Militarización excesiva en Chenalhó, señala el presidente de la Cocopa

Juan Balboa, corresponsal, comunidad de Acteal, municipio de Polhó, Chis., 28 de diciembre Ť El presidente de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), Carlos Payán Velver, aseguró que en Chiapas existen regiones ``sobrecalentadas'', se vive ``desolación y muerte'', y hay ``impunidad'' por falta de gobernabilidad.

En un recorrido que realizaron los legisladores -que por momentos fue desorganizado premeditadamente por los diputados del PRI (federales y locales) chiapanecos cercanos al gobernador sustituto Julio César Ruiz Ferro-, los nuevos integrantes de la Cocopa cumplieron su primera gira por Chiapas con una parada luctuosa frente a la tumba en la que reposan los 45 tzotziles masacrados por un grupo de paramilitares priístas el pasado 22 de diciembre.

Payán Velver se opuso a la militarización de las regiones indígenas de Chiapas y dijo que la actual presencia del Ejército en Chenalhó, después de la masacre, ``es excesiva''. Durante el recorrido de casi cinco horas por tres comunidades (priístas y zapatistas) de Chenalhó, los legisladores fueron testigos de los diez nuevos puestos instalados recientemente por el Ejército Mexicano.

La preocupación se fundamenta en que, con los diez campamentos del Ejército Mexicano y de la policía estatal instalados hasta la fecha en Chenalhó, suman cerca de 212 los puntos de la geografía chiapaneca en donde hay presencia militar y policiaca.

``Aquí hay una guerra sorda que anda funcionando en todas la regiones (de Chiapas). Hay mucha impunidad y en muchas partes de Chiapas no hay control. Los asesinos en el estado nunca son detenidos, es una barbaridad lo que pasa'', dijo, y luego remató: ``Esta región no había tenido otro momento más desolador que éste''.

Entrevistado durante el recorrido por Acteal, Pechiquil y Polhó, Payán Velver explicó que la situación actual del gobernador Julio César Ruiz Ferro se encuentra en el caso de una renuncia, ``que podría acelerar las cosas'', o se puede estar en el caso de ``disolución de los poderes'', si la hipótesis de la ingobernabilidad se demuestra.

El presidente de la Cocopa explicó a los periodistas que los legisladores podrían aportar datos que hagan subir el piso de detención de los responsables (materiales e intelectuales), y señaló que la tarea más importante del organismo en estos momentos es establecer vínculos para que los desplazados aminoren su sufrimiento.

En Pechiquil, denuncias contra zapatistas

El logotipo del PRI estaba pintado -con gis o simple carbón- en todas las casas de Pechiquil. Desde noviembre pasado se volvió como una autorización para transitar sin riesgo e identificar a los zapatistas y miembros de la sociedad civil Las Abejas. En todo el poblado, los legisladores fueron testigos de las casas con salvoconductos, y escucharon la narración de Agustín Jiménez Pérez sobre ``la barbarie de los zapatistas''.

Agustín Jiménez Pérez, uno de los priísta s encargados de informar a los legisladores de la situación en Pechiquil, repitió el argumento de que los ``enfrentamientos'' se debían principalmente a la disputa de un banco de arena de Majomut.

Recuerda que varios cientos de familias decidieron irse ``por su propia voluntad'' a refugiarse al poblado de Polhó. Acusó a la ``prensa zapatista'' y a ``los de derechos humanos'' de incitar a la gente a abandonar la comunidad. Sin mencionar que la caravana fue encabezada por la Cruz Roja, aseguró a los legisladores que los de derechos humanos y los zapatistas entraron ``sin permiso a su casa'' a agarrar a sus mujeres -``que no querían ir''- y, ``sin permiso'', los zapatistas y miembros de la sociedad civil arrebataron de la mano a sus hijos, ``que tampoco se querían ir''.

Cuando presentaron a dos viudas de priístas que ``fueron masacrados y descuartizados por zapatistas'', un hombre que había guardado silencio durante la entrevista con los legisladores de la Cocopa no se aguantó:

``La verdad es que la gente de Los Chorros se organizaron para vengar a los priístas. Habían muerto trece priístas, el último fue Agustín Vázquez Secun.

``Supimos que ese grupo fue preparado con armas; que se hicieron justicia con su propia mano. Yo creo que el grupo de priístas de la matanza (la masacre) es por pura venganza'', precisa Manuel Pérez Arias, pastor presbiteriano.

En el camino entre el poblado priísta de Pechiquil y el poblado zapatista de Polhó, los senadores y los diputados vieron las ocho casas quemadas de Zacalucum, de donde son originarios los masacrados de Acteal.

En Polhó, detenciones y protagonismos de priístas chiapanecos

Mireille Roccatti, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se encontraba desde hacía varios minutos en la entrada de Polhó. Los legisladores de la Cocopa la encontraron ahí sin poder dar un paso. A su lado, una fila de automóviles paralizados por un retén instalado por los simpatizantes zapatistas, cuyo objetivo era la supervisión y detención de los priístas involucrados en la organización de los paramilitares y los responsables de la masacre del 22 de diciembre.

En el momento que arribaba (11:50 horas) a Polhó el convoy de legisladores de la Cocopa, con una docena de hombres de seguridad, los simpatizantes del EZLN detenían a Agustín Gómez Pérez, habitante de Canolal, quien mostró una identificación que lo acreditaba como agente vial de San Cristóbal de las Casas, firmada por el presidente municipal Rolando Villafuerte Aguilar.

Lorenzo Pérez Vázquez y Antonio Santiz, ambos de la comunidad de La Esperanza, esban detenidos en uno de los salones de la escuela de Polhó. El pastor evangélico de Pechiquil, Manuel Pérez Arias, quien había dialogado minutos antes con la Cocopa, fue detenido también en la carretera, acusado de apoyar a los grupos armados.

Este último fue liberado media hora después, a petición y ``responsabilidad'' del senador priísta Pablo Salazar Mendiguchía. Los otros tres fueron entregados por la tarde a la Procuraduría General de la República, que habrá de realizar las investigaciones pertinentes.

El desliz fue el pretexto para que los diputados priístas (federales y locales) chiapanecos cercanos al gobernador sustituto Julio César Ruiz Ferro se opusieran a ``avalar'' los presuntos actos ilegales de detención que realizaban los zapatistas, y se negaran a escuchar a los desplazados.

Sin mirar a los zapatistas, abandonaron Polhó Roberto Albores Guillén, diputado federal nacido en Comitán y uno de los candidatos gubernamentales para suceder a Julio César Ruiz Ferro; Carlos Alonso Hernández, diputado local, y Roberto Fuentes Domínguez, ex presidente municipal de Comitán y representante del gobierno estatal ante la Cocopa.