Recibió la CIDH un informe de cancillería sobre acciones tomadas

David Aponte Ť El gobierno de México informó ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de las acciones que ha tomado para esclarecer el homicidio colectivo registrado en Acteal, Chiapas, atender a los deudos y brindar protección a las comunidades desplazadas por el conflicto, informó anoche la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En una misiva enviada a Washington, señaló que ``existe una indeclinable decisión del gobierno de la República para esclarecer los deplorables acontecimientos y castigar con todo el peso de la ley a los responsables tanto materiales como intelectuales del crimen''.

De conformidad con los compromisos internacionales, expuso que las autoridades mexicanas le harán llegar a la CIDH los reportes de las acciones para prevenir la repetición de acontecimientos de esta naturaleza y de los resultados de las pesquisas.

Por la mañana, un funcionario de la SRE comentó que el gobierno mexicano también entrará en contacto con diplomáticos de la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea con el propósito de tratar el caso.

``Independientemente de las peticiones de organismos internacionales sobre la situación en Chiapas, el gobierno mexicano ha tomado las medidas necesarias para resolver el conflicto, que únicamente y exclusivamente corresponde a las autoridades de nuestro país'', indicó.

Las dependencias del Ejecutivo federal proseguirán con las acciones de investigación del asesinato de 45 indígenas en el municipio de Chenalhó, de aplicación de la justicia a los responsables materiales e intelectuales, y de ayuda y atención a los deudos y desplazados, expuso.

En el curso de la semana, la CIDH dio al gobierno de México un plazo de seis meses para que tomara medidas precautorias con el propósito de asegurar la integridad de los sobrevivientes de la masacre de Acteal, y evitar nuevos hechos de violencia en la región. Además, solicitó que adoptara las acciones necesarias para la atención y protección de las comunidades desplazadas por el conflicto.

El organismo pidió que las autoridades mexicanas proporcionaran atención médica a los sobrevivientes del ataque y a los desplazados, con las debidas garantías de seguridad física, con base en el artículo 29 del reglamento interno de la CIDH.

En la residencia oficial de Los Pinos se informó ayer que el presidente Ernesto Zedillo giró instrucciones para que las dependencias correspondientes atiendan a los desplazados con el suministro de alimentos y medicamentos, sin escatimar recursos. Incluso, se mencionó que buscarán sitios seguros para las personas que abandonaron sus lugares de origen.

A partir del 24 de diciembre, la Presidencia de la República tenía 15 días para ofrecer información de los avances de las ``medidas cautelares'' formuladas por la CIDH, organismo de defensa y promoción de los derechos humanos dependiente de la Organización de Estados Americanos.

Consultado acerca del emplazamiento de la CIDH, un funcionario de la SRE aseguró que la parte mexicana daría una respuesta puntual al organismo internacional a la brevedad posible.

La cancillería ofrecerá información de las investigaciones y de las acciones tomadas. De hecho, ya ha enviado reportes oficiales y de los medios de comunicación a los organismos internacionales interesados en el caso, a través de las embajadas y los consulados, explicó.

Por la noche, la SRE dio a conocer que la parte mexicana ya había enviado una carta a la CIDH para ofrecer los reportes de las acciones tomadas en relación con los acontecimientos registrados el 22 de diciembre en el municipio de Chenalhó.

Entre los reportes proporcionados a la CIDH, destacó la detención de 40 personas, de las cuales 16 han recibido auto de formal prisión, y que la Procuraduría General de la República avanza en las investigaciones para detener a todos los autores materiales e intelectuales.

La cancillería explicó que la autoridad federal ha proporcionado atención médica a los sobrevivientes del crimen, con las máximas garantías para salvaguardar su integridad física. Las personas están bajo protección federal y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

``Se han tomado múltiples acciones por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la PGR con el fin de prevenir la repetición de acontecimientos de esta naturaleza, y se actúa firmemente en la atención de las necesidades de los desplazados de la región, a través de diversos grupos de labor social que han suministrado víveres, atención médica, educación sanitaria, y realizado diversos trabajos de construcción y reparación de instalaciones para los afectados'', señaló.

La SRE agregó que el gobierno federal ha tomado la determinación de promover un ambiente de entendimiento y conciliación, con base en soluciones de carácter político, para resolver las diferencias que privan en la región y encontrar fórmulas que permitan una reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas.

En resumen, el gobierno federal busca la participación de instancias como las comisiones Nacional de Intermediación y de Concordia y Pacificación para establecer ``las vías que permitan la pronta reanudación de las negociaciones para alcanzar la solución definitiva de las situaciones pendientes en Chiapas'', concluyó.

Por otra parte, el gobierno mexicano analiza la posibilidad de aceptar la jurisdicción de la CIDH, según informó la SRE.