En la semana transcurrida desde la matanza perpetrada en Acteal, el 22 de diciembre pasado, han salido a la luz informaciones que fundamentan las denuncias sobre la participación y la responsabilidad de autoridades municipales y estatales en ese crimen vergonzoso, amén de que la propia actitud de las dependencias federales ha evidenciado un designio por minimizarlo y distorsionarlo.

La detención del presidente municipal de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz, por su presunta intervención en la matanza de indígenas desarmados e indefensos; los señalamientos sobre la participación del secretario general de Gobierno de la entidad, Homero Tovilla Cristiani -quien según informaciones conocidas ayer está retenido desde el día 23 en el palacio de gobierno de Tuxtla Gutiérrez-, y del subsecretario Uriel Jarquín, en un intento por ``limpiar'' el escenario del crimen; la sistemática indolencia de las autoridades de todos los niveles ante los señalamientos sobre la gravedad de la situación en la zona, formulados en los meses y semanas anteriores al crimen por organizaciones no gubernamentales, la Cocopa y la Conai, partidos políticos y diversos medios de información; la sospechosa inacción de los efectivos militares y la seguridad pública estatal ante la presencia inocultable e impune de grupos para- militares oficialistas en diversos municipios chiapanecos, incluido Chenalhó; el inexplicable robo -cometido horas antes de que empezara la operación de exterminio en Acteal- del equipo de radiotransmisión de la Cruz Roja Mexicana, el cual estaba instalado en el vigiladísimo cerro de Tzontehuitz, en donde hay también antenas de la Secretaría de Defensa y de la PGR; todos estos datos indican, en suma, que el asesinato masivo fue un acto concebido, diseñado y ordenado desde instancias del poder público y, especialmente, del gobierno que preside Julio César Ruiz Ferro.

A estas gravísimas sospechas debe agregarse el hecho de que tal gobierno, por determinación o por ineptitud, ha sido y sigue siendo incapaz de garantizar la seguridad y la vida de miles de ciudadanos. En Chiapas, el problema de los desplazados y refugiados ha desbordado las fronteras de la entidad y ha sobrepasado los grados más intolerables de sufrimiento humano. En los que constituyen nuevos e indignantes indicadores de la ausencia de legalidad en que se encuentra sumido ese estado, durante toda la semana pasada grupos paramilitares emparentados con los que actuaron en Ac- teal mantuvieron cercada la comunidad de X'Cumumal, sin que las fuerzas de Seguridad Pública de la entidad ni las fuerzas armadas hicieran nada para evitarlo, en tanto que el sábado pasado se descubrió que cerca de 400 personas habían sido secuestradas y mantenidas en un estado de virtual esclavitud en las localidades de Los Chorros y Pechiquil, bastiones de las bandas armadas de filiación priísta.

Este panorama de descontrol, descomposición y ausencia de un estado de derecho, así como la presumible responsabilidad de funcionarios públicos estatales en los sucesos de Acteal, justifican plenamente que se declare formalmente la desaparición de unos poderes públicos que desde hace mucho tiempo son inexistentes, en los hechos, en todo lo que concierne a la seguridad y el bienestar de la población, y que actúan sólo para perpetuar las estructuras oligárquicas, la represión, la opresión política y la marginación que padecen muchos miles de indígenas, perseguidos y exterminados en su propia patria.