Empezamos a deleitarnos con la ilusión de que el año 1997, que tan dramático resultó para los derechos humanos en el régimen autocrático vigente, terminaría con la representación, entre sarcástica y de muy dudosa credibilidad, del secuestro de Gutiérrez Barrios, con el pago del rescate de apenas seis y medio millones de pesos -reunidos con dificultad por culpa de la ineficiencia bancaria-, y con la generosa liberación ``anticipada'' de La Quina, después de diez años de cautiverio.

Además, con el anuncio de que se procedería con vigor en contra de un grupo de militares secuestradores y asesinos, aparecidos dentro de la jurisdicción de la Quinta Zona militar (que comprende Jalisco), y con el conmovedor pre-aviso del mensaje de Navidad presidencial, empezamos a pensar que nos acercábamos al umbral de una vereda de pacificación en el conflicto armado que el gobierno salino-zedillista ha mantenido dolorosamente enconado por ya cuatro años.

Para nuestra gran frustración, un viejo factor ha reaparecido: los grupos paramilitares, que son apoyo del gobierno y complemento del Ejército, han llevado al cabo, precisamente el lunes 22 de diciembre en un pequeño y encendido pueblecillo chiapaneco, una matanza contra paupérrimos indígenas campesinos, demostrando que no hemos iniciado el camino de solución pacífica y que el régimen gubernamental, con el apoyo de las fuerzas armadas estatales y las paramilitares que las completan, no han aceptado la solución humana y pacífica de reconocer los derechos de los seres humanos humildes que abundan en nuestro sureste, derechos que empiezan con el elemental derecho a la vida.

Muy significativas y pletóricas de contenido son las disputas que en estas semanas se han suscitado sobre delicadas cuestiones financieras del Estado, sobre la burla del minincremento salarial frente a gruesos aumentos de precios, o sobre las epidérmicas reformas del Estado promovidas por el grupo zedillista, pero ninguno de esos aspectos -no obstante su importancia- alcanza las graves dimensiones de inhumana represión ilícita que tiene la agresión paramilitar, de color delictivo y sabor neoliberal salino-zedillista, que en Chenalhó, Chiapas, asestaron las fuerzas paramilitares a los indígenas perseguidos.

La violación masiva de derechos humanos cometida allí es intolerable y no puede quedar otra vez impune, como la ocurrida en Aguas Blancas, Guerrero. El aspecto más significativo de este nuevo atentado es que se trata de una oportunidad más -tal vez la última- que tiene el gobierno de Ernesto Zedillo para poner un fin justo, digno, humano y pacífico a un conflicto que tiene raíces centenarias, vinculadas estrechamente con la explotación económica y la agresión moral. Al mismo tiempo, también es la oportunidad de acabar con la política de impunidad que mantiene libres a macrodelincuentes como Carlos Salinas de Gortari o ``el compadre'' Rubén Figueroa Alcocer.

¿Será ese el sentido del mensaje navideño presidencial?