras instituciones.

En otro sentido, no deja de resultar paradójico que sectores crecientes de la clase política estadunidense -como el declarante mencionado- admita, por un lado, que ``la lucha (contra las drogas) tiene que ser ganada dentro de Estados Unidos'', y por el otro, que Washington siga empeñándose en mantener los abusivos procesos de certificación de otras naciones, los cuales no contribuyen en nada a los esfuerzos multilaterales de erradicación del narcotráfico y, en cambio, enrarecen y envenenan, innecesariamente, las relaciones bilaterales.

Con estas consideraciones en mente, se hace evidente la necesidad de que tanto las autoridades como la sociedad se preparen a afrontar la nueva escalada de hostigamiento que se prefigura en las declaraciones de Coverdell. Para ello se requiere que las políticas y las acciones gubernamentales en esta materia conciten el consenso y el respaldo de la sociedad, y que la defensa de la soberanía sea vista como una de las prioridades en los meses que vienen.