Antes con un partido (PRI) y ahora con dos (PRI y PAN), el Presidente de la República sigue legislando y ejecutando -según las adaptaciones que le dicta la conveniencia política- las leyes elaboradas en sus propias oficinas.

No se ha podido cumplir, dentro de la desvaída reforma del Estado, con la división de poderes ni con la necesaria acotación del presidencialismo, algunas de cuyas excesivas facultades, por razones históricas y de equilibrio político, deben ser recuperadas por el Poder Legislativo.

La Cruzada Democrática Nacional organizó hace dos semanas un interesante foro en el que fue enérgicamente cuestionado desde diferentes ángulos el contenido punitivo de la iniciativa presidencial de reformas a la Constitución, a diversas leyes y a los códigos Penal y de Procedimientos Penales, con el sedicente propósito de contener la creciente criminalidad que asuela al país.

En esa cuestión, Mireille Roccatti, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al calificar de ``retroceso'' la iniciativa enviada al Senado hizo un llamado a ampliar las facultades de la CNDH para conocer de asuntos en materia laboral y en aquellos relacionados con el Poder Judicial de la Federación.

Tanto en su juicio sobre la iniciativa como en su llamado, a Roccatti le asiste la razón. El camino tan sobado como fácil de apelar a un endurecimiento de las penas para contener la delincuencia siempre se ha mostrado tan ineficaz en alcanzar el objetivo propuesto como socialmente represivo. Inspirado en un pensamiento de derecha, su finalidad oculta es el cuidado de los intereses de los ricos para mantener sojuzgados a los pobres llenando las cárceles de ellos a título de escarmiento científico. Y en cuanto a la ampliación de las facultades de la CNDH, nada parece más procedente.

De hecho, Mireille Roccatti se quedó corta. Tanto por su origen como por sus funciones, la CNDH debiera convertirse en un organismo nombrado por la Cámara de Diputados, y no por el Presidente de la República, y ser lo que es en la tradición escandinava: un brazo del Poder Legislativo encargado de supervisar todos los actos de la administración. El famoso ombudsman que, de manera concisa, han definido Norberto Bobbio y Nicola Matteucci: ``órgano vinculado al Poder Legislativo, sin atribuciones de control político, garante del correcto uso del poder administrativo, integra formas insuficientes de tutela administrativa y jurisdiccional de los intereses de la colectividad''.

Me adelanto a la crítica: ¿por qué copiar de tradiciones ajenas? Siempre hemos copiado: no de aquellas con mayor espíritu democrático, sino de las que entrañan un claro sentido autoritario. Napoleón -y no una figura parlamentaria- es la estatua reverenciada en los despachos de abogados y en el corazón de la mayoría de los políticos mexicanos.

Mientras el Poder Legislativo no rescate su papel de representante del pueblo y su fuerza no la pueda hacer valer sino para gritar, la transición democrática y la reforma del Estado seguirán siendo lo que hasta ahora: un gigante que presume sobre zancos.