El gabinete de Seguridad informó a Zedillo de avances en la investigación

La Presidencia de la República hizo ayer un exhorto a los partidos, líderes políticos, organizaciones sociales, autoridades religiosas y a las partes interesadas en alcanzar la paz y el progreso en Chiapas para que actúen con responsabilidad, solidaridad y ánimo constructivo y consideración al trabajo de las instituciones que buscan hacer justicia en el caso de los 45 indígenas asesinados en Acteal.

Después de una reunión con su gabinete de seguridad -la tercera desde el 22 de diciembre-, el jefe del Ejecutivo manifestó que el gobierno federal aplicará todos los recursos a su disposición para lograr el cabal esclarecimiento del homicidio colectivo, el castigo a los responsables y el restablecimiento del estado de derecho y la tranquilidad en todo Chiapas.

Los titulares de Gobernación, Emilio Chuayffet; de la Defensa Nacional, general Enrique Cervantes Aguirre, y el procurador general de la República, Jorge Madrazo, acudieron a Los Pinos la tarde de este domingo para rendir sus respectivos informes sobre las investigaciones y las acciones desplegadas en Chenalhó.

De acuerdo con información de Comunicación Social, la sesión de trabajo comenzó cerca de las 18 horas y duró poco más de media hora.

En un comunicado, la Presidencia de la República recordó que el jefe del Ejecutivo giró instrucciones para que las distintas dependencias federales tomaran todas las medidas para detener y solicitar el ejercicio de la acción penal contra las personas que participaron en la planeación y ejecución del crimen el 22 de diciembre en Acteal.

Chuayffet informó al Ejecutivo sobre las acciones de coordinación de esa dependencia con la Sedena, la PGR y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y de los esfuerzos para mantener informada a la opinión pública.

Madrazo dio a conocer que la PGR designó a un grupo especial de ocho agentes del Ministerio Público Federal, siete peritos en balística, medicina forense y criminalística y 40 elementos de la Policía Judicial Federal, encabezados por el subprocurador de Averiguaciones Previas, Everardo Moreno, para realizar las pesquisas correspondientes.

De manera pormenorizada, detalló las acciones tomadas desde el 23 de diciembre: la realización de las necropsias, levantamiento de declaraciones, identificación de las armas de fuego y el ejercicio de la acción penal contra los presuntos responsables. Hasta ahora, la PGR ha consignado a 40 adultos y a tres menores de edad. Los últimos fueron puestos a disposición del Consejo Tutelar.

``La PGR trabaja en la ubicación de las armas que se emplearon para perpetrar los crímenes; en la ubicación de los uniformes que utilizaron los homicidas; en la búsqueda y, en su caso, detención de otros presuntos responsables de los hechos.

``El Ministerio Público de la Federación continúa su investigación sobre la actitud asumida por los cuerpos de seguridad pública de la entidad respecto de los hechos del 22 de diciembre'', señaló.

Según versiones de testigos y habitantes de Chenalhó, los cuerpos de seguridad estatal intentaron ocultar los cuerpos de los indígenas asesinados.

Por separado, el titular de la Sedena reportó al Presidente que han desplazado tropas destacamentadas en la séptima Región Militar a Chenalhó para realizar ta-reas de protección a las comunidades, personas y propiedades.

El personal militar apoyó con transporte y brindó seguridad a la PGR en el traslado de 340 personas de Los Chorros a Polhó. Adicionalmente, estableció 20 grupos de labor social para brindar atención sanitaria y otras acciones, continuó.

La Presidencia explicó que las fuerzas armadas continúan con la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con lo cual decomisaron un rifle de asalto AK-47 y tres paquetes con 10 mil 553 cartuchos de diversos calibres.

``La Sedena informó asimismo sobre la existencia de grupos de personas que se dicen bases de apoyo del EZLN que no han acudido a los servicios sociales prestados, y que insisten en desplazarse voluntariamente de sus comunidades exponiéndose en parajes de difícil acceso en los que se dificulta su protección'', añadió.

Posteriormente, el Presidente reiteró su instrucción de aplicar todos los recursos federales para lograr el esclarecimiento de los hechos, el castigo a los responsables del crimen y el restablecimiento del estado de derecho y la tranquilidad en todo el territorio chiapaneco. (David Aponte)