Consignan al alcalde priísta de Chenalhó; ``aceptó'' los cargos: PGR

El síndico y 23 personas más, también remitidos a los tribunales

Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 27 de diciembre Ť El alcalde priísta de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz; el síndico del ayuntamiento y otras 23 personas fueron consignadas por la masacre de Acteal, con lo que suman 40 los indígenas remitidos al penal de Cerro Hueco, y tres más fueron puestos a disposición del Consejo Tutelar para Menores, por los delitos de homicidio en primer grado, lesiones y asociación delictuosa.

Arias Cruz es señalado como la persona que proporcionó las armas a los encapuchados que perpetraron la matanza y de ser uno de los instructores del grupo paramilitar, según las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR). El propio presidente municipal admitió los cargos, según el funcionario de la dependencia José Luis Ramos.

Algunos de los 40 hombres detenidos por la
masacre de Acteal, momentos antes de su
ingreso a la prisión de Cerro Hueco; tres
menores están a disposición de consejo
tutelar. Foto: Guillermo Sologuren

De acuerdo con las pesquisas, también estarían involucrados diversos servidores públicos aunque no se precisó su identidad, ya que el subcoordinador de Regional y Desarrollo de la PGR, José Luis Ramos, se negó a contestar las preguntas de los reporteros durante una conferencia de prensa, donde además estuvo presente el subcoordinador de Averiguaciones Previas, Everardo Moreno.

Ramos precisó que como resultado de una segunda averiguación en torno a la matanza, 24 adultos y un menor (entre ellos el alcalde y el síndico) fueron consignados ante el juez segundo de distrito.

Señaló que la consignación de estas personas obedece a la identificación que hicieron los testigos presenciales de los hechos y las víctimas que lograron sobrevivir, quienes los señalaron plenamente mediante fotografías y confrontaciones personales que se realizaron.

Cinco declaraciones contra el alcalde

Respecto al presidente municipal de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz, la PGR recabó cinco declaraciones que le imputan la responsabilidad de proporcionar el armamento al grupo agresor. Adicionalmente, mediante pruebas circunstanciales se determinó que el alcalde envió un vehículo del ayuntamiento a dos comunidades para que recogieran a parte de los agresores, a fin de que fueran trasladados a su cabecera municipal y poder orientarlos en relación con los hechos, según declaró el propio edil.

El funcionario judicial indicó que ``ante la cinco imputaciones que pesan en su contra, por el hecho de haber enviado no por cualquier persona que se encontraba en las comunidades, sino precisamente por aquellos que fueron identificados como agresores, se ejercitó acción penal en contra de Arias Cruz por su participación en los hechos como instigador y determinador de los mismos'', considerando que según las constituciones federal y estatal, el edil no tiene fuero tratándose de delitos del ámbito federal.

En ese contexto, la participación del presidente municipal es por su instigación al proporcionar las armas y posteriormente pretender algún tipo de acuerdos con los involucrados (agresores), al ponerlos al tanto y orientarlos según sus propios términos respecto del problema que estaba sucediendo, señaló José Luis Ramos.

Abundó que entre sus declaraciones, el presidente municipal manifestó que tuvo conocimiento del número de muertos hasta el día 23, un día después de los acontecimientos, pero en su poder fue encontrada una libreta en la que había anotaciones aparentemente de su puño y letra, con fecha 22, día del acontecimiento, en las que se relataba y daba cuenta de 45 muertos, ``de tal manera que incurrió en una serie de falsedades''.

El subcoordinador dijo que esta es la primera etapa de las investigaciones que pretenden llegar hasta el fondo contra quienes resulten responsables. ``La decisión de la PGR es llegar hasta el fondo del asunto, tope con quien tope la investigación. No hemos cedido ni vamos a ceder por las presiones de ninguna índole y nos vamos a guiar exclusivamente por el contenido del expediente, exclusivamente por las pruebas y no vamos a caer en ningún tipo de precipitación para encauzar las investigaciones contra determinados derroteros, según convenga o no a intereses creados''.

En este sentido, agregó que se siguen varias líneas de investigación que involucran tanto a servidores públicos como a personas de las comunidades; sin embargo, se negó a proporcionar los nombres de los funcionarios que se investigan, aunque trascendió que entre ellos se encuentran los efectivos de Seguridad Pública destacados en las comunidades de Chenalhó, el propio coordinador de esta dependencia, el general Gamboa Solís, el secretario de Gobierno, Homero Tovilla, y algunos policías judiciales del estado.

``Vamos a actuar objetivamente, vamos a evitar la impunidad y vamos a llegar al fondo del asunto'', valoró José Luis Ramos, quien si bien consideró que en este momento no se puede proporcionar el número de órdenes de presentación que pesan sobre diversos indígenas de Chenalhó, sí admitió la existencia de una primera lista de 140 personas obtenida de las declaraciones de los testigos presenciales y los sobrevivientes de la masacre, y otra más en la que desplazados de las comunidades señalan a 250 presuntos integrantes del grupo paramilitar.

Con los 24 consignados y el menor remitido al Centro de Readaptación suman 40 los detenidos recluidos al penal de Cerro Hueco y tres menores puestos a disposición del consejo tutelar.

Las personas consignadas son Jacinto Arias Cruz, Juan Vázquez Pérez, Juan Santiz Vázquez o Juan Sánchez Vázquez, Daniel Hernández Pérez, José Pérez Guzmán, Javier Gutiérrez Pérez, Lorenzo Ruiz Vázquez, Manuel Pérez Luna, Javier Luna Pérez, Manuel Vázquez Ruiz, Manuel Pérez Pérez, Bartolo Luna Pérez, Lorenzo Gómez Vázquez, Carlos Gómez Ruiz o Mariano Gómez Ruiz.

Asimismo, Lorenzo Gómez Jiménez, Miguel López Gómez, Agustín Pérez Gómez, Fidelino Gómez Pérez, Antonio Pérez Hernández, Juan Pérez Hernández, José Ruiz Zucut, Mariano Pérez Jiménez, Antonio Gómez Pérez, Felipe Luna Pérez, Isaías Gómez Pérez (menor de edad).

Roberto Navarro Suárez, juez segundo de distrito que recibió el expediente penal 223/97 derivado del asesinato, informó que según se den las indagatorias podrían surgir más cargos contra las personas que ya están detenidas. Los primeros 16 aprehendidos rindieron su declaración preparatoria la noche del pasado viernes, por lo que será el próximo lunes cuando se les dicte auto de formal prisión o de libertad.

Por otra parte, la Cruz Roja mexicana denunció ante el MP que desconocidos robaron su equipo de radiotransmisión horas antes de que empezara la matanza.

Cipriano Villegas Apodaca, delegado de la Cruz Roja, informó que el equipo fue sustraído de un cuarto del centro de telecomunicaciones en el cerro de Tzontehuitz, donde hay antenas estratégicas, entre ellas las de la Secretaría de la Defensa, PGR y Teléfonos de México.

Estimó que debido al robo los socorristas quedaron incomunicados y señaló que los agresores pudieron haber tenido comunicación entre ellos. Más aún, la noche de la matanza, los elementos de la institución no pudieron contactar entre Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas. El monto de lo robado al organismo asciende a 50 mil pesos.