Hay 4 detenidos; operación limpieza en el lugar de las ejecuciones

Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 23 de diciembre Ť La Procuraduría de Justicia estatal informó que sólo cuatro personas han sido presentadas ante el Ministerio Púbico para que rindan su declaración en relación con los hechos de Acteal, Chenalhó. Indicó que ``el grupo de la PJE destacamentado en San Cristóbal cuenta con información que será proporcionada a la Procuraduría General de la República, la cual se hará cargo del caso''.

En un comunicado, indicó que los presentados ante el Ministerio Público son Manuel Luna Vázquez, Ernesto Luna Guzmán, Antonio Luna Gómez y Felipe Luna Pérez, este último lesionado de la comunidad de Acteal que permanece internado en el Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez.

Los 45 cuerpos de indígenas -entre mujeres, niños y ancianos-, amontonados unos sobre otros en camiones de la policía de Seguridad Pública, fueron trasladados de Acteal al Servicio Médico Forense (Semefo) de esta capital para efectuarles la autopsia.

Por su parte, el gobierno estatal afirmó que en Chiapas ``la política de reconciliación ha avanzado'', y que pese a que en Chenalhó existe un fuerte despliegue de efectivos militares y policiacos, éstos no pudieron percatarse de los hechos e impedir la matanza contra las bases zapatistas.

Los cuerpos cubiertos apenas con girones de ropa, algunos con los ojos abiertos, fueron colocados en el piso del Semefo, donde luego de desnudarlos fueron rociados con agua de una gran pipa, que poco después del arribo de los indígenas llegó al lugar para dejarlos sin los rastros de sangre y tierra que quedaron pegados a sus cuerpos.

Horas después, el gobernador Julio César Ruiz Ferro, el procurador Marco Antonio Besares Escobar, el secretario y el subsecretario de Gobierno, Homero Tovilla y Uriel Jarquín, coincidieron en que ``la situación no es la misma que en 1994. Se ha logrado avanzar en la reconciliación de las comunidades''.

Ruiz Ferro lamentó los hechos, reprobó la violencia y dijo que como gobernador está empeñado en ``mantener vigente el estado de derecho'', por lo que ordenó una profunda investigación ``para deslindar responsabilidades y aplicar todo el rigor de la ley a los culpables'', integrando para ello una instancia especial e invitando a participar a las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos.

Uriel Jarquín, quien desde ayer se trasladó a la zona donde sucedieron los hechos y este día fue el encargado de ``custodiar'' los cuerpos de los masacrados, se refirió a cada uno de los 698 cobertores y mil 385 despensas con que el gobierno del estado ha apoyado a los más de 4 mil indígenas desplazados de 14 comunidades de Chenalhó.

Indicó que las expresiones de violencia en este municipio ``comenzaron a presentarse con proyectos autonomistas al margen de la ley, que datan de agosto de 1996, cuando se declaró el concejo municipal autónomo en rebeldía, con cabecera en Polhó y presencia de bases zapatistas''.

Al preguntarle por qué no se actuó para impedir la agresión, explicó: ``A las 11:30 recibí la comunicación de Gonzalo Ituarte, tomé nota y le notifiqué que no teníamos ningún reporte en ese momento. Notificamos de inmediato a la policía de Seguridad Pública que estaba destacamentada en el lugar para que verificara; no encontró ninguna evidencia de enfrentamiento, ninguna casa quemada, ningún problema en la región; nos lo reportó, reforzamos la vigilancia y seguimos pendientes''.

Añadió que hasta las cinco de la tarde recibió información sobre tiroteos en la región -aunque desde la una de la tarde salieron de la base aérea de Terán, ubicada en la capital del estado, varios helicópteros de las policías Judicial y de Seguridad Pública, del Ejército Mexicano y del gobierno del estado rumbo a la zona de Chenalhó-. ``Allí ya fuimos obteniendo información del enfrentamiento, de los muertos, de los heridos''.

-Señor procurador, ¿por qué se está hablando de enfrentamiento cuando, evidentemente, las personas que murieron son mujeres y niños que no estaban armados?

-La Procuraduría recibió ayer información acerca de siete lesionados que ingresaron al hospital regional. El subprocurador de Justicia Indígena se trasladó al lugar de los hechos, hicieron el levantamiento respectivo de esos cuerpos; efectivamente, estamos hablando de 45 personas. Pero para establecer líneas de investigación o hipótesis de los hechos ustedes saben que necesitamos tener elementos y hasta el momento la Procuraduría los está tomando a partir de las declaraciones de algunas personas, y a partir de esas personas vamos a proceder conforme a la ley.

La situación de Chenalhó en estos momentos ``es de preocupación; Seguridad Pública está presente en el municipio'', añadió Besares Escobar poco antes de que el gobernador subrayara que se están ``reforzando'' las líneas de seguridad.

Cuestionado sobre la ``política de reconciliación'' anunciada por las autoridades, Ruiz Ferro mencionó: ``Se ha venido trabajando con las comunidades que a partir de 1994 tuvieron diferencias, para ir borrando las heridas (...) hemos logrado avanzar bastante; ha habido acción política y social para que se dé esa reconciliación''.

El presidente del PRI en Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda, dijo que el ``detonador de la violencia'' es la instalación de un municipio autónomo que aplica leyes y sanciones habiendo un municipio constitucional. Rechazó que se involucre ``irresponsablemente al PRI con individuos que propician acciones violentas''.