El autor esboza la estrategia gubernamental que seguirá a los sucesos de Chenalhó: pretender que la matanza se debió a conflictos intracomunitarios, insistir en que el EZLN se siente a negociar, repetir que cumplirá los acuerdos de San Andrés, tratar de sustituir a la Conai con la Cocopa, sacrificar piezas menores del tablero político chiapaneco e, incluso, aceptar que la ley de la Cocopa se presente en el Congreso (siempre y cuando los partidos la modifiquen). Esta estrategia, sostiene, no ayudará a que la paz avance.

En el país de las tinieblas

Hace ya más de un año que la posibilidad de alcanzar la paz en Chiapas se desvaneció, tras el veto gubernamental a la iniciativa de reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígena elaborada por la Cocopa.

Hoy, a casi cuatro años de la declaración de guerra del EZLN en contra del gobierno federal, la paz está más lejos que nunca.

La matanza de 46 civiles desarmados en la comunidad de Acteal lanzó el proceso de paz al reino de las tinieblas.

La orden de organizar, a escasos días del 28 de diciembre, una nueva matanza de los inocentes, cerró, en el corto plazo, la puerta de la conciliación en la entidad.

El mensaje es evidente: más allá de las palabras que desde el poder ofrecen paz y negociación el lenguaje que hoy habla es el que nace del cañón de los fusiles.

Quien piense que la masacre fue un hecho aislado o fortuito, producto del fanatismo de facciones indígenas enfrentadas por problemas inter o intracomunitarios se equivoca. En Chiapas hay una guerra, y no hay actividad humana más planificada que ésta. Acteal fue una acción bélica que respondió a su lógica profunda: la del escalamiento del conflicto, la que subyace según Clausewitz, cuando dos ejércitos se enfrentan y ``deben devorarse entre sí sin tregua, como el agua y el fuego, que jamás se equilibran''.

La lógica de la guerra.

¿El enorme costo que, al menos en el corto plazo, debe de pagar el gobierno federal no contradice la idea de que Acteal es parte de la guerra?¿Cuál es su lógica? Para desentrañarla hay que partir, como en las novelas policiacas, de investigar quién se beneficia con el crímen. Y el hecho más importante y significativo que se desprende de la masacre es que la presencia del Ejército en Chiapas ha crecido significativamente (más de 5 mil efectivos adicionales), y se ha autorizado su participación en la prevención de nuevos hechos violentos, a través de medidas como la vigilancia del orden, y el aseguramiento de armas de fuego. Se han trasladado hacia las Cañadas más tropas destacadas en Campeche y Yucatán, al tiempo que se han instalado nuevos campamentos en la región de Los Altos. Tal y como lo señala el titular de El Financiero del 26 de diciembre, lo que hay en la región es un ``Control total del Ejército''.

El nuevo movimiento de tropas tiene, además, una cobertura publicitaria: el Ejército no va (por el momento) a perseguir rebeldes sino a evitar que sigan enfrentándose los indios. No es, supuestamente, parte del conflicto, sino de su solución. En síntesis, la institución que más se ha fortalecido en la región a raíz de la matanza, es el Ejército Mexicano, curiosamente, el responsable de instrumentar en el área la lucha en contra de la rebelión. No ha debido pagar como institución los enormes costos que tuvo que sufragar en enero del 94 o en febrero del 95.

El crecimiento en efectivos militares y su relocalización en Los Altos no responden a movimientos de tropas zapatistas como reportó el Ejército (éstos nunca existieron), y tampoco a la pretensión de frenar la acción de los paramilitares (éstos han actuado con la más absoluta impunidad dentro del campo de operación del Ejército) sino a un hecho mucho más simple: establecer un nuevo cerco militar al zapatismo, un nuevo cordón sanitario, para tratar de frenar su expansión y el funcionamiento de los municipios autónomos. Después de todo Chenalhó es, además de una baluarte zapatista y el corazón de Los Altos, un corredor natural que enlaza a ésta región con la Selva. Tal y como lo señaló Paulina Fernández (La Jornada, 26 de diciembre), basta revisar las reiteradas declaraciones del Comisionado Gubernamental para la Paz en Chiapas, Pedro Joaquín Coldwell y del gobierno de Chiapas, en contra de los ayuntamientos autónomos para ver cómo éstos se convirtieron en una verdadera pesadilla para el gobierno federal. Los municipios autónomos pasaron a ocupar, en la lógica geopolítica oficial, el mismo lugar que las zonas liberadas zapatistas tenían antes de la ofensiva militar del 9 de febrero de 1995, o de los Aguascalientes durante la crisis de diciembre de ese mismo año.

La mayoría de quienes fueron asesinados en Acteal eran integrantes del grupo ``Las Abejas''. Comprometidos con la lucha democrática y anticaciquil, rechazaban la vía armada y estaban firmemente comprometidos en la búsqueda de salidas pacíficas al conflicto. Su muerte sirve, en la lógica contrainsurgente, como castigo ejemplar para quienes se empeñan en no alinearse con el poder. Los asesinatos buscan abrir, por medio del terror, un boquete a la pecera para que se salga el agua, para dejar frente a frente, sin mediaciones de ningún tipo, a zapatistas y grupos de poder. El costo inmediato de la acción para quien la perpetró, ``amortiguado'' por la acción del desgaste y el olvido de las fechas navideñas, tiene en esta lógica una ganancia de largo plazo: eliminar las opciones intermedias, diluir la resistencia civil, ubicar el conflicto chiapaneco como un enfrentamiento entre grupos de interés, como una evidencia del salvajismo de los indios, y como un choque entre aparatos militares.

Apenas un día antes de la masacre de Acteal, el PRI chiapaneco había puesto en marcha una ofensiva propagandística de fondo -encabezada por Juan Carlos Gómez Aranda y por el diputado Albores Guillén, integrante de la Cocopa y coordinador de los diputados de Chiapas en la Cámara-, cuyo eje central era presentarse como víctimas de una bien orquestada campaña en su contra. El objetivo de tal campaña, según los priístas chiapanecos, era involucrarlos con grupos paramilitares para tratar de ``averiar la civilidad y legalidad'' de su partido en la entidad. Apenas tres días antes, en las páginas de El Nacional, el miembro de la delegación gubernamental responsable de las negociaciones para la paz en Chiapas, Gustavo Hirales, defendía a ``Paz y Justicia'' señalando que clasificarlo como un grupo paramilitar era ``un mito''. La cortina de humo no sirvió para nada pues se desvaneció con los primeros vientos de la tormenta que pretendía cubrir. Por más que se rasgaran las vestiduras y lloraran lágrimas de pricodrilo, sus impulsores quedaron, en el mejor de los casos, como tontos útiles, y en el peor como cómplices de la masacre.

A dos manos

A finales de agosto de 1996 de suspendió el diálogo de San Andrés entre el gobierno federal y el EZLN. Para reanudarlo los zapatistas establecieron cinco condiciones mínimas: Cumplimiento de lo pactado en la mesa 1 sobre ``Derechos y cultura indígena'' e instalación de la Comisión de Seguimiento y Verificación; reposición de la mesa 2 sobre ``Democracia y Justicia'', distensión militar en Chiapas, liberación de los presos zapatistas, y el nombramiento de un comisionado gubernamental con capacidad de decisión.

¿Solucionará la matanza de Acteal algunas de estas condiciones? Obviamente no. Por el contrario, agravará la situación aún más. Las propuestas del secretario de Gobernación para reestablecer negociaciones con el EZLN sin resolver estas condiciones mínimas no aportan nada novedoso al proceso de paz. Emilio Chuayffet ha hecho declaraciones similares en distintas ocasiones y nada ha pasado. Pero más aún, en las actual situación del estado no está muy claro que la satisfacción de esas cinco condiciones sea suficiente para regresar a la mesa de negociaciones. Acteal ha modificado el proceso de paz en la entidad y ha encarecido la vía del diálogo.

Prácticamente desde que se hizo cargo de la presidencia Ernesto Zedillo ha tenido hacia el conflicto chiapaneco una política a dos manos. Con su mano izquierda habla de buscar salidas políticas, con su mano derecha organiza soluciones militares. En el interin apuesta a que el conflicto se pudra, a que las fuerzas se desgasten, a que el olvido derrote a la memoria.

A la ofensiva de febrero de 1996 le siguió la guerra sucia. Las conversaciones de San Andrés fueron siempre el ojo del huracán. Mientras se negociaba la paz, la seguridad pública del estado desalojaba y mataba campesinos. Más que diferencias entre ``halcones'' y ``palomas'' dentro del gobierno eran las dos caras de una misma moneda, la vieja historia del policía malo y el policía bueno. Silenciosamente primero, con bombo y platillo después, se preparaba la siguiente fase de la guerra: la paramilitarización. Los paramilitares tienen sobre un Ejército regular la ventaja de no tener que dar cuentas a nadie de sus actos. La expansión del EZLN a nuevas regiones del estado y la formación de municipios autónomos, evidenciados a raíz de la marcha de los mil 111 zapatistas sobre la ciudad de México, escalaron el conflicto: la acción de los paramilitares se intensificó y extendió a otras zonas.

La estrategia oficial para enfrentar a una opinión pública adversa y una fuerte presión internacional será, una mezcla de pequeñas nuevas concesiones y continuación de la política aplicada durante todo 1997. Pretenderá, por todos los medios, señalar que la matanza se originó por razones inter o intracomunitarias. Insistirá de manera directa y a través de sus voceros oficiosos -como el senador de la Cocopa Oscar López Velarde- que el EZLN debe de sentarse a negociar, y que está dispuesto a cumplir con los Acuerdos de San Andrés, siempre y cuando se hagan algunas modificaciones de redacción. Buscará ganar tiempo. Se reunirá con la Cocopa para anunciar que está dispuesto a considerar la posibilidad de resolver las cinco condiciones del EZLN. Buscará que la Comisión legislativa sustituya a la intermediación de la Conai, tal y como hizo entre octubre y diciembre de 1996. Sacrificará a piezas menores del tablero político chiapaneco como Homero Tovilla, secretario de Gobierno de César Ruiz Ferro. Y, en el último de los casos, aceptará que la iniciativa de ley de la Cocopa se presente en el Congreso para que los partidos la modifiquen.

Sin embargo, esta estrategia no ayudará a que la paz avance. La Cocopa no es una instancia de mediación sino de coadyuvancia. No puede sustituir a la Conai. No importa que sus integrantes sean otros: la institución es la misma. En el pasado inmediato la Cocopa no pudo o no quiso garantizar que su propuesta de paz para la región se cumpliera. Su función como aval de la negociación fracasó, y la mayoría de sus integrantes se negaron a aceptar su responsabilidad en esta derrota.

Hasta dónde puede el gobierno federal seguir sosteniendo a Ruiz Ferro como gobernador del estado es un enigma. Sus argumentos para hacerlo son exactamente los mismos que se esgrimían para tratar de evitar la caída de Eduardo Robledo Rincón hace tres años. Pero si Ruiz Ferro no se va, se estará enviando una muy mala señal al proceso de paz. Pensar que la caída del secretario de Gobierno en la entidad es suficiente para atemperar las críticas es una muestra de soberbia y sordera.

En Chiapas hay una guerra, y más allá de las declaraciones gubernamentales a favor de una salida pacífica, el gobierno seguirá instrumentando la vía militar. Desde su lógica, la salida no consiste en negociar con el EZLN la solución o la creación de condiciones para la solución de las causas que originaron el conflicto. Su oferta se reduce a la rendición zapatista, a ofrecer condiciones ``dignas'' para su reinserción en la vida civil. El incremento de tropas, el establecimiento de nuevas posiciones y la proliferación de los paramilitares seguirán siendo la otra cara de la moneda. Más allá de las palabras, su acción pretende devorar la rebelión ``sin tregua, como el agua y el fuego, que jamás se equilibran''.