Julio Moguel
La masacre de Chenalhó

La masacre de Chenalhó constituye la acción de guerra de mayor envergadura que se haya vivido en Chiapas desde el primero de enero de 1994. Operada por grupos paramilitares del PRI plenamente conocidos, es sin lugar a dudas una acción que compromete al gobierno del estado y a otros sectores de poder directamente involucrados con labores de contrainsurgencia.

La acción armada estuvo preparada con mucha anticipación. El diseño del operativo y la selección del día y forma del ataque no dejan lugar a dudas de que estuvo organizada para hacer el mayor mal posible, contando a su favor con todas las ventajas: se lleva a cabo en vísperas de Navidad, cuando la respuesta y la movilización de la sociedad civil resulta extremadamente difícil y cuando en todo el mundo se inicia un puente festivo de casi dos semanas.

Organizada para hacer un daño profundo e irreversible en los tejidos comunitarios de los Altos, la masacre tiene a la vez el propósito de provocar una reacción armada del EZLN para mover finalmente toda la maquinaria castrense del Estado contra las fuerzas zapatistas. La estrategia no es menor: califica para romper equilibrios políticos en todos las áreas de poder de la nación y revertir avances democráticos recientes; mueve macabramente piezas del tablero político en el que se juega el futuro político del país. La ``operación Chenalhó'' opaca por su profundidad y alcances el ``caso de Aguas Blancas''. Los que participaron en ella no son piezas de un comando menor, sino partes finas de una enorme y bien aceitada maquina de guerra. Construida a ciencia y a conciencia, ésta fue echada a andar mucho tiempo antes de que se iniciara y llevara a cabo el diálogo de San Andrés. Lo que sucede ahora no es, en consecuencia, producto de la ruptura de las negociaciones entre el gobierno federal y el EZLN, sino resultado simple y llano de la forma en que el aparato oficial se ha conducido a lo largo del proceso.

El país todo reaccionará con solidez ante la afrenta. En el marco de las movilizaciones y de la denuncia en los planos internacionales, un jurado civil-popular formado por los mejores hombres y mujeres de México deberá enjuiciar moral y políticamente a los culpables. Al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión habrá que darles sólo una salida: desaparecerán los poderes en la entidad y acompañarán a ello el retiro definitivo del Ejército de las zonas indígenas de Chiapas. A la vez darán curso a los acuerdos de San Andrés, expresados en la propuesta presentada a las partes desde hace un año por la Cocopa.