Si nos atenemos al cúmulo de declaraciones formuladas los últimos

días por diversas instancias oficiales y por el PRI, el genocidio de Chena-lhó es obra del tiempo, no de quienes ahora son señalados por la opinión pública nacional e internacional como culpables por acción y por omisión. A la orden de ``tapen, tapen'', todos a una han dedicado sus esfuerzos a convencernos de que los problemas sociales, económicos, políticos, de violencia y ecocidio en Chiapas son ancestrales y tienen que ver con el control y el ejercicio del poder; con rivalidades familiares y religiosas. La causa no está, así, en el pasado reciente, sino que data, por lo menos, desde Caín y Abel, para coincidir con las sesudas investigaciones antropológicas del procurador Madrazo.

Flaca memoria la de los declarantes y la de una que otra pluma oficial que ahora busca culpar del crimen a los que siempre denunciaron lo que sucedía en el norte de Chiapas. Basta releer la prensa de este año para darse cuenta de las constantes llamadas de atención de diversas organizaciones sociales, religiosas y políticas en el sentido de que en dicha entidad se iba a un estado de guerra no declarado. Como prueba, abundaron las denuncias sobre la formación de grupos paramilitares cobijados por el PRI y por el gobierno local. Este año esos grupos, y muy destacadamente el de Paz y Justicia, actuaron violentamente, a la vista de todos, y provocaron el éxodo de miles de familias. En vez de contenerlos, las instancias oficiales les dieron apoyo para sus tareas ``productivas'' y ``sociales'', mientras el PRI les brindó respaldo político.

Ante la masacre que no alcanzaron a ocultar, hoy la opinión pública se pregunta, por ejemplo, ¿en qué labores consumían su tiempo miles de soldados que no se dieron cuenta del tráfico de armas de uso exclusivo del Ejército, ni de la formación de grupos paramilitares que las usaban para agredir comunidades? ¿En qué andaban los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad, y destacadamente el responsable de la política interior del país, el secretario de Gobernación, que no intervinieron para evitar lo que ahora tanto dicen lamentar? ¿Por qué no investigaron las numerosas denuncias de que en el norte de Chiapas se integraban grupos paramilitares que recibían entrenamiento de ex integrantes del Ejército y de las policías estatales? ¿Es cierto que no pocos recursos para asegurarles base social a los violentos provenían del presupuesto federal, encubiertos como apoyo social y productivo?

Algunas más: ¿por qué las tantas fuerzas responsables de garantizar la paz pública no actuaron para evitar el genocidio que hoy avergüenza a la nación? ¿Es verdad que, al saberse lo que estaba ocurriendo en Acteal, partieron de Tuxtla Gutiérrez varios helicópteros con personal militar y de la Judicial del estado, pero que nada hicieron para evitar la masacre? ¿Será posible que, en cambio, trataron de borrar las evidencias de la misma? Ante las escenas de miseria que entraron a nuestras casas gracias al programa de Ricardo Rocha y a los reportajes recientes, ¿en qué se invirtieron los millones de pesos que, dicen las autoridades, se han dedicado a combatir la pobreza indígena?

Como respuesta, se nos dice que el gobierno nunca auspició actos ilegales, que las protestas de gobiernos y organismos internacionales son ``inaceptables actos de injerencia''; se pide ``sensatez y prudencia'' al EZLN porque, por enésima ocasión, denunció el espectro de guerra que el gobierno estaba preparando para acabar con ``el problema'' indígena. Por su parte, el líder del PRI señala que lo sucedido ``no es una disputa entre partidos, sino de problemas sociales, de identificaciones más profundas'', para enseguida asegurar que el partido gubernamental ``no solapa ni protege, no elude el ejercicio de la ley, por lo tanto es indispensable que se investigue''. Y que será la Comisión de Honor y Justicia del PRI la que en su momento actúe, de ``demostrarse que existen vicios, miembros que se hubieran desviado''.

Todo indica entonces que, como en Aguas Blancas y en otros trágicos sucesos en los que se prometió aplicar la ley sin distingos (en caso de haber culpables), se consignará a los indígenas que dispararon sobre sus hermanos indefensos y los remataron sin piedad a machetazos, a la par que renuncian dos o tres funcionarios menores. Pero los Figueroa de Chiapas y de la ciudad de México (así como los de Guerrero) seguirán actuando con la mayor impunidad. Y quedarán libres de culpa quienes los protegen por motivos inconfesables. Otra vez, nadie estará por encima de la ley.

Sólo los poderosos que gobiernan la política y la economía.