No hay asunto de importancia estatal o regional, incluidas las inversiones en obras sociales, que no se discuta en el Consejo Estatal de Seguridad, con ramificaciones en todos los lugares de Chiapas. Es poco creíble que este consejo, donde participan representantes de dependencias estatales y federales, sin faltar el Cisen e inteligencia militar, desconociera lo que sucedía en Acteal el 22 de diciembre. Tal consejo lo preside Jorge Enrique Hernández Aguilar, ex procurador, presencia constante en todos los lugares donde en los últimos años se ha desatado la violencia. xEste funcionario cuenta con el apoyo de Antonio Pérez Hernández, cacique de Chenalhó y a la sazón titular de la Secretaría de Atención a los Pueblos Indígenas de Chiapas.
La masacre de Acteal no es un hecho producido por la disputa
del poder político entre indígenas. Tampoco es un conflicto
intercomunitario derivado de ``la naturaleza violenta'' de los
indígenas. Este crimen es una de las consecuencias de una política y
de una estrategia bien pensada y planeada desde esferas del sistema
que han promovido la proliferación de grupos paramilitares, para
combatir la terca rebeldía de los indígenas zapatistas y de otros
movimientos de oposición.
Aunque los gobiernos estatal y federal se niegan a reconocer la existencia de una guerra de baja intensidad en Chiapas, se tienen evidencias de que hay una política deliberada, a través de instituciones públicas y de mecanismos irregulares, para minar por la fuerza cualquier oposición a sus planes. ``Quienes van perdiendo el poder no resisten la tentación de sustituirlo por la violencia'', ha escrito Hanna Arendt en su libro Sobre la violencia.
``La violencia surge cuando el poder pierde autoridad'', añade la lúcida pensadora que criticó en todo momento el autoritarismo de este siglo. ``La eficacia del terror depende de la atomización social''; para lograr sus objetivos, el poder de la violencia necesita ``desaparecer toda oposición organizada''. Para restablecer su autoridad, crea un estado policial que, cuando escapa del control, ``devora a sus propios hijos''.
Esta reflexión viene a cuento porque el gobierno mexicano, ante los cuestionamientos sobre su responsabilidad (por omisión o comisión) en los hechos de Acteal, ha echado a andar su política de comunicación social para que aceptemos que la matanza es sólo el resultado de viejos problemas de varias familias de indios.
Crimen anunciado
Aunque se declare que no hay grupos paramilitares del PRI en Chiapas, es obvio que existe una estrategia contrainsurgente al estilo centroamericano en esta entidad. La acción de escuadrones de la muerte es parte de ella.
La matanza de 45 personas en Chenalhó fue un crimen anunciado por los medios de comunicación y los organismos de derechos humanos. Fue un crimen aceptado de antemano por las autoridades, en la medida que no hicieron nada por evitarlo. Ejemplos de cómo, desde esferas del poder, se promueve la criminalidad para intimidar a la sociedad, hay muchos. Pero la guerra civil inducida en las comunidades indígenas, que ha sido denunciada por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, se hizo inocultable con la matanza de Acteal.
Los grupos paramilitares como el que actúa en Chenalhó, son promovidos y protegidos por personajes ligados al priísmo local, a legisladores y presidentes municipales, y cuentan con el apoyo del gobierno estatal y del Ejército Mexicano. Están integrados mayoritariamente por indígenas y campesinos, pero también participan en ellos militares, policías e incluso mercenarios.
Los planes gubernamentales para ``atender'' los problemas en Chiapas surgen de los cuerpos de inteligencia. El diseño de esta estrategia contrainsurgente se hace con la intervención del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (Cisen) y por inteligencia militar (el Ejército, se dice en Chiapas, es el verdadero gobierno en el estado).
El punto de encuentro de las diversas esferas de gobierno en Chiapas es el llamado Consejo Estatal de Seguridad Pública, que coordina Jorge Enrique Hernández Aguilar, célebre porque está involucrado en la mayoría de los episodios violentos que se han registrado en Chiapas en los últimos tres años: lo mismo en Chicomuselo, autorizando como procurador la operación de guardias blancas, que en Nicolás Ruiz, o en Laja Tendida, o en San Pedro Nixtalucum, o ahora en Chenalhó.
Hernández Aguilar y Uriel Jarquín, subsecretario de Gobierno del estado, son los encargados de limpiar las huellas de la violencia promovida desde el poder. Son los brazos ejecutores de la estrategia de represión y cooptación políticas en que se han convertido todas las políticas públicas en Chiapas.
No hay asunto de importancia estatal o regional, así como el diseño de inversiones, que no se discutan en ese Consejo Estatal de Seguridad. Si este consejo no se enteró de lo que pasaba en Acteal el 22 de diciembre, es poco creíble, ya que cuenta con una red de informantes que abarca todo el estado. Las instituciones de gobierno que actúan en Chiapas no pueden llevar a cabo sus planes, ni realizar inversiones, si no tienen la aprobación del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a cuyas reuniones acuden todas las dependencias del gobierno estatal, así como las representaciones de todas las instancias federales que operan en la entidad. Asimismo participan en ellas un delegado del Cisen en Chiapas, un comisionado de inteligencia militar y como representante de la secretaría general de Gobierno, Uriel Jarquín Gálvez.
¿Quiénes son los inteligentes?
El Cisen promovió, a través del Consejo Estatal de Seguridad Pública, la creación de Consejos de Seguridad municipales, con el pretexto de coordinar la información sobre los problemas políticos de los municipios y de intervenir con rapidez en casos de desastres. Sin embargo, el papel de estos consejos es realizar tareas de inteligencia y coordinar el apoyo a los grupos priístas, civiles y armados.
El enfoque de la política del gobierno de Chiapas frente a los problemas sociales, políticos, religiosos, agrarios o económicos, se basa en una lectura encuadrada en la lógica de la contrainsurgencia. En este contexto, la Secretaría para la Atención de los Pueblos Indígenas (SEAPI), que dirige Antonio Pérez Hernández, y la Suprocuraduría de Asuntos Indígenas, encabezada por David Gómez, forman parte fundamental de la política del Consejo de Seguridad Pública para abordar la ``atención'' de las zonas indígenas.
En los últimos meses, los cambios en el gobierno de Julio César Ruiz Ferro han tenido que ver con esta política de contrainsurgencia. El objetivo de la estrategia es cooptar y desarticular a las organizaciones y movimientos sociales que se oponen a la política oficial.
Las políticas sociales en áreas de salud, educación, vivienda, servicios públicos, se deciden con criterios político-militares para ayudarle al gobierno priísta a ganar la guerra del desgaste. Tal parece que la consigna del Consejo de Seguridad Pública es ``todo para el PRI, nada contra el PRI''. Así, el representante de la Seapi en el Consejo de Seguridad Pública es Pedro de Meza, abogado del grupo paramilitar Los Chinchulines, del municipio de Chilón, y brazo político de Antonio Pérez Hernández.
En las reuniones del Consejo se habla del clima político en el estado. El Cisen presenta informes, elabora diagnósticos y propuestas para los distintos problemas, lo mismo sobre movilizaciones sociales y conflictos agrarios, que sobre inversiones sociales y apoyo a organizaciones.
Un ejemplo de los temas que trata el Consejo ha sido la participación de la Cruz Roja Internacional en algunos lugares de la ``zona de conflicto''. Al respecto, el Consejo diseñó una política para detener la penetración de la Cruz Roja a fin de eliminar las críticas internacionales sobre la incapacidad del gobierno para contrarrestar los problemas de salud en esas regiones. Así, el consejo echó a andar una estrategia que coordinaba a todas las instituciones públicas para hacer a un lado al organismo humanitario. Verbigracia, si la Secretaría de Salud no puede con el paquete, la Secretaría de Desarrollo Social, y otras instancias federales, estatales y municipales se pliegan a sus requerimientos.
Seapi, el vehículo de la contrainsurgencia.
En el caso de la Secretaría de Atención a los Pueblos Indios (Seapi), se dieron cambios importantes en septiembre de este año. El intelectual indígena Jacinto Arias Pérez renunció por oponerse a esta política de exterminio en contra de sus hermanos. El arribo de Antonio Pérez Hernández -exdiputado federal del PRI a quien se vincula con los grupos paramilitares de Chenalhó-, coincide con el recrudecimiento de la violencia en contra de simpatizantes del EZLN en las comunidades indígenas de muchas regiones y contra cualquier disidencia incluso en el mismo PRI.
Jacinto Arias Pérez, a pesar de su oficialismo, puso énfasis en la política cultural y en la promoción de encuentros culturales de los pueblos indígenas de Chiapas. En lo que va de la gestión de Antonio Pérez Hernández, se ha borrado prácticamente esta vertiente y se ha hecho todo desde un enfoque político-ideológico para ayudar a mantener el control del PRI sobre las comunidades.
Desde septiembre se hace más abierta y cruenta la violencia en Chenalhó, de donde es originario Pérez Hernández. En ese mes se producen los virulentos ataques de los paramilitares de Yaxjemel, Los Chorros, Yibeljoj, La Esperanza, Chimix, etcétera.
También en septiembre aparece públicamente el MIRA (Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista) en las regiones indígenas. El MIRA intenta ser una especie de federación de grupos paramilitares que actúan para mantener -aunque sea con el terror- el control político del PRI y del gobierno estatal. Intenta contrarrestar el avance del movimiento zapatista y de la oposición en el estado.
La Seapi es uno de los puntales de la política contrainsurgente, a través de programas sociales y en coordinación con dependencias federales como las secretarías de Desarrollo Social, Salud y Educación. Un ejemplo es el programa de vivienda, a través del cual un grupo de abogados del área jurídica de Seapi, que coordina Pedro de Meza, se encarga de realizar diagnósticos de la situación de las comunidades. En Chenalhó, estos abogados promovieron el programa en las comunidades de Quextic, Poconichim, Los Chorros y otras, donde después hubo ataques de paramilitares.
Curiosamente, este mismo programa se aplicó a principios de año en el municipio de El Bosque, particularmente en San Pedro Nixtalucum, poco antes de que la intervención de la policía de Seguridad Pública produjera el asesinato de cuatro indígenas simpatizantes del EZLN. Este operativo fue coordinado por el entonces procurador estatal, Jorge Enrique Hernández Aguilar, actual titular del Consejo de Seguridad Pública.
La Seapi surge con la intención de dividir y desarticular a las organizaciones indígenas. Jacinto Arias se opuso a esta estrategia de abortar los movimientos indígenas y a realizar tareas de investigación política en las comunidades y, por el contrario, promovió un plan de desarrollo para los pueblos indígenas y el debate sobre las autonomías indias.
El gobierno del estado rechazó el proyecto y calificó esas propuestas como zapatistas (la vara que utiliza el gobierno de Ruiz Ferro contra cualquier disidencia). Se supo que ante las presiones, Jacinto Arias Pérez le respondió molesto al gobernador que no haría nada en contra de las comunidades y que por eso renunciaba.
Cuando Antonio Pérez Hernández llegó a la Seapi, dijo a sus colaboradores: ``Está muy bonito lo que hacen -reuniones y encuentros plurales entre organizaciones indígenas- pero la prioridad ahora es lo político. Ustedes son técnicos y déjenme lo político a mí''.
Originalmente, la Seapi era gestora y promotora de la participación de las organizaciones indígenas, pero el gobierno estatal le dio un giro a favor de su política de contrainsurgencia.
En una circular dirigida a los delegados regionales, Pérez Hernández ordenó a los delegados y subdelegados de la dependencia rendir informes todos los días sobre los movimientos sociales, los líderes indígenas y las tendencias que encontraban en sus regiones.
El grado de control llegó al punto de que un enviado de la Secretaría de Gobierno asistía a los seminarios y talleres de la Seapi para informar al Consejo de Seguridad de lo que ahí se discutía y proponía. Las reuniones de escritores, músicos e intelectuales indígenas o de organizaciones y comunidades, se olvidaron. En su lugar, Pérez Hernández promovió reuniones con presidentes municipales del PRI y de grupos priístas para coordinar acciones políticas.
El trabajo sucio de Seapi, para organizar reuniones priístas o para abortar otras no gratas al gobierno, lo realiza Humberto Juárez, ex presidente municipal de Jitotol, también del PRI.
Asiduos visitantes de la Seapi son el subsecretario de Gobierno, Uriel Jarquín; el ex procurador Jorge Enrique Hernández Aguilar; y David Gómez, encargado de la Subprocuraduría de Asuntos Indígenas. También asisten enviados del Cisen y de inteligencia militar, además de representantes de la Secretaría de Salud y de los maestros, quienes proporcionan abundante información de las comunidades.
El área jurídica de Seapi es la que más se mueve ahora. Por ello se han dejado de lado los programas culturales y sociales a cambio de un enfoque político de la vida indígena. Esta la encabeza Pedro de Meza.
A partir de noviembre, cuando se agudiza el conflicto en Chenalhó, los representantes de Cisen llegan con más frecuencia a Seapi Ahí se reúnen con diversos personajes del municipio y de la región de los Altos y se coordina la entrega de apoyos (cobijas, medicinas, alimentos) que sólo han recibido las comunidades priístas.
Entre los personajes que se acercan con más frecuencia a las oficinas de la Seapi en San Cristóbal están Jorge Enrique Hernández Aguilar, Uriel Jarquín, un coronel del Cisen y personajes ligados a inteligencia militar.
Llegan también jóvenes para llevarse la ayuda gubernamental, cuya entrega coordina el área de los abogados del Jurídico, mejor conocidos como ``los abogados del diablo''. Igual se promueven apoyos económicos a organizaciones indígenas (algunas vinculadas a grupos paramilitares) que realizan acciones políticas a favor del PRI.
Desde hace dos semanas se cancelaron las reuniones abiertas con organizaciones indígenas y sólo se promueven con priístas y funcionarios del gobierno estatal.
Aunque el gobierno desmiente las afirmaciones que lo señalan como responsable de la impunidad que tienen los grupos paramilitares, es un hecho que tanto dependencias del gobierno estatal como personajes del priísmo local son sus cómplices.
Basta ver el desplegado pagado por el gobierno estatal, el viernes 26 de diciembre en La Jornada, en el que señalan las acciones del gobierno de Ruiz Ferro en favor de la paz. Ahí destacan, entre otros, dos programas: el apoyo de autoconstrucción de vivienda en municipios mayoritariamente indígenas, así como los apoyos en materia de justicia, en los que, curiosamente, participan tanto el área jurídica de la Seapi como la Subprocuraduría de Atención a los Asuntos Indígenas, ambos señalados como instrumentos de la contrainsurgencia gubernamental.