Luis Javier Garrido
La matanza

La matanza de 45 indígenas tzotziles desplazados, en su mayoría mujeres y niños pertenecientes a la Sociedad Civil Las Abejas, en la comunidad de Acteal (municipio de Chenalhó), en la víspera de la Navidad de 1997, a manos del grupo paramilitar priísta de Máscara Roja (22 de diciembre), es un crimen de Estado que va directo al corazón de la nación.

1. Los acontecimientos del municipio de Chenalhó no son, en primer término, como se ha pretendido, la acción incontrolada de algunos grupos, como tampoco constituyen una falla o un exceso en la estrategia del gobierno por amedrentar al zapatismo. Configuran, como todo lo demuestra, una operación de Estado, perfectamente planeada y calculada.

2. La principal línea de investigación del genocidio conduce inevitablemente a Bucareli y a Los Pinos. La matanza del municipio de Chenalhó fue un operativo de Estado, que no puede ocultarse, como lo muestran hechos irrefutables: a) Los más de seis grupos paramilitares conocidos disponen de armas restringidas, han sido vistos entrenados por militares y actúan a todas luces bajo la protección del Ejército Mexicano, que controla las zonas donde actúan y que, conforme a la Constitución, sólo obedece a Ernesto Zedillo; b) el financiamiento de estos grupos se ha hecho de manera discrecional (e ilegal) por la Sedeso, como lo confesó a Crónica del 23 de diciembre el líder de Paz y Justicia, a quien se le entregaron 4 millones y medio de pesos; c) los paramilitares son los cuadros priístas en sus municipios y han actuado escudados en el PRI, el organismo de Estado cuyo ``jefe nato'' es Zedillo y para el que nadie ha pedido se le cancele el registro; y, d) a pesar de las denuncias, Zedillo no actuó incumpliendo sus responsabilidades constitucionales.

3. Las evidencias son abrumadoras y muestran que la decisión de crear en el país grupos paramilitares para enfrentar el descontento rural, y, en consecuencia, la matanza de Acteal, forman parte de una estrategia de Estado planeada en la Secretaría de Gobernación, a cargo de Emilio Chuayffet Chemor, autorizada en la residencia oficial de Los Pinos por Ernesto Zedillo, financiada por Carlos Rojas, de Sedeso, preparada y protegida por el Ejército y ejecutada en Chiapas por el gobierno de Julio César Ruiz Ferro y quienes han sido sus colaboradores: Homero Tovilla, Eraclio Zepeda y Uriel Jarquín. A todos ellos debería investigarlos la comunidad internacional, porque una regla del ``sistema'' mexicano ha sido que ``la cuerda se rompa por lo más delgado'', como ocurrió en la matanza de Aguas Blancas en 1995, de ahí que en este nuevo crimen de Estado se pretenda culpar, una vez más, a quienes son los últimos eslabones de la cadena: los grupos paramilitares que actúan como operadores o sicarios.

4. El ``operativo de Acteal'' le ha resultado hasta ahora perfecto al grupo gobernante, que lanzó con él sus mensajes de amedrentamiento a la sociedad y al EZLN, y ahora intensifica en plena impunidad su campaña de desinformación, salvo por una falla: los tecnócratas mexicanos no esperaban la vigorosa reacción de la comunidad internacional, que ha condenado al crimen y con él de manera implícita al gobierno ``de Zedillo''; desde el secretario general de la ONU, la Unión Europea, el premier francés y la Casa Blanca, hasta miles de voces en el mundo. De ahí la reacción colérica del titular de Relaciones Exteriores (24 de diciembre), quien no ha hecho otra cosa durante años que buscar apoyos para Zedillo en el extranjero, y que hoy se sorprende de la condena, olvidando que un genocidio de esta magnitud agravia a la comunidad internacional, quien tiene el derecho a intervenir.

5. La investigación oficial de la masacre carece de credibilidad porque, como dice el comunicado del EZLN del 23 de diciembre, ``los investigadores del crimen son los mismos que lo organizaron''. Zedillo, señalan los zapatistas, ``ya pasó a la historia como asesino de indígenas y lleva en las manos sangre de Acteal'', y esto desde luego crea un nuevo escollo para el diálogo de paz que no puede ocultarse: la credibilidad del gobierno es nula ante la nación.

6. ¿No es acaso Acteal el Tlatelolco de Ernesto Zedillo?

7. El operativo oficial ha cumplido con los objetivos del grupo en el poder de enviar un mensaje a la sociedad y al EZLN sobre su fuerza e impunidad, pero algo que resulta de enorme gravedad es que ahora, tras el crimen, este grupo pretende que se han creado las condiciones para incrementar la militarización en el estado y poder presentar una vez más al EZLN como el factor intransigente, a fin de tratar de sentarlo a renegociar San Andrés y desarmarlo.

8. La desinformación oficial olvida en todo esto algo fundamental: que el EZLN surgió precisamente como un movimiento defensivo y de resistencia a causa de las matanzas impunes de indígenas en Chiapas en las últimas décadas, de las cuales la de Chenalhó es la más sanguinaria, y que la violencia la han generado las autoridades y no los pueblos indígenas.

9. El nuevo operativo oficial de autoencubrimiento, a cargo del procurador Jorge Madrazo, es, por todo esto, tan preocupante como la masacre, porque el gobierno quiere dejarse las manos libres para seguir actuando en plena impunidad, con un absoluto desprecio de la sociedad civil y de la comunidad internacional.

10. La matanza de Acteal es, por todo lo que significa, un nuevo llamado a la sociedad civil de asumir sus tareas.