Pablo Gómez
Paciencia agotada

Esa sangre de Acteal es la más anunciada de la historia contemporánea de México. El presidente Ernesto Zedillo había dicho que su paciencia con los rebeldes chiapanecos y con el tal Guillén -como gusta de llamar a Marcos- era grande pero estaba a punto de agotarse. Los asesinos hicieron lo suyo y cayeron niños y mujeres desarmados, víctimas de la intolerancia y de aquella paciencia agotada.

México es un país en el que existen miles de refugiados, como en Palestina, como en Africa, como en las regiones donde hay una guerra detenida o caliente. Esos refugiados han sido expulsados de sus casas y de sus tierras sin que los gobiernos local y federal hagan algo para evitarlo. Ahí no existe la ley ni hay más gobierno que el de la arbitrariedad y la persecución. Grandes regiones de Chiapas viven bajo la ``paciencia'' del señor Presidente, la que se expresa en represiones y matanzas.

El gobierno mexicano es incapaz de imponer la ley en Chiapas porque está del lado del viejo régimen de expoliación y violencia. Los derechos humanos están del lado de la revolución que durante más de 20 años no ha podido triunfar pero tampoco ha sido derrotada. El gobierno central no reconoce esa revolución en curso, pues se ha ubicado claramente del lado de los opresores. Por esto no hay ley, pues no existe gobierno verdadero.

El PRI no puede ocultar que los asesinos son su propia gente, quienes constituyen poderes locales y fuerzas contrainsurgentes, capaces de emprender el genocidio. Llegar una mañana cualquiera a un campamento de refugiados, disparando las armas contra todo lo que se mueva, es como bombardear ciudades abiertas en las guerras del siglo XX. Los masacrados son rebeldes, aunque están desarmados; son población insurgente que busca su liberación mediante el ejercicio de ese supremo derecho a rebelarse contra sus opresores, los asesinos.

El gobierno federal no admite que esté involucrado en la matanza, pues cobija a los grupos paramilitares con el argumento de que existe el EZLN: si los rebeldes están armados, que lo estén también los defensores del viejo régimen. Bajo esta lógica se pierde toda capacidad de gobierno y se elimina completamente la ley. El gobernador de Chiapas, por su parte, fiel empleado del Presidente e instrumento funcional de la alianza entre el poder político y los expoliadores y opresores del pueblo, se muestra sorprendido frente a la muerte a discreción, ocultando de esa forma que los grupos paramilitares abrevan en los mismos lugares donde se deciden las estrategias contrainsurgentes en Chiapas: las matanzas son la ocasión suprema de los hipócritas.

Hay dos personajes de esta historia que tienen la mayor responsabilidad institucional: el secretario de Gobernación, quien debe -según la ley- garantizar el ejercicio de las garantías constitucionales, y el gobernador de Chiapas, quien está obligado a otorgar seguridad a los ciudadanos. Ninguno de los dos impidió la expulsión de Chenalhó, Cacateal, Canolai, Pechiquil, Naranjatic, Poconichin y otros lugares que ni siquiera aparecen en los mapas comunes.

Mexicanos sin derechos, los rebeldes chiapanecos han tenido durante siglos motivo y razón para rebelarse . El Presidente de la paciencia al borde del agotamiento nada hizo para impedir la expulsión de miles de familias, y tal omisión es violatoria de la ley, lo cual, a su vez, demuestra, por si fuera necesario, que a la rebelión le sobra fundamento. Los miles de refugiados de X'Cumumal, Tzajalucan, Polhó, Xopep, Tzajalchjean, al igual que los de Acteal, no tienen más esperanza que en sí mismos, en su solidaridad de pueblo y en su país por si alguna vez éste voltea la cara para verlos tal como son y se conduele al reconocer la existencia de aquella vida de desgracias sin límites.

Pero el Presidente que se niega a cumplir los acuerdos de San Andrés, aduciendo que los indios pueden albergar la idea de su separación de México, les ofrece a esos mismos indios la expulsión de sus chozas y tierras, la conversión de miles en refugiados dentro del país que se dice les pertenece: la mentira de la secesión india es la verdad de la persecución de los indios.

Es urgente derrocar al gobierno de Chiapas e instituir uno nuevo basado en el acuerdo de las fuerzas democráticas, capaz de derrotar a los grupos de expoliadores y opresores, mensajeros del siglo XVIII, y a los grupos de paramilitares asesinos, para resolver la rebelión a través de la única forma aceptable en que se superan las rebeliones justas, que es con el triunfo de la causa popular que las motiva. Hay que detener también a ese Presidente que ya había advertido la pérdida de su generosa paciencia, para evitar que la guerra se torne en el único lenguaje a partir de ese Guernica chiapaneco en que se convirtió a Acteal.