Sedena: penas hasta de 50 años a soldados secuestradores

Gustavo Castillo García Ť Los militares de la Quinta Región Militar involucrados en el secuestro y tortura de 19 jóvenes, así como el homicidio de otro más en el estado de Jalisco, podrían alcanzar hasta 50 años de cárcel, afirmó el procurador de Justicia Militar, general Marcial Rafael Macedo de la Concha.

Durante la noche del domingo 14 y la madrugada del 15 de diciembre, un grupo de soldados cubiertos del rostro, fuertemente armados y a bordo de vehículos militares, detuvieron y secuestraron a 20 jóvenes de la comunidad de San Juan de Ocotán, Jalisco, aparentemente para localizar a una pandilla de muchachos que horas antes le habían robado su pistola a otro militar.

De los 20 secuestrados, 19 regresaron a sus hogares el 18 de diciembre, sin embargo, el faltante, de nombre Salvador Jiménez López, fue hallado en una fosa clandestina en el municipio de Guachinango, Jalisco.

Las investigaciones hasta el momento señalan que los militares portaban uniformes de color azul oscuro, como los empleados en las fajinas para detener a los muchachos, torturados y posteriormente liberarlos.

Ante las denuncias presentadas por los familiares de los detenidos, la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco inició las investigaciones correspondientes y fue hasta el 20 de este mes cuando oficialmente el general Eulalio Fonseca Orozco, jefe de la Quinta Región Militar, reconoció la participación de elementos militares en los hechos.

Este lunes, el general Macedo de la Concha informó a La Jornada que el secretario de la Defensa Nacional, general Enrique Cervantes Aguirre, ordenó ``una investigación profunda en la que están por aparecer las causas de fondo por la que los militares cometieron los delitos''.

Indicó que hasta el momento ``se desconoce el total de elementos de la Sedena que participaron en los hechos, pero que todos serán detenidos y consignados''.

Macedo de la Concha dijo que la sentencia que dicten los tribunales militares a los participantes de los hechos, podría alcanzar los 50 años de prisión, pues entre los delitos cometidos se encuentran homicidio calificado, tortura, privación ilegal de la libertad y violencia contra las personas.

Aseguró que ``contra los responsables de los hechos se actuará con apego a derecho y con todo el rigor de las leyes civiles y militares''.

Mencionó que por ser delitos cometidos por militares en activo y en funciones, es competencia de los tribunales militares conocer y dictaminar al respecto.

A su vez, el secretario de Marina, José Ramón Lorenzo Franco, calificó el hecho de ``delicadísimo'', en caso de comprobarse la participación de militares en los hechos.

En tanto, fuentes de la Procuraduría General de la República mencionaron que esa dependencia no actuará en este caso, porque no tiene facultades para hacerlo, ya que los militares actuaron bajo ese fuero y corresponderá a la Sedena juzgarlos.

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, María Guadalupe Morfín, exigió que el castigo a los culpables del asesinato de Salvador Jiménez López, en San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, ``abarque a las jerarquías medias y superiores'' del Ejército Mexicano.

Por su parte, anoche el noticiario Para Usted, difundió la versión de que la Quinta Región Militar asentada en la entidad, aceptó poner a disposición de la justicia civil a 12 de los presuntos responsables.

Morfín pidió que se garantice a los pobladores de dicha jurisdicción seguridad pública, calidad de vida e integración vecinal. Su declaración fue difundida ayer ``a solicitud'' de la ombudsman por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sin que esta instancia definiera alguna posición al respecto.

Jiménez López, de 25 años de edad, fue encontrado muerto luego de un operativo a cargo de la Quinta Región Militar asentada en Jalisco el pasado día 15 del mes. El suceso fue comparado por Morfín con el caso de la colonia Buenos Aires en la capital del país.

Por ello demandó que al fincar responsabilidades sobre los acontecimientos -en que también se registró allanamiento de siete viviendas, secuestro y tortura de 19 jóvenes en el lugar, sitio de residencia de muchos militares- la investigación ``no se detenga en increíbles niveles inferiores, sino que abarque explicables jerarquías medias y superiores, dada la magnitud de tan tenebrosa coordinación''.

Además, según el comunicado de la CNDH, la responsable estatal de la procuración de los derechos humanos calificó de ``rápida y positiva'' la respuesta del secretario de la Defensa Nacional, quien hizo saber su decisión de que las corporaciones castrenses investigaran a fondo y castigaran a los culpables.

Por otra parte, Morfín solicitó al presidente municipal de Zapopan, José María Hernández Quintero, que obtenga de su jefe de policía una explicación satisfactoria para toda la comunidad ``de por qué su corporación se abstuvo de intervenir en los hechos el 14 de diciembre, cuando un grupo de militares vestidos de negro irrumpió en el poblado para identificar a los autores del robo de una pistola''.

Dijo que los asesinos del joven de San Juan de Ocotán ``demuestran un desprecio absoluto por la democracia y la soberanía del pueblo expresadas en la Constitución federal y el sistema jurídico que en ella se cimenta''.

Añadió que este tipo de acciones ``lesionan las posibilidades de confianza en las instituciones y ponen de manifiesto que colocan en primer lugar un supuesto derecho a una venganza extrajurídica por encima del derecho a la seguridad, la integridad física y la vida, de toda una comunidad''.

Morfín indicó que la tarea de la Comisión de Derechos Humanos a su cargo ``no sería justa si dejara de reconocer que ante el agravio, que salió a la luz pública el 16 de diciembre, su reclamo encontró eco en el titular del Poder Ejecutivo del estado, quien ordenó proceder con rigor en la investigación y preservar el estado de derecho''.