Jaime Martínez Veloz
¿Cuándo empezó la guerra? Para todas las víctimas de la guerra sin nombre

¿Cuándo fue declarada la guerra en Chiapas? Nadie lo sabe, pero muchas comunidades del norte y Los Altos de la entidad han vivido un virtual estado de guerra, incluso antes de 1994. Un conflicto en el que las autoridades federales y estatales han adoptado, en el mejor de los casos, el papel de observadores mientras grupos armados dirimen sus diferencias y protegen sus intereses a balazos.

Muchos de los integrantes de esos grupos paramilitares han sido identificados por numerosos testigos, pero el hecho real y concreto es que siguen operando impunemente.

Como resultado de lo anterior, el pasado 22 de diciembre los medios de comunicación nos enteraron de una nueva tragedia. Un grupo de aproximadamente 60 personas agredió a civiles desarmados, en su mayoría desplazados de la comunidad de Las Abejas y simpatizantes zapatistas. Se habla de más de 40 muertos y un número indeterminado de heridos, las descripciones de los sobrevivientes y los que llegaron hasta el lugar semejan a las de un país en guerra.

Los medios, basados en testimonios de testigos, sobrevivientes y miembros de la Conai, aseguran que el ataque fue planeado desde días atrás, incluso se anunció. Más aún, se asegura que el secretario de Gobierno fue avisado de la posibilidad de que el hecho ocurriera y en respuesta manifestó que velaría por la población.

Si en el terreno humano este reciente ataque es indignante, lo mismo que toda la situación en general, en el terreno de la política y del estado de derecho es gravísimo e intolerable. No debe quedar impune. ¿Dónde están ahora los constitucionalistas que se indignaron porque se propuso una reforma en materia de derechos y cultura de los pueblos indígenas? ¿No podrían aportar la décima parte de esa indignación para apoyar la resolución de los crímenes cometidos?

La descomposición de la situación chiapaneca tiene su origen en elementos viejos y recientes. Entre los primeros, la miseria, la falta de expectativas, el racismo y la ineficacia y corrupción de las autoridades. Entre los recientes, tal vez el más notable sea el empantanamiento del diálogo que llevaban a cabo el EZLN y el gobierno federal.

Un diálogo fructífero, el consenso en los acuerdos y el cumplimiento de éstos hubieran tenido, en su momento, una influencia positiva sobre diversos problemas agrarios, sociales y hasta religiosos de la entidad.

Sin embargo, se apostó a otra cosa, al desgaste y al debilitamiento del contrario como un medio de ganar afuera del diálogo lo que no se lograba obtener en la mesa de negociaciones. Ahora estamos pagando el precio de una maniobra hecha con torpeza y de cálculos políticos que salieron mal. Lo peor es que no lo están pagando los responsables y las partes involucradas, sino una población civil que se encuentra atrapada en medio de un conflicto que no se admite, pero que neciamente existe.

En el empantamiento del diálogo hay responsabilidad tanto del gobierno federal como del EZLN, es cierto. Sin embargo, en la medida que el primero tiene un mayor compromiso con la sociedad para resolver por la vía pacífica el conflicto, máxime si lo que se le solicita no es algo desproporcionado ni ilegal, eso lo hace mayormente responsable.

En este mismo sentido, el gobierno federal comparte con el estatal la responsabilidad de la masacre sucedida en el municipio de Chenalhó, lo mismo que de todos los muertos de esa serie de enfrentamientos sangrientos ocurridos en los últimos años.

No importa que las autoridades federales y estatales no hayan armado a esos grupos, no interesa si no los entrenaron. El hecho escueto es que los han tolerado y eso los hace responsables ante la ley y ante la sociedad.

Con nuestro voto y su aceptación a los cargos públicos, los funcionarios federales y estatales responsables tomaron el compromiso de velar por la seguridad de los desplazados, resolver su situación, ofrecer alternativas para destrabar conflictos y, sobre todo, llevar a buen puerto la negociación con el EZLN.

Han fracasado en cumplir ese compromiso y es hora de evaluar su permanencia al frente de una responsabilidad que no han sabido llevar a cabo.

Hacia el futuro, lo menos que se puede ofrecer es la resolución de los crímenes, la ayuda a las víctimas, desempantanamiento del conflicto y, sobre todo, el fin de la impunidad.

¡No más impunidad!

Correo electrónico: [email protected]