Federico Guzmán Arias, por ejemplo, cayó herido por varios
impactos. En el suelo vio cómo los atacantes se acercaban al maestro
Cristóbal Pérez Medio y le disparaban a quemarropa, antes de perderse
en el monte. Luego, Federico se desmayó. Y no volvió a tener noticias
del maestro. Ni él, ni nadie.
Comunidad | Número de integrantes |
---|---|
Colonia Los Chorros | 69 |
Tzajalukum | 15 |
Pechekil | 15 |
Tzanembolom | 18 |
Esperanza | 18 |
Chimix | 20 |
Bajobeltik | 15 |
Canolal | 18 |
Puebla | 70 |
Total | 255 |
Federico y Cristóbal eran simpatizantes del EZLN y del ayuntamiento autónomo de Polhó, creado por los zapatistas. Sus agresores, por el contrario, eran pistoleros de Jacinto Arias, el presidente municipal de Chenalhó, priísta, que llevaba meses organizando la violencia.
El 24 de mayo, los indígenas armados y adiestrados por el PRI ejecutaron su primera acción pública. Durante tres largos meses -junio, julio, agosto-, la viuda del profesor invocó inútil y desesperadamente la acción de la justicia. Acompañada del juez José Pérez Suárez, nombrado por el gobierno autónomo de Polhó, acudió a San Cristóbal de Las Casas y formuló una denuncia ante la Subprocuraduría de Justicia Indígena: una institución manejada por funcionarios del PRI, que responden a los intereses del gobernador de Chiapas que es miembro del PRI nacional.
Por lo tanto, los priístas de Tuxtla Gutiérrez jamás instruyeron a los priístas de San Cristóbal para que investigaran a los priístas de Chenalhó. Antes al contrario, les ofrecieron impunidad total. Y de esta suerte, las bandas paramilitares del PRI continuaron asesinando campesinos zapatistas y perredistas. Cuando la presión social comenzó a crecer por esta ola de crímenes, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI respondió insertando en todos los periódicos del país planas enteras con enérgicos desmentidos.
El secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, cumplía su parte en esta comedia, declarando a quien deseara oírlo que se trataba de ``conflictos intercomunitarios''. Nada más.
A mediados de septiembre, la viuda de Cristóbal fue al paraje de Poconichim, a rezar en la capillita de su familia. Luego dijo: ``Antes de entrar, sentí que algo me oprimía el corazón, que me llamaban, pero no había nadie. Para cerciorarme, fui a la parte de atrás de la capilla y me encontré un costal''. Y se fue a dar aviso, después de guardar el costal en la ermita.
Al día siguiente, escoltada por el juez de Polhó y voluntarios del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, la mujer regresó a enseñarles su hallazgo. Entre todos abrieron el costal. Adentro había un cráneo sin mandíbula con una perforación de bala; un par de zapatos, un pantalón negro, una camisa podrida, una mochila negra y un poco de pelo crespo. La mujer, las autoridades legistas y la misma Subprocuraduría de Justicia Indígena del Estado de Chiapas reconocieron que se trataba de los restos de Cristóbal.
Los culpables nunca fueron perseguidos. El terror desatado no sólo provocó muchas otras muertes, sino que obligó a más de 6 mil indígenas zapatistas a huir de sus comunidades y refugiarse en las montañas donde actualmente se encuentran. Sin ropa. Sin alimentos. Sin medicinas. El 22 de diciembre, las bandas paramilitares del PRI dieron muerte, durante cuatro largas horas, a 45 personas. Chuayffet Chemor se apresuró a decir: ``No se puede culpar al gobierno, ni siquiera por omisión''. (Jesusa Cervantes y Jaime Avilés).
Quextik es una comunidad antigua mientras que La Esperanza es de reciente creación: se fundó a través de una invasión a una finca del mismo nombre, que en 1994 organizó un grupo que, en aquel entonces, pertenecía al Frente Cardenista. El gobierno del estado compró la finca a través de un programa de rehabilitación agraria y dio la posesión a varias familias. Todas las familias se dedicaban al cultivo del café y del maíz en pequeñas parcelas familiares, pero como refugiados sobrevivían gracias a las ayudas humanitarias que recibían, sobre todo de otras comunidades.
El día de la matanza, Alonso Vázquez Gómez, de 36 años, jefe de zona de los catequistas, convocó a los desplazados a orar por la construcción de una casa comunal, justo al lado del templo que había levantado. En él pernoctaban muchas familias expulsadas. Alonso estuvo allí acompañado de su esposa María Luna Méndez, de su madre Juana Vázquez Luna, y de sus hijas Rosa, Verónica, Antonia, Ernestina, Rosalinda y Micalela. A su llamado asistieron también cerca de 300 personas. Después de todo, tanto Alonso como su esposa eran gente reconocida en la comunidad y responsables de la vida eclesiástica. Alonso fue asesinado, también su esposa, su madre y tres de sus hijas. Sólo se salvaron de la muerte Antonia, Ernestina y Rosalinda.
Miguel Jiménez Pérez, originario de Acteal, que había ayudado a Alonso a convocar la reunión no sobrevivió. Murió junto con sus hermanas Susana y María. Igual suerte corrió la familia de Daniel Gómez Pérez, Pablina Hernández Vázquez y sus hijas Graciela, Roselia y Guadalupe. Todos cayeron abatidos por las balas.
Juanito Vázquez Vázquez se debate entre la vida y la muerte con una bala clavada a la altura de la axila. Ignora que su madre Marcela Vázquez Vázquez y su hermana Marcela ya no están con él.
El 20 de septiembre, tres meses y dos días antes de la masacre, 158 personas de la comunidad de Quextik recibieron refugio en Acteal. Llegaron huyendo de la violencia, de la quema de sus casas. Entre ellos, Mariano Vázquez Ruiz, sin más pertenencias que su familia. Ahora está herido de bala en el brazo izquierdo y en la pierna derecha. Pero no es eso lo que más le duele. Su esposa Rosa Pérez y sus hijas Manuela y Juana fueron también asesinadas, junto con otras siete más de su comunidad. Sólo su hijo Javier de diez años conservó la vida milagrosamente, escapando rumbo a la comunidad de Tzajalchem, en donde apareció dos días después de la matanza. (Arturo Lomelí González).