Paulina Fernández
Contra la autonomía y la rebeldía
La matanza en Acteal, Chenalhó, es la otra forma de decirle al mundo cuán decidido está el gobierno mexicano a no cumplir los acuerdos de San Andrés. Lo que ha estado sucediendo en los Altos de Chiapas es la respuesta directa desde el poder, a la autonomía declarada recientemente en diversos municipios de ese estado.
El 16 de febrero de 1996, al firmar los acuerdos con el Ejército Zapatista, el gobierno federal asumió el compromiso de promover el reconocimiento, como garantía constitucional, del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, derecho que, según lo acordado, se ejercería en un marco constitucional de autonomía asegurando la unidad nacional. De entonces a la fecha, el gobierno federal no ha dado un solo paso para concretar ese compromiso y sí en cambio, ha interpuesto obstáculos para la incorporación de los acuerdos al texto constitucional sin importar que lo que para él es una dificultad de ``técnica jurídica'', o simples ``diferencias de matiz'', para los grupos de indígenas desplazados no ha dejado de ser un asunto de vida y muerte.
Complementariamente, desde las esferas de gobierno en el nivel estatal, se ha elaborado una explicación con la que, implícitamente, se pretende fundamentar el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Las expresiones de violencia en el municipio de San Pedro Chenalhó --aseguró el gobierno del estado de Chiapas--, ``comenzaron a presentarse con la implantación de proyectos autonomistas al margen de la ley, que datan del mes de agosto de 1996 cuando se declara el Concejo Municipal Autónomo en Rebeldía con cabecera en Polhó, y con presencia de bases zapatistas''. (La Jornada, 14/12/97) Idéntica versión --como citando textualmente las afirmaciones anteriores--, ante hechos distintos y en fechas diferentes, es la que el subsecretario de Gobierno proporcionó a la prensa después de la matanza en Acteal (La Jornada, 24/12/97). El mismo día y con motivo de los mismos acontecimientos en Chenalhó, el presidente del PRI en Chiapas dijo que ``el `detonador de la violencia' es la instalación de un municipio autónomo que aplica leyes y sanciones habiendo un municipio constitucional''.
Lo que en ningún caso explican los voceros del gobierno y del PRI, es la relación causa-efecto entre la declaración de autonomía de un municipio, generalmente identificado como zapatista, y las agresiones de que han sido objeto constante las comunidades integrantes de esos municipios autónomos. Lo que se deduce de las versiones gubernamentales y partidistas es que la violencia desatada contra los indígenas de Chenalhó es la respuesta oficial a su rebeldía, a su decisión de sustraerse a la dominación que pretende seguir ejerciendo sobre ellos el conjunto PRI-gobierno, a pesar de que dicha autonomía esté contemplada en los acuerdos firmados por el propio gobierno.
En su mensaje a la nación, la víspera de Noche Buena, Ernesto Zedillo califica lo ocurrido en Acteal como ``un cruel, absurdo, inaceptable acto criminal'', pero aborda el caso como si se tratara de un problema propio del gobierno de Chiapas, eludiendo la responsabilidad del gobierno federal en el curso de los acontecimientos que desembocaron en el asesinato de 45 civiles en Chenalhó. El Presidente de la República no puede mostrarse ajeno a lo que ocurre en Chiapas precisamente en zonas controladas por el Ejército federal porque es él quien cuenta con la facultad constitucional de disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente; tampoco puede desentenderse del estado de guerra civil, de baja intensidad o de contrainsurgencia, o como se prefiera clasificar a esa guerra que se ha desarrollado en Chiapas desde el 9 de febrero de 1995, y muy especialmente, de manera unilateral y con toda impunidad, a lo largo del año que ha transcurrido desde que su gobierno interpuso la contrapropuesta de reformas constitucionales que obstruye la salida política hacia la paz que se estaba buscando a través del diálogo.
El gobierno de la República ha preferido que se desarrolle una guerra contra el EZLN atacando a sus bases de apoyo, agrediendo y dividiendo a las comunidades indígenas, utilizando fuerzas y elementos no identificados formalmente con el Ejército y corporaciones policiacas oficiales, antes que reconocer públicamente que no está dispuesto a cumplir los compromisos que contrajo con los pueblos indígenas al firmar los acuerdos de San Andrés. Lo que el Presidente no se ha atrevido a decir es que desde el punto de vista del Estado, y de acuerdo con los intereses dominantes que en Chiapas está defendiendo, la paz que se busca en esa entidad se pretende imponer, no con el diálogo, la firma de acuerdos, la aplicación de las leyes, las reformas a la Constitución, y el reconocimiento de los derechos indígenas, como se había estado haciendo, sino con la supresión de toda manifestación de rebeldía. Para el gobierno el problema consiste, no en acabar con las injusticias que dieron sentido a la insurgencia zapatista de 1994, sino en exterminar el espíritu de rebeldía despertado por la injusticia y encarnado en los zapatistas, aunque éstos sean niños y mujeres civiles desarmados. Y una de las manifestaciones de esa rebeldía ha sido, precisamente, poner en práctica la autonomía de algunos municipios.