El asesinato en Ocotán, Jalisco, obra de oficiales del Ejército

Cayetano Frías, corresponsal, y Gustavo Castillo Ť Un teniente coronel, un capitán y 11 oficiales fueron señalados como presuntos autores del homicidio de un joven, al cual secuestraron y torturaron junto con una veintena de personas más en el poblado de San Juan de Ocotán, Jalisco, en tanto que otros 15 elementos de tropa serían juzgados por encubrimiento, informó la quinta Región Militar.

El juez adscrito a esa jurisdicción ordenó ejercer la acción penal contra el teniente coronel Julián Guerrero Barrios y el capitán Rogelio Solís Aguilar, a quienes se acusó del delito de violencia contra las personas, causando homicidio calificado en carácter de autores.

La demarcación militar precisó que 15 elementos de tropa serán procesados por el delito de encubrimiento, pero no proporcionó los hombres. Agregó que esa acción penal se ejerce sin perjuicio de otros delitos atribuibles a todos los responsables.

El lunes fue sepultado el cuerpo de Salvador López Jiménez, de 25 años, quien fue secuestrado la noche del 14 de diciembre junto con 20 vecinos más, en represalia porque un grupo de pandilleros de San Juan de Ocotán golpeó y robó una pistola a un militar.

Los secuestrados fueron apareciendo después, con excepción de López Jiménez, quien fue localizado luego de que los miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales fueron denunciados como los autores del atentado; los investigadores de la Procuraduría de Justicia Militar lo ubicaron sepultado en forma clandestina en un predio del municipio de Guachinango.

El sábado 20, la quinta Región Militar admitió que en el secuestro y tortura de los jóvenes participaron elementos adscritos a ese mando, pero no reveló los nombres de los implicados.

Incluso el miércoles 17 los militares regresaron durante la madrugada para rondar por las calles de San Juan de Ocotán, llevando puestos unos pasamontañas, pero al ser descubiertos por algunos medios de comunicación que realizaban entrevistas en la zona optaron por retirarse.

El día del sepelio los vecinos anunciaron que este viernes realizarían una manifestación frente a las instalaciones de la quinta Región Militar, para exigir que se castigue a los implicados con todo el peso de la ley.

La PGR se declaró incompetente para conocer del caso, y en un comunicado de prensa informó que dejará el juicio en manos del fuero militar.

Aseguró que ``el Código de Justicia Militar es claro en relación al fuero y competencia que corresponde a los hechos delictivos referidos'', por lo que ``toda vez que en la investigación quedó claro que los militares que participaron en los hechos se encontraban en servicio en el momento de su comisión, la PGR turnó a la Procuraduría de Justicia Militar la investigación correspondiente''.