José Agustín Ortiz Pinchetti
México: se acabó la tolerancia internacional

Algún día podremos escribir la historia de las relaciones secretas entre la transición mexicana y los gobiernos de los países desarrollados, particularmente Estados Unidos y Europa. La densa trama de vínculos, alianzas, complicidades y presiones que forman el entorno internacional de México no puede ser conocida por los observadores contemporáneos. Lo que sí sabemos es que la paciencia excesiva que demostraron los gobiernos de los países industrializados respecto del régimen autoritario de México se está acabando.

Durante décadas, las organizaciones cívicas dedicadas a velar por los derechos humanos, en particular la benemérita Am- nistía Internacional, expresaron su preocupación por la existencia de graves atentados contra los mexicanos, particularmente miembros de las comunidades rurales, los grupos indígenas y los opositores.

Cada temporada el mundo recibía una ración de noticias sobre homicidios perpetrados por civiles armados que actuaban en colaboración con fuerzas de seguridad, con el consentimiento de las autoridades locales o con la culpable negligencia de éstas.

También se sabía de secuestros de grupos políticos de oposición, de torturas y malos tratos utilizados para obtener ``confesiones''. Se reportaba a muchos presos que se encontraban recluidos a consecuencia de actividades políticas no violentas.

En México el control gubernamental sobre la prensa impidió hasta 1994 que se conocieran a detalle los hechos. Pero los mexicanos éramos conscientes de que las disputas sobre tenencia de tierras y el crecimiento de oposiciones en las zonas rurales estaban provocando reacciones furiosas de los grupos de interés y de las autoridades.

Entre 1988 y 1994 fueron reportados casi 500 homicidios contra miembros del PRD, que nunca se investigaron.

Académicos, abogados, investigadores, miembros del clero, sindicalistas, organizaciones campesinas, partidos políticos de todas partes del mundo expresaban sus condenas respecto del gobierno mexicano. Amnistía Internacional y otras organizaciones enviaron a los presidentes Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas memorandos en donde se expresaban denuncias de graves abusos en los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, en las Huastecas de Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí.

El gobierno de Salinas respondió creando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eficaz pero controlada por él. Los asesinatos, secuestros y torturas siguieron.

A pesar de todos los reclamos, los gobiernos de Estados Unidos y de Europa no hicieron una presión eficaz sobre el gobierno mexicano para que garantizara nuestros derechos esenciales, a pesar de que tenían medios más que suficientes para inducir cambios. El grado de endeudamiento y de dependencia política, económica y militar de nuestro país frente a Estados Unidos se fue extremando. Hubiera bastado una decisión consistente de los gobiernos de los señores Reagan y Bush para que México empezara su transición a la democracia hace 20 años. Hoy las cosas están cambiando.

Las potencias industriales parece que ya no le tienen paciencia al gobierno mexicano. En un mensaje de dureza inusitada, el gobierno de Estados Unidos urgió al de México para que investigara la matanza de Chenalhó. Con estridencia insólita, el vocero estadunidense dijo:

``Esto es algo horroroso y nuestro gobierno urge al de México para que investigue con rapidez y por completo lo que ocurrió, y para que garantice una adecuada protección de los ciudadanos de esta región''.

Como suele suceder, la líneas del gobierno estadunidense fueron repercutidas de inmediato por muchos de los grandes líderes de la Unión Europea, por el secretario general de las Naciones Unidas, por una gran variedad de organismos no gubernamentales de derechos humanos y por la gran prensa de Estados Unidos. El New York Times destacó en primera plana la matanza con una foto conmovedora de un indígena que lleva en brazos a su hijo baleado.

El gobierno de México manifestó que ``no aceptaba injerencias del exterior en el caso del asesinato de los indígenas, y que rechazaba cualquier manifestación de los gobernantes extranjeros y de los organismos internacionales para inducir a las autoridades mexicanas para que tomen decisiones al respecto''.

La Cancillería no parece estar dispuesta a tomar en cuenta las presiones abiertas cuando se refieren a los derechos humanos. Sin embargo, el gobierno de México se ha plegado cada vez más a la línea de política económica trazada desde fuera. Son los centros de decisión foránea los que han determinado que una política antipopular continúe en México, a pesar de los daños que está causando y de que incrementa las posibilidades de un estallido social.

La indignación del señor Clinton y de sus colegas parece ser sincera. Pero el cambio de actitud respecto de los problemas políticos de México podría tener otra explicación. Nuestros vecinos, aliados, clientes y proveedores y nuestros acreedores ya no pueden darse el lujo de mantener su aval al sistema autoritario en México.

Los intereses que ese sistema benefició ahora empiezan a sentirse amenazados. Son estas razones estrictamente pragmáticas las que parecen determinar el agotamiento de la paciencia de la comunidad internacional frente a la situación de los derechos políticos y humanos de los mexicanos.

(Por vacaciones, los dejo descansar hasta el 10 de enero. Conversaremos sobre vaticinios de 1998.)