Rocío Culebro Bahena
Una historia de impunidad y agravios

Es difícil hacer un balance sobre la situación de los derechos humanos en México, pues un balance significa reconocer una parte positiva y otra negativa.

Después de la masacre cometida por el grupo paramilitar autodenominado Máscara Roja, en Acteal, Chiapas, donde asesinaron a sangre fría a 45 indígenas, mayoritariamente mujeres y niños, a la par del persistente incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés -muchos advirtieron que se vive una guerra sucia, de igual magnitud que en Centroamérica en años pasados-, además de los incontables casos de violaciones que en ese estado se han agravado en los últimos seis años, el recuento trágico incluye el ataque a la comunidad de El Bosque, en marzo. También, la detención de los 20 jóvenes y el asesinato de uno de ellos por parte de militares en el estado de Jalisco; las decenas de asesinatos y detenciones arbitrarias de militantes del Partido de la Revolución Democrática y organizaciones campesinas en los estados de Guerrero, Oaxaca y Morelos, en el contexto de la lucha contrainsurgente. Una reseña breve incluye la ejecución de los seis jóvenes en la colonia Buenos Aires en manos de elementos de la Policía Judicial del Distrito Federal, en operativos contra la delincuencia, de muy dudosa legalidad; la sentencia de ocho años para el profesor Gerardo Demesa, acusado de un asesinato que no cometió y cuyo único delito es haber participado en el movimiento de Tepoztlán; la campaña de hostigamiento a comunicadores, incluyendo el más reciente atentado contra el periodista Jesús Blancornelas, director del diario Zeta en Tijuana.

En un balance merecen mención especial los actos de intimidación dirigida a miembros de organizaciones civiles de derechos humanos; la detención arbitraria del activista Rogel del Rosal en San Luis Potosí; el incumplimiento por parte del gobierno mexicano de la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha solicitado la inmediata liberación del general José Francisco Gallardo. De igual forma, es notable la negativa de cumplir cabalmente la recomendación emitida por ese mismo órgano intergubernamental en relación a la masacre de Aguas Blancas, Guerrero, que sigue impune.

El espacio es poco para enunciar los cientos de casos de violaciones a los derechos humanos que han padecido los mexicanos: masacres, torturas, detenciones ilegales, juicios amañados, hostigamientos, etcétera, sin entrar en detalle al problema de la inseguridad pública, de la militarización en diferentes estados, y la inoperancia de las autoridades por atacar a la delincuencia organizada y al narcotráfico. Basta revisar los informes de los organismos civiles de derechos humanos para que cada quien elabore su propio balance.

Las circunstancias en las que se dan los hechos de violaciones pueden ser distintas, pero todas tienen una característica común: la impunidad. La impunidad reinante en el aparato de administración e impartición de justicia, relacionada con el abuso de poder, la no aplicación de la ley y la corrupción propias de un Estado que no es de derecho y que se perfila como un Estado de horror y terror.

Tristemente podemos decir que en México no hay respeto a las garantías individuales ni colectivas. Tan es así que el gobierno mexicano se vio obligado a invitar al Relator especial para la tortura de Naciones Unidas. Cabe recordar que durante el pasado mes de septiembre el secretario general de Amnistía Internacional, Pierre Sané, alertó sobre la crisis de derechos humanos en México. El portazo que su visita recibió de parte del poder Ejecutivo fue un signo ominoso de la soberbia del gobierno y de su decisión de continuar con una política contra los derechos humanos que sólo ha llevado a profundizar trágicamente dicha crisis.

En México la muerte tiene permiso, se pasea por las ciudades, por las comunidades, y aún así hay funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores que declaran que los organismos civiles de derechos humanos son exagerados, que sólo buscan publicidad y que responden a quién sabe qué grupos oscuros. El gobierno mexicano despliega sus recursos intentando convencer a la comunidad internacional de que en México no pasa nada grave, y quizás tengan razón, porque para sus funcionarios las violaciones cotidianas aún no son graves; tal vez están esperando masacres más grandes que las ocurridas en Chenalhó o en Aguas Blancas, y la descomposición total del tejido social para reconocer que en nuestro país hay una cultura de intolerancia y de agravio contra el pueblo mexicano.

¿Decir algo positivo en materia de derechos humanos en este año, con relación a los pasados? Desde este horizonte, yo no tengo elementos para ello.