Ordena Zedillo a la PGR atraer la investigación de los hechos
Nada justifica este ``cruel e inaceptable acto criminal'', expuso

David Aponte Ť El presidente Ernesto Zedillo dio instrucciones al procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, para que atraiga el caso de los indígenas asesinados en Acteal, Chiapas, y solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que brinde asistencia humanitaria a las comunidades de la zona.

En un mensaje a la nación, manifestó que no existe ninguna causa, ninguna circunstancia que pueda justificar este ``cruel, absurdo, inaceptable acto criminal'' cometido en contra de un grupo de personas, en su mayoría mujeres y niños.

``Quienes han participado en la planeación y ejecución de este crimen deben recibir todo el peso de la ley, con independencia de su condición social, política o religiosa, ya que nada puede justificar la atrocidad que han cometido'', expuso.

Desde el despacho presidencial, Zedillo hizo un nuevo llamado al diálogo y a la conciliación con el propósito de alcanzar la paz en Chiapas. El gobierno tiene una voluntad indeclinable para lograr acuerdos en el marco de la Constitución, dijo.

Los acontecimientos ocurridos el lunes por la tarde en el municipio de Chenalhó provocaron una intensa actividad en la residencia oficial de Los Pinos y la suspensión del mensaje navideño del presidente Zedillo, programado para los días 23 y 24 de diciembre en las diferentes estaciones de televisión.

Entre las 14:00 y 15:00 horas, los secretarios de la Defensa Nacional, general Enrique Cervantes Aguirre, y de Gobernación, Emilio Chuayffet, acudieron a la residencia presidencial a una reunión del gabinete de seguridad.

La oficina de prensa de Los Pinos dio a conocer que el mandatario ofrecería un mensaje a la nación con motivo del asesinato de indígenas en Chiapas. A las 15:15, el presidente Zedillo apareció ante las cámaras de televisión y habló durante tres minutos y medio.

A continuación, el mensaje íntegro:

Buenas tardes:

Los acontecimientos del día de ayer en la comunidad de Acteal, Chiapas, donde un grupo de personas, en su mayoría mujeres y niños, fueron asesinados cruelmente, constituyen un hecho que llena de luto a toda la nación; es un hecho que nos duele y agravia a todos los mexicanos.

El pueblo de México rechaza la violencia bajo cualquiera de sus formas y más aún cuando ésta se dirige contra mujeres y niños. No existe ninguna causa, ninguna circunstancia que pueda justificar éste o cualquier acto de violencia. La violencia es, por definición, un acto criminal, y eso fue lo que ocurrió el día de ayer en Acteal: un cruel, absurdo, inaceptable acto criminal que sólo puede tener como respuesta la aplicación más firme y severa de la justicia.

Quienes han participado en la planeación y ejecución de este crimen deben recibir todo el peso de la ley, con independencia de su condición social, política o religiosa, ya que nada puede justificar la atrocidad que han cometido.

El gobierno de la República no permanecerá pasivo ante estos graves acontecimientos. Escuchamos y atenderemos el reclamo de todos los mexicanos por el pleno esclarecimiento de los hechos y el fincamiento cabal de responsabilidades.

En consecuencia, he instruido al procurador general de la República para que la investigación y la persecución de los delitos cometidos se atraigan a la competencia federal. He ordenado que no se escatime recurso alguno para lograr la identificación y el castigo de los culpables de este crimen.

Asimismo, he solicitado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que preste su apoyo y asistencia humanitaria a las comunidades de la zona donde se han presentado los hechos de violencia.

Estos son sólo los primeros pasos de muchos que habrán de darse para evitar que este crimen derive en más hechos de violencia en las comunidades de esa zona del estado de Chiapas.

El gobierno federal le ha expresado al gobierno del estado de Chiapas su interés y decisión de coadyuvar en todas las acciones que se determinen necesarias para prevenir otros enfrentamientos entre grupos de la zona, ya que los acontecimientos han mostrado que los recursos en este momento a disposición del gobierno del estado son insuficientes para procurar las condiciones de seguridad que requiere la población. De ahí la determinación del gobierno federal de otorgar todo el apoyo necesario a las autoridades estatales.

Los acontecimientos de Acteal otorgan una razón muy triste, pero muy poderosa, para hacer un nuevo llamado al diálogo, la conciliación y la paz en el estado de Chiapas.

El gobierno de la República reafirma su indeclinable voluntad de llegar a acuerdos que dentro del marco de la Constitución, que debe regir a todos los mexicanos, establezcan las condiciones para que en todo el estado de Chiapas haya tranquilidad y se superen los problemas sociales, y las ancestrales injusticias que están en la raíz de muchos de los hechos de violencia que han sufrido los chiapanecos en los últimos años.

La tragedia, que hoy lamentamos con todo nuestro dolor, lejos de sembrar más odio y división entre los chiapanecos, debe impulsarnos a todos hacia el camino del rechazo a la violencia, del entendimiento y de los acuerdos para lograr la paz y la justicia social en todo el estado de Chiapas.

Gracias por su atención.

Movilizan personal médico-militar a Chiapas

En el curso del día de ayer se observó una gran movilización en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional en la ciudad de México, sobre todo después de la visita del general Cervantes Aguirre a la residencia oficial de Los Pinos.

Asimismo, se conoció que una cantidad importante de personal médico-militar y paramédico recibió instrucciones para trasladarse de inmediato a Chiapas.

La Procuraduría General de la República atrajo al fuero federal la investigación de los hechos ocurridos en Acteal, Chiapas, con base en lo dispuesto en el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales. Por tanto, investigará los hechos en donde hasta la noche de ayer se hablaba de más de 45 muertos, en su mayoría mujeres y niños.

Para realizar esta labor, el procurador Jorge Madrazo dispuso que de inmediato se trasladara al lugar un grupo especial de investigadores y policías federales encabezados por el subprocurador de Averiguaciones Previas, Everardo Moreno; ocho agentes del Ministerio Público de la Federación, siete peritos de balística, medicina forense y criminalística, así como 40 agentes de la Policía Judicial Federal.

Como primer objetivo, la PGR buscará identificar a los agresores y a quienes hayan planeado los hechos delictivos, a fin de lograr su detención legal y presentarlos ante un juez del fuero federal. Para esto, el Ministerio Público de la Federación recibirá en las próximas horas las declaraciones de los testigos presenciales de los hechos y ya tiene en su poder la averiguación previa que le entregó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.

En un comunicado de prensa, la PGR consideró que los delitos cometidos son tanto del fuero común como del federal. Entre estos últimos se encuentra la portación y posesión de armas de uso exclusivo del Ejercito, Armada y Fuerza Aérea, y posiblemente el acopio de las mismas.

Madrazo Cuéllar sostuvo que quienes hayan participado en la planeación y ejecución de estos ``deplorables acontecimientos'' serán castigados independientemente de su condición social, política o religiosa, y que la PGR no hará juicios a priori y sin haber realizado previamente la investigación que la ley establece acerca de la identidad de los responsables, que actuaron con el rostro cubierto.

Reiteró que la dependencia a su cargo actuará apegada a derecho y que nadie estará por encima de la ley.